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Ridículo, así me pareció el vídeo que vi por primera vez de la hoy influenciadora «EPA Colombia» y la respuesta que obtuvo, volviendo a la desconocida en una figura pública, la cual aprovechó su fama, para convertirse en una exitosa empresaria, no sin antes pasar por otros videos en los que no daba un buen ejemplo.

Hoy me parece ridícula la condena que pretende mandarla 63 meses a la cárcel sin derecho a subrogados, no solo porque esa condena refleja todo lo que está mal con nuestro sistema penal, sino también porque resulta desproporcionada a la luz de los hechos, en un país donde convivimos con noticias tan terribles que son opacadas por la siguiente noticia de la semana.

Diciendo las cosas por su nombre: la conducta de la joven influencer y empresaria en efecto fue injustificable desde todo punto de vista, inmadura, irresponsable, incluso delictiva, pero ese tipo penal se llama «daño en bien ajeno» no «terrorismo» o “instigación” para cometerlo, la bochornosa decisión judicial se soporta en la imagen y los seguidores de la influencer, como si se tratara de un linchamiento personal por las características propias del autor y no por el reproche de su conducta (propia del positivismo italiano), ¿acaso a estos autodenominados «influencers» debemos exigirles que se comporten mejor que cualquier ciudadano? Cuando en muchos casos, son sus actos inmaduros a los que les deben su fama, lejos de ser influenciadores en su mayoría reflejan las cosas que están mal en la sociedad como, consumismo, violencia, sexualización, entre otras.

Pero el caso de EPA, surgía como una curiosa excepción, una joven que saltó a la fama sin sentido, pero que logró convertirse en lo que parece ser una empresaria exitosa, generadora de empleo, contribuyente con sus impuestos y que incluso mostró cambios en su comportamiento, valga decir que maduró.

Ahora, la decisión judicial demuestra lo que está mal en nuestro ordenamiento jurídico desde la imputación misma, la fiscalía fue descarada no solo al imputar la conducta de «instigación para cometer terrorismo» sino también al pretender fijar la indemnización de sus daños en una suma absurda e impagable, que reunía todos los daños realizados ese día por los vándalos, esto desconocía dos principios a la entonces procesada: el primero el de tipicidad estricta, pues su comportamiento se había exagerado y el segundo el de responsabilidad penal personal, pues más allá de sus propios daños se pretendía que respondiera por todos los daños causados ese día, con el único fin de impedir por parte de la fiscalía, que con su reparación extinguiera la acción penal (del delito de daño en bien ajeno), como sucedería en condiciones normales en este tipo penal.

Luego la procesada resolvió allanarse a los cargos, y quizás vino ahí el único reflejo de justicia en este caso, el juez de primera instancia no encontró acreditado el tipo penal de «instigación para cometer terrorismo» y la condenó solo por sus otros delitos menores, otorgándole a la condenada el subrogado de suspensión de la ejecución de la pena, lo que le permitía continuar en libertad a pesar de su condición de condenada y una pena menor a la posteriormente impuesta por el tribunal.

Con la decisión del tribunal superior de Bogotá, se condena finalmente por el delito deinstigación para cometer terrorismo, dando un alcance exagerado a los hechos, en una decisión que pretende por medio de una injusticia enviar un mensaje social, quizás pretendiendo mitigar daños a futuro en otras manifestaciones, quizás motivada por el descontento social de los daños ocasionados en las recientes manifestaciones, pero jamás reflejando el alcance de los hechos cometidos por Daneidy Barrera Rojas.

Ahora, a esta cadena de errores e injusticias se suma una con la que convivimos hace muchos años y que en este caso se torna pública, por la naturaleza del delito condenado, Daneidy Barrera Rojas, debe pagar su pena en prisión, independiente de que en el curso de su proceso ella haya demostrado estar arrepentida (retribución), haya demostrado modificar su comportamiento y ser un miembro útil en la sociedad (prevención especial positiva) e incluso enviar mensajes a sus seguidores informando que su comportamiento fue un error y que nadie debería hacerlo (prevención general positiva) si de verdad la pena tiene algún sentido, como cumplir esos mencionados fines, pues lo lógico sería que estos aspectos fueran relevantes para el juez y que en determinados casos pudiera decidir que la pena no es necesaria y claramente acá no sería necesaria, porque los fines ya se habrían cumplido durante el proceso, pero no, en nuestro sistema de justicia, la pena de prisión se impone en la mayoría de los casos (por no decir todos) sin consideraciones subjetivas, sin analizar sus fines y básicamente sin sentido.

En la justicia penal, esta injusticia se vive a diario, personas que se ven privadas de tener una segunda oportunidad, simplemente porque el legislador empeñado en un revanchismo penal que nada resuelve, ha determinado que un listado de delitos (que cada día va en aumento) no permite la aplicación de subrogados, lo que desnaturaliza los fines de la pena y en realidad nos muestra que más allá de sus fines, la pena simplemente se impone como una venganza y que los jueces no pueden valorar si su imposición o no en un caso concretoresulta justa, pues están atados a normas absurdas.

Es triste el caso de Daneidy, porque nos recuerda que al interior de la justicia penal hay jueces que desconocen las garantías más básicas del proceso penal, que parecen no poder manejar bien el semáforo al que se refiere Zaffaroni, cuando explica que el rol del juez es dar luz verde al sistema represor punitivo en casos aberrantes, luz amarilla para analizar los casos complejos y poner luz roja cuando el caso no reviste la importancia para ser alcanzado por el ius puniendi, claramente el caso de la señorita Barrera, merecía un análisis detenido, para establecer si de verdad su comportamiento merece la consecuencia jurídica que se da en esta decisión, también debió permitirse el análisis de los fines de la pena, donde parece no ser necesario ejecutarla materialmente, pero a pesar de lo anterior este tipo de decisiones, alejadas de los postulados teóricos y garantistas del derecho penal, son el día a día en nuestra sociedad, pero por común que fuera, nunca antes con este alcance mediático.

Ahora, a esta decisión, le queda el uso del novedoso recurso de «impugnación especial’ pero durante su trámite, lo más probable es que veamos otra injusticia, pues la captura de la reciente condenada por terrorismo puede suceder mucho antes y durante el estudio del recurso al que tiene derecho, por haber sido condenada por primera vez en segunda instancia.

Las cosas por su nombre: la pena impuesta, así como la conducta desplegada por la influenciadora, son absurdas e injustificables, pero la segunda no merecía la respuesta excesiva de la primera.

Pd. Un reconocimiento al juez de primera instancia que había entendido el alcance de la conducta.

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