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Pareciera tremenda obviedad afirmar que un procesado tiene derecho a conocer y entender de qué se le acusa, no solo porque a partir de allí podrá perfilar adecuadamente su defensa, sino porque la eventual sentencia -condenatoria o absolutoria- deberá versar sobre tales tópicos. No obstante, la práctica judicial nos ha enseñado que no son pocos los fiscales que no saben, no entienden o sencillamente no les interesa hacer imputaciones claras o al menos acatando las directrices hasta ahora trazadas por la jurisprudencia.

Surge necesario abordar un tema que, aunque teóricamente parece diáfano, su aplicación reviste enorme complejidad; se alude a los denominados hechos jurídicamente relevantes (HJR). Preliminarmente debe señalarse que de acuerdo con el art. 250 de la Constitución, le corresponde a la Fiscalía General de la Nación (FGN) investigar ‘hechos’ que revistan las características de delito. Consecuencia de tal mandato, les incumbe a los fiscales de conocimiento adelantar el ‘juicio de imputación’, que no es cosa distinta que la prerrogativa de decidir si existe mérito para formular una imputación.

Adoptada la determinación de imputar, acto comunicacional que no tiene control judicial material, debe velarse por la claridad de los HJR; no en vano el artículo 288 de la ley adjetiva -contenido de la imputación- alude a ellos y, más adelante, el 337 -contenido de la acusación- los reitera, enfatizando en que deben relacionarse en lenguaje comprensible. Por su parte, la jurisprudencia los ha definido como ‘(…) aquellos que encajan o pueden ser subsumidos en las respectivas normas penales’ (51007); indicando al paso que ‘la relevancia jurídica del hecho está supeditada a su correspondencia con la norma penal’ (44599).

La jurisprudencia también se ha pronunciado sobre distintos escenarios en los que deben dejarse claros los HJR, como son, a guisa de ejemplo, la necesidad de puntualizar los presupuestos base de circunstancias específicas y genéricas de mayor punibilidad (25862, 48468), fundamentos fácticos de autoría y participación (52311), sustento del título de imputación subjetiva (52507, 57266) o concluir rotundamente que los cargos no pueden darse por sobreentendidos (45888).

Es decir, al menos desde una óptica teórica, es claro que un fiscal, al momento de formular una imputación, debería ser preciso en el juicio de tipicidad, esto es, indicar cuáles hechos, de manera específica, encuadran en los tipos penales a atribuir y, adicionalmente, debería también indicar los fundamentos de la forma de coparticipación, dolo o imprudencia, deber pretermitido en casos de omisión y todas aquellas circunstancias jurídicas que pretenda enrostrar.

La exigencia de esta claridad, que por demás fundamenta el principio de congruencia -que desde la óptica fáctica se ha considerado como inmodificable- autoriza a indagar por dos cuestiones; la primera, relacionada con determinar si los HJR son absolutamente intangibles y, la segunda, concretar cuál es -o debe ser- su control judicial. En relación con el primer interrogante, ha establecido la jurisprudencia que, atendiendo el carácter progresivo de la actuación, es posible que la premisa fáctica sea modificada, siempre que estas variaciones se consideren ‘detalles’ (C-025/2010).

Y en cuanto a los ‘detalles’, se ha matizado en que no se puede hablar de ellos cuando hay cambios factuales que conlleven a delito más grave o cuando, a pesar de que se varía a delito menor, hay afectación del núcleo fáctico de la imputación; en estos escenarios, entonces, debe procederse con la adición -ante juez de control de garantías-, la cual solo puede hacerse hasta antes de que se radique el correspondiente escrito de acusación (51689).

De cara a la segunda cuestión, se presenta un problema preliminar, pues deben ser armonizadas la prerrogativa del juicio de imputación, la regla general de inexistencia de un control material y la cualidad de que la imputación sea un mero acto de comunicación, todo mirado desde la excepcionalidad que ha trazado la jurisprudencia, cuando ha señalado la posibilidad de realizar ‘cierta forma’ de ‘control material’ cuando se transgrede ‘flagrantemente’ la legalidad, errores que, a modo enunciativo, podrían presentarse porque la premisa no corresponda con las normas elegidas o porque las normas invocadas no estén vigentes (56505, 45594, 52311).

Esta indeterminación ha conllevado a que muchos jueces de garantías, a pesar de que son jueces constitucionales, hayan preferido convertirse en auténticos convidados de piedra, absteniéndose de cualquier valoración, dando preponderancia a que se trata de un acto de comunicación. Tal vez por ello es por lo que, con razón, se ha afirmado la necesidad de eliminar la imputación -tal como acontece en el procedimiento abreviado- y que el proceso empiece con el traslado del escrito de acusación.

No obstante lo anterior, estimo que el papel del juez de control de garantías debería ir más allá de lo que hasta ahora viene desarrollando, optándose por uno de dos caminos; en primer lugar, y en un escenario similar al sistema de procedimiento penal anglosajón, podría legislarse en el sentido de concebirlo como un juez de la causa probable -por supuesto distinto al juez de conocimiento- en donde el fiscal le pone a su consideración los cargos que estima son suficientes para convocar a juicio, pudiendo este funcionario judicial, bajo ese estándar de conocimiento, estimar o desestimar la acusación.

En segundo lugar, vía jurisprudencial, y dada esa restricción que se les ha establecido sobre imposibilidad de control material, forzoso es delimitar hasta dónde va el control formal, el cual debería empezar con la verificación rigurosa del contenido de la imputación. En el fondo no sería cosa distinta que concluir que ese control formal incluye la claridad de los HJR -verificando evidentemente el juicio de tipicidad- y en caso de que la fiscalía no satisfaga esas mínimas exigencias, bien puede, inclusive, abstenerse de correr el traslado de la imputación.

Evidentemente son los fiscales los que deben ofrecer la mayor claridad frente a los hechos investigados, pero también es innegable que los jueces de control de garantías, dada la connotación constitucional que ostentan, deberían tener un mayor desempeño en la verificación de tal cometido.

Dr. Iur. Mauricio Cristancho Ariza, abogado penalista, @MCristanchoA

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