Por: Francisco Bernate Ochoa.

Por primera vez en nuestra historia Republicana, en medio del Siglo XXI, de la vigencia de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, con las denominadas Reglas Mandela igualmente vigentes, Colombia da un paso atrás y decide regresar a una institución que, por supuesto, existe en otras latitudes, tan lejanas cultural e ideológicamente como los países asiáticos, o tan próximas como Perú. El que una situación como esta, o incluso la pena de muerte existe en otro país no es un argumento para que nosotros consideremos importarla de manera irreflexiva. Significa tanto como incorporar el cambio de horario por cuenta de las estaciones, cuando entre nosotros el clima no cambia a lo largo del año.

Lo primero es que, un cambio tan dramático como este, que no se había dado en los 200 años de vida Republicana que conmemoramos este año con la Constitución de Cúcuta, nuestra primera carta política, debió darse de manera amplia teniendo en cuenta los argumentos de todos. En los últimos años en materia de delitos contra menores, no solamente se han incrementado las penas, que hoy llegan hasta los 30 años, sino que además se eliminaron los beneficios para los procesados por estas tipologías. Lo primero, a la hora de emprender semejante reforma es contar con unos datos certeros de si estas medidas han funcionado o no, y solo en caso negativo, debe modificarse. Por el contrario, no conocemos el primer estudio sobre la materia que justifique un viraje como este, que destruye la vida de los seres humanos que sean condenados por este delito y que sí, también tienen derechos.

El argumento central es la protección de los menores. En esto, nadie tiene nada que decir en contra. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes priman sobre los demás,  tienen derecho a una vida tranquila lejos de este tipo de agresiones, que deben ser condenadas. Pero este no puede ser el argumento para establecer la cadena perpetua, pues en realidad no está protegiendo a un niño que, precisamente, ya fue agredido. Si el argumento es proteger a los menores, entonces tenemos que aprender de las experiencias pasadas y crear redes de apoyo, hacer más efectivo el trabajo de quienes tienen contrato con los niños que puedan generar alarmas tempranas, profundizar el trabajo de las comisarías de familia y tratar por todas las vías de evitar que se llegue a una agresión.

Otros, señalan que estas personas son dementes irremediables que tienen que estar de por vida en una cárcel. Si fueran enfermos, que no saben lo que hacen no habrían sido condenados, y, por el contrario la experiencia enseña que el índice de reincidencia en estos casos es menor que en otros delitos, de manera que tampoco es un argumento, como tampoco lo es el que ahora, quien quiera cometer un hecho de estos se va a abstener ante la posibilidad de la prisión perpetua, y no lo es por dos razones, una, los delincuentes ni conocen el código penal, dos, al momento de delinquir hacen cálculos de su eventual condena. Pero, además, la cadena perpetua es excepcional de manera que no siempre se impondrá para estos delitos.

Mientras que antes jueces y fiscales tenían unos plazos para investigar estos hechos, ahora imprescriptibles, tendrán hasta la eternidad para determinar lo sucedido con estas personas, lo que redundará en una mayor impunidad. Pero peor que eso, si a partir de ahora la sanción es la misma para quien viole que para quien mate, estamos haciendo un estímulo para que se incremente la violencia, pues si se causa la muerte del menor, la pena es la misma, pero con la posibilidad de que exista algo de impunidad.

En lo técnico, la ley es un desastre que denota que, o se sacó a las carreras, o los que la redactaron en su vida pasaron por una clase de derecho penal.

Por todo lo anterior, consideramos que es un día lamentable para los derechos de todos en nuestro país, que abre una puerta, pues sabido es que, una vez se da este paso, el siguiente es aplicarlo a más y más delitos, y, serán muchos los inocentes que pasarán sus vidas en prisión siendo inocentes. El balón está en el tejado de la Corte Constitucional, ante quien seguiremos acudiendo en defensa de la legalidad y de los menores.