Tiempo de lectura: 5 minutos

Esta semana tuvo lugar un gran debate en redes sociales por reciente sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, del 13 de abril de 2021, en la sentencia rad. 110016500192201706080-01, donde se reconoció exceso en la legítima defensa en un delito de violencia intrafamiliar.

Creo que nadie pone en duda que la legítima defensa es viable para proteger el derecho a la intimidad, el tema que creo que generó controversia es si, en el contexto de las relaciones de pareja, y las dinámicas propias reconocidas sobre las relaciones desiguales de poder en la familia, se pueda aceptar la violencia como un medio para proteger la intimidad ante la inminente revisión del contenido del celular. Otros elementos como la necesidad de la reacción o la proporcionalidad fueron igualmente, aspectos de debate en la sentencia.

Pero, algo que parece pasó desapercibido y que quiero abordar en esta columna fue la especial atención que mereció para la Corporación el último acto de agresión, y como a mi modo de ver, faltó suficiente argumentación a la hora de descartar el contexto violento relatado por la víctima, que ciertamente podría brindar más elementos para el estudio, no solo de la legitima defensa reconocida, sino para aspectos de dosificación punitiva.

Sin conocer el expediente, es claro que no es mi intención afirmar o descartar la existencia del maltrato previo, solo analizo los argumentos expuestos en la decisión para descartarlo o darlo por no probado, pues la motivación de la sentencia es la manera en que los jueces exponen los razonamientos que llevan a tomar determinada decisión, y por ello es barómetro con el cual se podría revisar la corrección de la decisión.

Ahora bien, mi objetivo no es tan ambicioso como determinar si la decisión del Tribunal estuvo o no ajustada, pero si quiero dejar planteadas algunos interrogantes que surgen del análisis de los argumentos dados, para descartar la violencia previa que fue expuesta por la víctima.

La victima según lo relatado por el Tribunal, afirmó que: “durante los 18 años de convivencia había sufrido diferentes episodios de maltrato” los cuales al parecer, estaban documentados  por dos psicólogas que incluso determinaron un daño psicológico, que, dice el Tribunal es “aparente” sin que se especifique porque se descalifica de entrada lo afirmado por las profesionales, y con fundamento en que, el joven hijo, en común había afirmado que el día de los hechos no vio la lesión ocasionada a la progenitora.

Nótese entonces que el menor, según lo cuenta el Tribunal, se refirió solo a lo acaecido el día de los hechos, no frente al maltrato anterior denunciado por la víctima, luego su dicho no podía descartar o confirmar la ocurrencia de episodios de maltrato anterior.

Lo atestiguado por las psicólogas, quienes al parecer determinaron un daño psicológico derivado de lo sufrido en su relación de pareja con el imputado, fue descartado por el Tribunal, bajo el argumento que: “dentro del expediente no hay prueba alguna de agresiones anteriores, diferente a lo dicho por la víctima, es decir, no existen denuncias, tampoco solicitudes de medidas de protección ante la comisaria de familia o el bienestar familiar, dictámenes de lesiones o algún otro testigo que confirmara sus dichos.” Esto último parece contener un sesgo frente a lo que es ser una “buena victima” que denuncia oportunamente a su agresor, y deja otra inquietud, ¿verdaderamente no existían denuncias anteriores, o simplemente no se aportaron o la víctima no fue interrogada sobre su existencia?

La valoración de la prueba pericial aquí, en mi parecer, no se realizó con el rigor que merecía, pues era un elemento que podría servir como corroboración del dicho de la víctima, en razón a que, la existencia del daño psicológico a raíz de la violencia sufrida durante años de relación podría no solo descartar la legitima defensa aludida, sino demostrar la existencia del agravante punitivo del delito en razón a que el sujeto pasivo del ilícito era mujer, y el maltrato tuvo origen en motivos de género.

Recuérdese que, como lo ha indicado la Corte Suprema (rad. 50587), la prohibición de condenar con prueba de referencia puede ser superada mediante prueba ratificatoria directa, indirecta o de corroboración periférica con el uso de la prueba pericial, cuanto más podría ser su utilidad si hablamos de la existencia de un testimonio directo como es el de la víctima.

Entonces, mayor valoración merecían los dichos de las psicólogas, ya fuera para descartar o corroborar la existencia de los actos violentos previos, y no simplemente referir su imposibilidad de probar la comisión del hecho sin mayores disquisiciones.

No estoy diciendo que la valoración con enfoque de género implique darle credibilidad a la víctima y a las psicólogas con merma en los derechos del procesado, solo que, en el presente asunto, no se ofreció una valoración individual minuciosa de dichos elementos, y queda la pregunta de ¿cuáles fueron los criterios para descartar las conclusiones de las profesionales? pues los argumentos ofrecidos no parecen suficientes para desvirtuar sus conclusiones.

Por tanto, no se trata de decir que las psicólogas tienen la última palabra, o que estaba plenamente demostrado, pues el Tribunal no advierte las reglas o principios científicos usados por aquellas, y el nivel de probabilidad de sus conclusiones, evaluación que debió realizarse para efectuar una valoración individual del medio suasorio que permitiera asignarle un peso dentro del razonamiento probatorio en conjunto, como lo dice la Corte Suprema “al momento de la valoración probatoria, la perspectiva de género no puede aportar ninguna especificidad, aparte, claro está, de permitir la adopción de un razonamiento probatorio libre de sesgos cognitivos o de prejuicios de género, lo que de hecho es bien importante en aras de preservar los derechos de la mujer.”

Así mismo reconoce el Alto Tribunal de cierre que, la perspectiva de género “debe permitir en el juicio del fallador la adecuada contextualización de los hechos, a partir de la misma prueba, que posibilite advertir patrones de desigualdad de poder y escenarios de subordinación en la ejecución de los actos de agresión que puedan resultar jurídicamente relevantes”. En todo caso, se deja claro que no se trata de reducir el estándar probatorio, invertir la carga de la prueba o desconocer la presunción de inocencia que cobija al procesado.

Si miramos en el contexto en que se dan los casos de violencia intrafamiliar, en gran número de veces, es difícil encontrar testigos presenciales de las agresiones, pues el maltratador, no solo ejecuta estos actos en privado, sino que corta en ocasiones los vínculos externos de la víctima, aunado a que, la violencia no solo se ejerce a través de golpes que puedan ser documentados clínicamente, sino que, puede ser psicológica, moral, o económica, la cual no contará con  mayor corroboración que la de las secuelas a nivel psicológico.

Claramente, la hipótesis de la víctima como única testigo del hecho, es bastante controversial, pero no de entrada puede descartarse la comprobación del hecho bajo la máxima “testis unus testis nullus” o testigo único testigo nulo”, pues no en pocos casos, puede ser que, en efecto, sea el único testigo presencial del hecho, como ocurre en delitos sexuales, por lo que debe analizarse el dicho de la víctima bajo la visión racionalista, que el testimonio sea coherente y tenga corroboración, pues de no hacerlo así, se podría incurrir, como lo dice Nieva Fenoll (2010) en una peligrosísima impunidad en aquellos casos de cometidos en clandestinidad.

Y esto, no solo sucede en delitos relacionados con violencia de género, en delitos como concusión, la Corte Suprema rad. 48217, se ha referido al testigo único, víctima, que no puede ser descartado como si de un sistema tarifario se tratase, sino que, la veracidad depende de: “las condiciones personales, facultades superiores de aprehensión, recordación y evocación de la persona, de su ausencia de intereses en el proceso o circunstancias que afecten su imparcialidad, de las cuales se pueda establecer la correspondencia de su relato con la verdad de lo acontecido, (…).” Valoración que no se advierte en las argumentaciones ofrecidas por el Tribunal para tener por no acontecido lo relatado por la denunciante.

En conclusión, considero que no se exponen suficientes razones para descartar lo denunciado por la victima sobre el maltrato anterior, no se expresó el criterio valorativo que se tuvo en cuenta, no solo frente al relato de la víctima, sino el de las psicólogas para descartar los episodios antes del que originó la denuncia, pues de haberse demostrado que la violencia intrafamiliar tuvo lugar a lo largo de varios años, la existencia del exceso en la legitima defensa en uno de los episodios no tendría las consecuencias punitivas que tuvo.

Bibliografía

CSJ, Sala de Casación Penal, Sentencia 19 de agosto de 2020. Rad. 48214
CSJ, Sala de Casación Penal, Sentencia 02 de septiembre de 2020. Rad. 50587
Nieva Fenoll, Jordi, La valoración de la prueba, Marcial Pons 2010 Pag. 250
Tribunal Superior de Bogotá. Sentencia 13 de abril de 2021. Rad. 110016500192201706080-01

Comments (2)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *