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Es innegable que la idea de un jurado de conciencia seduce. Pareciera que cuando una persona opta por estudiar derecho, la primera aproximación que tiene es la del área penal y, de manera más específica, la que el cine americano ha forjado en el ideario colectivo, en donde un elegante y fluido letrado se dirige con solvencia y confianza a los juzgadores, mira desafiante a su contraparte, en el contrainterrogatorio hace la pregunta precisa para desestabilizar al testigo de cargo, alega de conclusión logrando asomar una o varias lágrimas en algún miembro del jurado y, contra todos los pronósticos, gana el caso.

Tal panorámica se desvanece cuando en el consultorio jurídico se asiste a las fiscalías locales o una vez se atraviesan las puertas de lo que algún ciudadano, excesivamente bondadoso, bautizó como ‘complejo judicial’ de Paloquemao; aquel lugar en el que las imágenes del cine americano se disipan dando paso a las escenas del juzgado de instrucción que magistralmente Kafka describió en su obra El proceso. Ya no hay retórica, ni jurado, tal vez por allí solo transite una que otra lágrima.

La institución del jurado de conciencia estuvo vigente por poco más de 140 años -desde mediados del siglo XIX, pasando por la Constitución de 1886 y hasta su desaparición definitiva en la Carta de 1991- y aun cuando el decreto 2700 de 1991 dejó abierta la posibilidad de los denominados ‘jurados de derecho’, conformados por ciudadanos con el título de abogado, la Corte Constitucional los desterró al concluir que existió una voluntad expresa del constituyente de prescindir de esta forma de participación popular en la justicia penal (C-226/1993).

Recientemente se han escuchado algunas voces que sugieren revivir el jurado de conciencia en Colombia, dado que mediante Acto Legislativo 03 del año 2002, preludio del sistema de ‘tendencia’ acusatoria, se incorporó la posibilidad de que los particulares impartan justicia en juicios penales. Desde ya anticipo que -insisto, a pesar de lo atractiva que pueda parecer la institución- no estimo conveniente implantar ese esquema actualmente en nuestro país. Cuatro razones, con las que se pretende fomentar el debate, me llevan a tal conclusión.

En primer lugar, y partiendo de una mirada al derecho internacional, se tiene que la jurisprudencia tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como del Tribunal de Estrasburgo (TEDH), aun cuando respetan la autonomía de los estados en la elección de su sistema de procedimiento penal y, por lo mismo, si se opta o no por implantar un esquema de jurados, han establecido los mínimos para que su incorporación sea respetuosa de los Derechos Humanos, lo cual acontece cuando se garantiza la confianza y el deber de motivación.

En cuanto a la confianza, se advierte la necesidad de introducir la audiencia de desinsaculación, conocida como voir dire, en donde las partes pueden interrogar a los potenciales integrantes del jurado, poner en duda su imparcialidad y solicitar su apartamiento. La base de esta prerrogativa es que el jurado no solo debe dar confianza a la sociedad en general, sino puntualmente a las partes que se confrontarán en causa criminal.

En lo que tiene que ver con el deber de motivación, se trata de una manifestación del debido proceso (Taxquet vs. Bélgica, TEDH) en tanto la exteriorización de las razones que llevaron al juzgador a adoptar una decisión guarda relación no solo con la presunción de inocencia, al conferir la posibilidad de conocer los fundamentos que la desvirtúan, sino de permitir un nuevo examen recurriendo a instancias superiores, con lo que se garantiza la prerrogativa de la doble conformidad, derecho de reciente reconocimiento y pendiente desarrollo en nuestro país.

Se plantea, en favor de los jurados, que siempre hay motivación pero que esta no se expresa, lo que, por enrostrar una violación al derecho de defensa, intenta paliarse con la adopción de algunas medidas como cuestionarios a los jurados en los que se resuelven los puntos fundamentales a resolver en el proceso (Panamá), la posibilidad de que el juez anule el veredicto de culpabilidad cuando resulte manifiestamente contrario a la prueba producida (Argentina), selección y veto de los jurados (voir dire), y facultad de indagar, luego de proferido el veredicto, sobre la efectiva unanimidad de la decisión (EEUU).

Con base en estos planteamientos, corresponde indagar si la adopción de estas medidas en nuestro país garantizarían el derecho a conocer la motivación de una condena, esto es, en términos de la Corte IDH, si permite comprender las razones del veredicto (V. R. P. vs Nicaragua) y con ello ampararse un debido proceso, atendiendo, además, el alcance que vía jurisprudencial se le ha dado al derecho a impugnar la sentencia condenatoria, en donde la Corte Constitucional ha dicho que la revisión del superior debe ser amplia, completa y exhaustiva (C-792/2014 et. al.).

En segundo lugar, el jurado de conciencia no resuelve problema alguno. No se conoce estudio indicativo de que los fallos en derecho estén presentando falencias que deban superarse con los veredictos en conciencia; no existe tampoco motivación que apunte a que se requiere de un juez de los hechos -y no del derecho- basado en la sana lógica e íntima convicción, que amerite desplazar un ponderado debate de carácter jurídico. Muy por el contrario, lo que sí se evidencia es la necesidad de fortalecer el mérito en la Rama Judicial, hasta la cúspide de la pirámide, pues nada más garantista, sobre todo en esta era de las redes sociales y la desinformación, que quien resuelva sobre la responsabilidad penal de una persona, sea un funcionario altamente capacitado, cuya formación le impida sucumbir a las presiones mediáticas de una sociedad ávida de más barrotes y menos garantías.

En tercer lugar, no pueden dejarse de lado los criterios de cultura jurídica y de adiestramiento profesional, de obligatorio análisis si se pretende reintroducir la figura del jurado. Anualmente, como una producción en masa, se gradúan cerca de catorce mil abogados, la preparación cada día es más precaria y los avances tecnológicos no solo nos han embrutecido, sino que amenazan con desplazarnos hasta en la función de administrar justicia. Creímos que con llamar ‘acusatorio’ a un sistema íbamos a aprender de elocuencia y retórica, pero la realidad demostró que terminamos absorbidos por una práctica perversa de absurda lectura. La práctica judicial en crisis.

De las cátedras de derecho penal desapareció esa costumbre -sembrada justamente por quienes sí ejercieron ante jurado de conciencia- de leer y discutir a Dostoievski, Shakespeare, Wilde, Kafka, Nietzsche o Foucault, entre otros muchos autores, cuyos contenidos, además de consolidar una adecuada solvencia profesional, ampliaban la visión del estudiante que se perfilaba como penalista y le permitía consolidar herramientas argumentativas para, de cara a persuadir y sensibilizar a un jurado, exponer cómo, en determinadas circunstancias, cualquier persona puede volverse un criminal.

Hoy día basta con asomarse a esa cloaca de las redes sociales y ver a los litigantes de Twitter para encontrar, por un lado, los que no respetan normas básicas de ortografía y gramática y, por otro, aquellos que creen que con el uso de palabras rebuscadas y pomposas, o echando mano de alguna cita descontextualizada, suplen las falencias jurídicas que saltan a flote no solo en cada trino que pronuncian para la galería, sino en los estrados judiciales donde ya no son tan locuaces, eruditos y exitosos como en redes.

Finalmente, porque cuando el jurado rigió en Colombia no fue ajeno a sólidas y fundadas críticas. Baste en este instante recordar que Hernando Devis Echandía lo calificó de ser una amenaza contra la democracia en la justicia, al exponerse la libertad de un ciudadano a la arbitrariedad de las personas. Y el Maestro Alfonso Reyes Echandía, al abogar precisamente por su abolición, cuestionó, entre otros puntos, la emotividad en la toma de decisiones, reflexionando que los jueces, aunque también fallan en conciencia, deben evaluar ponderadamente las pruebas.

Dr. Iur. Mauricio Cristancho Ariza. Abogado Penalista. @MCristanchoA

 

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