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La doble conformidad, ¬ŅDe qu√© problemas adolece?

posted on April 06, 2020 by Super User posted in Artículos Penal

Carlos Daniel Arango kreutzer*

Un problema que denota gran importancia para la ciencia del derecho penal, en especial el derecho procesal penal, es el relativo a la estructuraci√≥n y regulaci√≥n de la doble conformidad (cosa distinta al derecho de la doble instancia), puesto que esto trae aparejado una serie de consecuencias pr√°cticas para los intervinientes en un proceso judicial, debido a que del reconocimiento y la adecuada formulaci√≥n de esta garant√≠a depende, en muchas ocasiones, la responsabilidad penal del procesado. Por ello, el presente trabajo pretende abordar a totalidad esta figura jur√≠dica (doble conformidad), es decir, establecer su concepto, diferenciarlo con el derecho de la doble instancia, determinar su consagraci√≥n convencional, constitucional, legal y, por √ļltimo, hablar sobre su tratamiento en la jurisprudencia colombiana, para as√≠ examinar unos posibles inconvenientes presentados por esta figura en el Derecho Colombiano.

Antes que nada, se deben tener en cuenta una serie de precisiones terminol√≥gicas y conceptuales; como, por ejemplo, que es impugnar, que es recurso y, por √ļltimo, que es apelaci√≥n.

Por impugnaci√≥n podr√≠a entenderse como aquel derecho que tienen las personas de atacar, controvertir, tachar, refutar las decisiones judiciales (G√≥mez Castillo, 2016, p√°g. 52). Ya sea porque se ha incurrido en un yerro procedimental, o porque el resultado del procedimiento (sentencia) no fue el esperado y esto conllevo un perjuicio para algunas de las partes y/o intervinientes, es decir, es un derecho subjetivo que tienes las personas que participan en el proceso judicial de solicitar la modificaci√≥n de algunos autos o sentencias judiciales. El medio o instrumento mediante el cual se lleva acabo el derecho de impugnar se le denomina ‚Äúrecurso‚ÄĚ, dicho de otra manera, la impugnaci√≥n es la instituci√≥n y el recurso es la forma en la que materializo ese derecho.

En el código procesal penal colombiano (ley 906 de 2004) los recursos se dividen en ordinarios y extraordinarios, los primeros son los de apelación art 176.2, reposición art 176.1, y recurso de queja art 179B, y extraordinarios existe el de casación art. 180 y revisión art. 192. Ahora bien, el recurso de apelación consiste en la posibilidad que se tiene de solicitar la revocación o modificación de un auto o sentencia judicial al superior jerárquico que emitió dicha providencia (pág. web). En el código de procedimiento penal colombiano el recurso de apelación procede contra sentencias, ya sea de absolución o condena, y contra autos que tiene que ver con la libertad del procesado, que afecten la práctica de pruebas o que perjudiquen derechos patrimoniales, tal como lo afirma el art. 20 del CPP.

La pregunta que surge ahora es ¬ŅQu√© es la doble conformidad?, Podr√≠a definirse como la facultad que tienen las personas de impugnar (controvertir) la primera sentencia condenatoria, esto es, es un derecho que se tiene de solicitar a otro juez diferente al que profiri√≥ la decisi√≥n que est√© de acuerdo con dicha sentencia o que revise la misma, esta garant√≠a es un elemento estructural del debido proceso, pues de lo contrario, se tornar√≠a injusto que un acusado condenado por un determinado delito no pudiera solicitar esa revisi√≥n por otro juzgador. Diferente figura √©sta a la doble instancia; pues tal como lo afirma la Corte Constitucional (sentencia C-792 de 2014) la primera procede solo es casos en que la decisi√≥n haya sido condenatoria, por lo que solo procede en asuntos penales y puede ser ejercitada exclusivamente por el condenado o su defensor, en cambio, la doble instancia puede aplicar para todo proceso judicial en general (civiles, penales, laborales etc.), sumado a que el principio de la doble instancia puede ser interpuesto por cualquiera de los sujetos procesales, para que exista legitimaci√≥n de interponer el derecho a la doble conformidad, solo puede ser el que haya sido condenado, tambi√©n se tiene que mientras la doble instancia, se ha dicho por la corte, es un principio general del debido proceso puede en algunas situaciones ser exceptuado por v√≠a legislativa, sin embargo, el doble conforme adem√°s de ser principio es un DERECHO por lo que las excepciones al mismo se encuentran limitadas. En cuanto a su contenido, mientras el derecho a la impugnaci√≥n otorga la facultad para controvertir la sentencia condenatoria, para que un mismo litigio sea resuelto en el mismo sentido por dos jueces distintos, la garant√≠a de la doble instancia exige que una misma controversia jur√≠dica sea sometida a dos instancias o faces procesales distintas e independientes, y dirigidas por jueces distintos, pero sin importar que los fallos resultantes sean coincidentes. Por √ļltimo, la finalidad que entra√Īa cada instituci√≥n es diferente; puesto que mientras la doble conformidad persigue garantizar mediante el derecho de defensa, que el incriminado tenga la posibilidad de verificar si su condena se impuso correctamente, en la doble instancia su finalidad es corregir los fallos judiciales, para as√≠ garantizar una la igualdad en la decisi√≥n.

La doble instancia se encuentra consagrada en el art√≠culo 31 de la carta pol√≠tica de la siguiente manera ‚ÄúToda sentencia judicial podr√° ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podr√° agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante √ļnico‚ÄĚ. En cambio, la doble conformidad se establece en el art√≠culo 29 de la carta pol√≠tica ‚Äútoda persona tiene derecho... ha impugnar la sentencia condenatoria‚ÄĚ (Constituci√≥n Pol√≠tica de Colombia, 1991).

Desde una perspectiva convencional, la doble conformidad se encuentra consagrada en el art√≠culo 8. 2 literal h de la Convenci√≥n Americana de Derechos Humanos ‚Äútoda persona inculpada de delito tiene el (‚Ķ) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior‚ÄĚ. Por √ļltimo, en el art√≠culo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol√≠ticos establece que ‚Äútoda persona declarada culpable de un delito tendr√° derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley‚ÄĚ

Como se ha se√Īalado, la doble conformidad como derecho Fundamental e indispensable en un estado social de derecho, no es novedad alguna, puesto que se encuentran de anta√Īo consagrada en distintos √≥rganos internacionales, en el ordenamiento jur√≠dico interno se consagro de manera taxativa en la constituci√≥n colombiana de 1991, no obstante, su existencia y aplicaci√≥n se ha ignorado en gran manera por los tribunales y jueces del pa√≠s, debido, entre otras cosas, a que ha faltado un desarrollo por parte del legislador, lo cual no obsta para que no sea aplicado de manera directa por alg√ļn juez de la rep√ļblica, esto, si se tiene que tal como lo afirma el art√≠culo 4 de la Constituci√≥n esta es norma de normas, por lo que se deber√≠a aplicar de manera preferente, pues no toda disposici√≥n constitucional requiere que el legislador de luz verde para su aplicaci√≥n.

Cabe resaltar, que no fue hasta la Sentencia C-792 de 2014 en la que la Corte Constitucional decidiendo sobre unos art√≠culos demandados del c√≥digo de procedimiento penal, hace un an√°lisis de dicha garant√≠a, para as√≠ darse cuenta de que en Colombia no se le ha reconocido la importancia que entra√Īa para el debido proceso esa instituci√≥n.

En dicha providencia la Corte reconoce dos reglas fundamentales; la primera relativa a la posibilidad de impugnar en procesos de √ļnica instancia o en aquellos procesos en los que se condena por primera vez en segunda instancia y, la segunda, relaciona con que el sistema recursivo dise√Īado por el legislador para materializar el derecho a la impugnaci√≥n, debe garantizar los siguientes est√°ndares: (i) el examen efectuado por el juez de revisi√≥n debe tener una amplitud tal, que permita un nuevo escrutinio de todos los elementos normativos, f√°cticos y probatorios determinantes de la condena; (ii) el an√°lisis del juez debe recaer primariamente sobre la controversia de base que dio origen al litigio judicial, y solo secundariamente, sobre el fallo judicial como tal; (iii) debe existir un examen abierto de la decisi√≥n judicial recurrida, de modo que √©sta pueda revocarse cuando del examen integral del caso se concluya que no hay lugar a la imposici√≥n de la condena, y no solo una revisi√≥n de la sentencia a luz de un conjunto cerrado de causales de procedencia del recurso. Posteriormente, la alta corporaci√≥n exhorto al Congreso para que dentro de un a√Īo regulara dicha materia de lo contrario iba a proceder la impugnaci√≥n sobre cualquier decisi√≥n judicial, no obstante, este guardo silencio al respecto.

Vencido el termino, la Corte Suprema de Justicia no quería reconocer tal garantía fundamental (Doble conformidad) como en las sentencias: CSJ AP4808/2016, CSJ AP4069/2016.

No fue hasta la creaci√≥n del Acto Legislativo 01 del 2018 en donde la posici√≥n de la corte se ha morigerado un poco, ¬ŅQu√© cambios realizo este Acto legislativo? B√°sicamente al modificar los art√≠culos 186, 234, 235 de la Constituci√≥n pol√≠tica crea unas salas especiales en la Corte suprema de justicia, para poder garantizar el Derecho a la doble instancia en el caso de los aforados constitucionales y, el derecho a la doble conformidad en los casos en los cuales se ha condenado por primera vez en segunda instancia, en pocas palabras el √°rea penal, ya no solo se componen de nueve magistrados (como en la sala de casaci√≥n penal) sino que est√° compuesta de dieciocho magistrados, puesto que se cre√≥ una Sala Especial de Primera Instancia (tres magistrados) y una sala de instrucci√≥n (seis magistrados). Todo lo anterior, con la finalidad de que se puedan garantizar dichas garant√≠as m√≠nimas fundamentales requeridas en un proceso penal, pero todo no ha sido color de rosas, pues a causa del inexistente de desarrollo normativo de dichos art√≠culos, y al faltar un procedimiento creado por el legislador para acceder a dichos mecanismos, lo que se ha creado es confusi√≥n y oscuridad sobre el tema, pues la mayor√≠a de las veces los tribunales niegan ese derecho, puesto que no conocen la manera de acceder a tales garant√≠as (pues no existe tal procedimiento) como la doble conformidad.

En la sentencia AP1263/2019 la Corte Suprema de Justicia da una serie de pautas o lineamientos necesarios para poder garantizar el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria, esto debido a la inactividad del legislador, por lo que establece que el recurso de impugnación especial (así se le denomina en dicha sentencia a la doble conformidad) se regirá con base a la técnica del recurso de apelación, sin embargo, sus términos procesales se asimilaran de conformidad con el recurso de casación, esto es, un hibrido o una mezcla entre un recurso ordinario y extraordinario, aunado a que si en la misma actuación se interpone un recurso de casación por cualquiera de los intervinientes del proceso al mismo tiempo que uno de impugnación especial, se resolverá primero el de casación y no el de impugnación especial, teniendo en cuenta que la impugnación especial es un recurso preferente, puesto que como su esencia lo establece, es un medio que garantiza un Derecho Fundamental reconocido en tratados internacionales y hasta en la Constitución Política.

Es loable que la Corte Suprema de Justicia actuando de una manera garantista opte por regular dicho derecho fundamental para que no se siga vulnerando, no obstante, un tema de semejante envergadura no se le puede confiar a ese √≥rgano jurisdiccional puesto que es una tarea exclusiva del legislador colombiano. De lo contrario, como se ve en algunas ocasiones, los Tribunales Superiores ya sea por desconocimiento, o, por falta de claridad sobre dichos par√°metros, omiten seguir los lineamientos del m√°ximo √≥rgano de la jurisdicci√≥n ordinaria y, siguen vulnerando la tan mencionada doble conformidad. Siendo muchas veces la √ļnica manera de proteger esta garant√≠a la interposici√≥n de tutelas contra las sentencias de los Tribunales que se reh√ļsan a reconocer tal figura trascendental, en providencias como STP131/2020, CSJ. STC15017/2019, STC531/2020; en dichas providencias se evidencia que los tribunales superiores del Distrito omiten reconocer tal garant√≠a que es n√ļcleo central del debido proceso, siendo (como dije anteriormente) el √ļnico instrumento para el reconocimiento del particular, la acci√≥n constitucional de tutela, pues no existe una forma clara o uniforme de acceder a la impugnaci√≥n especial, pues si bien es cierto la CSJ ha tratado de regular al respecto el procedimiento, aun as√≠ se siguen generando dudas sobre cuestiones como el rango de aplicaci√≥n de tal derecho en el tiempo (favorabilidad) y otros problemas que se pueden presentar.

En otras ocasiones, las mismas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, resolviendo acciones de tutelas, han negado el amparo constitucional del derecho a impugnar la primera condena, argumentando que dichos procesos fueron realizados o que fenecieron antes del pronunciamiento emito por las Corte Constitucional en la tan mencionada Sentencia C-792-2014 y otros pronunciamientos posteriores, con base en dichas alegaciones niegan los amparos de esa prerrogativa fundamental, arguyen que son situaciones ya consolidadas y para ello no aplica tal beneficio, lo anterior, en sentencias como STC1145-2020, STC1468-2020. Vulnerando flagrantemente la constituci√≥n y los tratados internacionales adoptados por Colombia mediante la instituci√≥n del Bloque de Constitucionalidad consagrado en el art. 93 de la Carta Pol√≠tica y las sentencias de la Corte Constitucional1 en donde ella misma acepta que por lo m√≠nimo se deber√≠a reconocer tal garant√≠a desde la constituci√≥n de 1991 puesto que se han venido violando de una manera sistem√°tica por parte de los organismos jurisdiccionales y, desde luego, el procesado no tiene la culpa de esas situaciones. As√≠ lo dejo claro la corte2 cuando afirmo: ‚ÄúEntonces, es evidente que el derecho a la doble conformidad de la condena penal est√° vigente en nuestro ordenamiento jur√≠dico ‚Äďse reitera- desde 1976. Luego, la circunstancia de que esa prerrogativa se haya vulnerado en todos los procesos en que los enjuiciados no tuvieron la posibilidad de impugnar la primera condena penal que, por tanto cobr√≥ ejecutoria en esas condiciones, no es una causal eximente de la obligaci√≥n del Estado de garantizarla, es una situaci√≥n agravatoria de su incapacidad de brindar a los procesados penales las garant√≠as m√≠nimas reconocidas por los instrumentos internacionales adoptados por nuestro ordenamiento interno desde hace m√°s de cuatro d√©cadas‚ÄĚ.

Inclusive, en la sentencia citada anteriormente la corte establece lo siguiente ‚ÄúSe trata evidentemente de un fundamento constitucional que resulta aplicable no s√≥lo a las condenas impuestas mediante el procedimiento de la Ley 906 de 2004 sino, de conformidad con el art√≠culo 29 de la Constituci√≥n y las disposiciones precitadas de la Convenci√≥n Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol√≠ticos, a todas las sentencias condenatorias proferidas mediante cualquier r√©gimen procesal penal‚ÄĚ, es decir, al abrir tambi√©n la posibilidad de que la doble conformidad tenga cabida en los procesos adelantados bajo la ley 600, se puede inferir que no tiene tanta importancia el tiempo en el que se solicite el derecho de la impugnaci√≥n especial (es decir, antes de la sentencia del 2014 o despu√©s), puesto que como se evidencia esa garant√≠a ha estado vigente de anta√Īo.

Recapitulando, existen algunas sentencias en donde la Corte Suprema de Justicia ampara los derechos fundamentales a la impugnaci√≥n especial, acogiendo la tesis de que ese derecho se encuentra vigente mucho antes, pero, posteriormente, en sentencias como las ya citadas3 modifica su criterio de manera inexplicable tal como lo se√Īala el Magistrado Ariel Salazar Ram√≠rez en un salvamento de voto de tan rara sentencias: ‚ÄúDe manera francamente incomprensible, pues no se expusieron las razones del nuevo viraje al criterio ya consolidado, en esta oportunidad la mayor√≠a decidi√≥ no salvaguardar los intereses de la tutelante‚ÄĚ. Todo lo anterior, pone de manifiesto la problem√°tica que supone este derecho (ante la ausencia legislativa) con respecto a la favorabilidad en materia penal (que en estricto sentido no ser√≠a favorabilidad pues esa garant√≠a, como se vio, est√° vigente mucho antes en el ordenamiento jur√≠dico interno).

Otro problema muy importante que surge es: que sucede cuando la primera condena no se impone por primera vez en segunda instancia, sino ahora en casaci√≥n, puesto que hasta el momento se ha hablado solo de casos en los que se emite la sentencia condenatoria es en segunda instancia. Lo anterior, seria en la hip√≥tesis en la que se absuelve al procesado en primera instancia, la fiscal√≠a apela (ejerciendo se derecho a la doble instancia) y el tribunal vuelve absolver, entonces la fiscal√≠a interpondr√≠a el recurso de casaci√≥n y, cuando llega el caso al conocimiento de la corte esta revoca imponiendo una sentencia condenatoria. De acuerdo con lo anterior, en la tan pluricitada Sentencia de la corte constitucional4, se afirm√≥ lo siguiente: "a la hip√≥tesis en la que, en el marco de un juicio penal, se profieren dos sentencias absolutorias, de primera y de segunda instancia, y posteriormente, el juez de casaci√≥n revoca tales fallos y declara por primera vez la responsabilidad penal. Frente a este supuesto f√°ctico, esta Corporaci√≥n ha establecido que el derecho a la impugnaci√≥n puede ser ejercido en contra de esta √ļltima providencia‚ÄĚ.

Partiendo de dicho presupuesto, la doble conformidad se podría alegar en esos casos, no obstante, en sentencia SU215-2016 la Corte parece haber cambiado de criterio estableciendo lo siguiente: En la sentencia C-792 de 2014 esta Corte, si bien emitió un exhorto general, solo tomó una decisión aplicable a los casos en que una persona es condenada por primera vez en segunda instancia, en un proceso penal, y esto supone que el derecho a impugnar las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional, que se activa cuando venza el plazo del exhorto sin legislación, solo aplica a las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia. A esta conclusión se llega entonces porque en el contexto del caso entonces sujeto a consideración de la Corte se observa que (i) no se demandaron las normas sobre competencias de la Corte Suprema de Justicia en casación, (ii) solo se cuestionaron normas referentes a las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto obra como autoridad judicial de segunda instancia en los procesos penales, (iii) los cargos ciudadanos cuestionaban las disposiciones legales, estrictamente, porque desconocían el derecho a impugnar las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, (iv) y la Corte Constitucional, de forma explícita y clara, al delimitar los problemas jurídicos, circunscribió el primero de ellos a la pregunta de si la normatividad acusada vulneraba la Carta, en tanto no contemplaba medios de impugnación contra las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia.

De lo anterior se colige, que la impugnaci√≥n no aplica para los casos en los que se ha emitido condena en sede de casaci√≥n, lo que comporta, como es evidente, una gran vulneraci√≥n al debido proceso y a su n√ļcleo fundamental como es el derecho de defensa, pues no tiene como controvertir una decisi√≥n adversa, sumado a la violaci√≥n de los tratados internacionales aceptados por Colombia y que proh√≠ben ser limitados (art. 93 C. P), por lo tanto, esto no puede aceptarse, sumado a la violaci√≥n del derecho de igualdad (art.13 CP). Cabe resaltar, que con la entrada en vigor del acto legislativo 01 de 2018 esa tesis expuesta anteriormente parece abandonarse, pues esta modificaci√≥n constitucional, implementa el derecho de la doble instancia (para aforados constitucionales) y la posibilidad de impugnar la primera condena, sin importar en que instancia procesal se lleve a cabo.

Pero lo anterior, trae aparejado algunas aparentes confusiones, vrg, en los casos en los que un aforado constitucional es juzgado por la sala especial de primera instancia y es absuelto, la fiscal√≠a ejercitando el derecho de la doble instancia apela y, posteriormente la sala de casaci√≥n penal de la Corte Suprema de justicia condena, ¬Ņante quien se ejerce el derecho de doble conformidad? En los casos en los que la corte al conocer sobre un recurso de casaci√≥n condena por primera vez ¬Ņante quien se ejerce el derecho a la doble conformidad, pues la Sala especial de Primera instancia no puede conocer asuntos que le competen a la sala de casaci√≥n penal, como son conocer demandas de casaci√≥n? En las hip√≥tesis en las que un Tribunal Superior absuelva a un procesado, la fiscal√≠a apela (ejerciendo su derecho a la doble instancia) la Corte en su sala de casaci√≥n penal revoca la sentencia del tribunal y condena, ¬Ņante quien se interpone el recurso de impugnaci√≥n, pues la sala especial de primera instancia no puede conocer de esos casos? La respuesta a estos cuestionamientos que por lo general se producen, puede estar, en que ahora la sala de casaci√≥n penal ya no conoce los nueve magistrados de un determinado recurso (sea apelaci√≥n, impugnaci√≥n especial, casaci√≥n), sino que ahora esa Sala de Casaci√≥n penal, a su vez est√° divida en dos salas, una compuesta por seis magistrados que conocen del recurso de apelaci√≥n o casaci√≥n y otra de tres magistrados que conocen de la impugnaci√≥n especial (esto se concluye del art 235 numeral 7 de la Constituci√≥n Pol√≠tica), pero la pregunta ahora es ¬Ņqu√© asuntos conoce la Sala plena de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia? puesto que ahora hay un fraccionamiento en el √°rea penal. Todo lo anterior, hecho con la finalidad de garantizar algunas garant√≠as m√≠nimas indispensables en un Estado Social de Derecho, como lo es la oportunidad para impugnar una sentencia de Condena.

Cabe aclarar, que algunas de estas problem√°ticas o ‚Äúconfusiones‚ÄĚ se producen por la posibilidad que tiene la fiscal√≠a, como los dem√°s intervinientes del proceso, de impugnar decisiones judiciales, pues si no se pudiera interponer recurso de una sentencia Absolutoria, no se presentar√≠an estos inconvenientes. Lo cual, no puede ser tampoco de esa manera, pues desconocer√≠a tambi√©n los derechos de las victimas que revisten de gran importancia dentro de un proceso judicial.

Como colorario, se debe tener en cuenta la sentencia STP981-2020, decisi√≥n un poco controvertida, debido a que en aquella oportunidad la alta Corporaci√≥n tutelo el derecho de la Doble Conformidad habiendo el abogado defensor interpuesto el recurso de apelaci√≥n de manera Extempor√°nea; argumentando la Corte que se le debe reconocer al juez un margen de oficiosidad, para que as√≠ no se interponga el recurso, tramitar el derecho de impugnaci√≥n especial, algo similar a lo que sucede con la ‚Äúconsulta‚ÄĚ en materia laboral. Desde luego, esto resultar√≠a un poco contradictorio si se tiene que las oportunidades procesales son perentorias e improrrogables y, aunado a que la interposici√≥n de recursos es un acto de parte.

Lo que mejor se podr√≠a realizar, para disipar ciertas dudas y contradicciones, que entra√Īan la instituci√≥n del derecho de la doble conformidad (tal como se pone de manifiesto en todo el articulo) ser√≠a un desarrollo legislativo completo y acertado, de parte del √≥rgano legitimado constitucionalmente para ej√©rcelo. De lo contrario, la majestuosidad de dicho Derecho se ver√° empa√Īada por la inactividad del legislador.

Citas

1 C-792-2014. SU615-2016. SU217-2019.

2 SU217-2019.

3 STC1468-2020 STC1145-2020.

4 C-792-2014.

Bibliografía

‚ÄĘ Constituci√≥n Pol√≠tica de Colombia. (20 de Julio de 1991). Asamblea Nacional Constituyente. Preambulo: El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protecci√≥n de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Naci√≥n(...). Bogot√° D.C., Colombia. Obtenido de ‚ÄĘ G√≥mez Castillo, A. (2016). La t√©cnica de casaci√≥n penal. Bogot√° D.C.: Editorial Leyer.

#YoEscriboYoLeoDerecho

* Estudiante de la universidad libre seccional C√ļcuta. Participe como ponente en el concurso internacional de derecho procesal, el a√Īo 2019, categor√≠as semilleros.

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Victimología: Conceptos básicos y tendencias actuales

posted on April 06, 2020 by Super User posted in Artículos Penal

Martín Alexander Martínez Osorio*

1. Conceptos Básicos: Victimización, Desvictimización y Prevención Victimal.

A la victimolog√≠a penal, en su concepci√≥n moderna, se le reconoce como una disciplina cient√≠fica que estudia los procesos mediante los cuales una persona deviene en v√≠ctima y c√≥mo puede lograrse que se despoje de tal calidad1. En otras palabras, la finalidad b√°sica de este conjunto de conocimientos, es estudiar los procesos de victimizaci√≥n y desvictimizaci√≥n derivados de la comisi√≥n del delito. Y esto se logra a partir de un enfoque trans-disciplinar en el que convergen estudios realizados desde diversas √≥pticas del conocimiento humano ‚Äďv. gr. psicolog√≠a, antropolog√≠a, sociolog√≠a, etc.‚Äď2.

Existen diversas posturas doctrinales que han se√Īalado la desmesura con la que la criminolog√≠a, por mucho tiempo, estudi√≥ al delincuente en desmedro del inter√©s que debi√≥ corresponder a la v√≠ctima. Ello ha determinado en la actualidad, un viraje distinto en el √°mbito de las ciencias sociales, enfocado en el estudio de las condiciones por las cuales una persona deviene en v√≠ctima y qu√© procesos sociales inciden en la construcci√≥n de tal calidad. A partir de los datos obtenidos de la realidad, se buscan fomentar estrategias de prevenci√≥n y reducci√≥n de las condiciones que llevan a tal situaci√≥n. Adem√°s, elaborar dise√Īos de respuestas jur√≠dicas y asistenciales que permitan que en aquellos casos en que alguien result√≥ perjudicado por el delito, pueda reintegrarse de forma √≥ptima a su medio social sin que pueda resultar re-victimizada una vez m√°s3.

En palabras de PEREDA BELTR√ĀN, la meta actual es construir una pol√≠tica v√≠ctimal del mismo modo que una pol√≠tica criminal, que permita prevenir situaciones de riesgo, as√≠ como disminuir los costes que implican el contacto de la v√≠ctima con el sistema de justicia penal e incidir en evitar nuevos sucesos re-victimizantes4. Sin embargo, cabe advertir que este proceso social, ha trascendido al √°mbito de las reformas penales en diversos pa√≠ses, generando una sobre-criminalizaci√≥n y una exasperaci√≥n punitiva en diversos delitos, bajo la justificaci√≥n de una mayor protecci√≥n de las v√≠ctimas. Como pone de relieve GARLAND, nos encontramos en las recientes d√©cadas en el ‚Äúregreso‚ÄĚ de la v√≠ctima al centro de la justicia penal. Y este movimiento, en su lado m√°s oscuro, incide en el fen√≥meno del neo-punitivismo contempor√°neo5.

En este importante debate, ALONSO RIMO, sostiene que este err√≥neo planteamiento no procede de la victimolog√≠a. Al contrario, una pol√≠tica criminal en clave victimol√≥gica debe estar inspirada por las directrices que dimanan del marco pol√≠tico-constitucional en el que la figura de la v√≠ctima se enmarca dentro de los m√°rgenes de respeto al car√°cter p√ļblico y garantista del sistema penal6. No debe perderse de vista entonces, el necesario trinomio v√≠ctima, delincuente y sociedad como la f√≥rmula adecuada que debe regir en el √°mbito de una correcta pol√≠tica criminal.

Dejando de lado estos excesos ‚Äďque derivan m√°s de un oportunismo pol√≠tico bajo la bandera de la v√≠ctima y no en un verdadero inter√©s en la reconstrucci√≥n de su integridad personal‚Äď debemos enfocar el estudio de los dos √°mbitos esenciales en los que se mueve la √≥ptica victimol√≥gica: la prevenci√≥n del riesgo de victimizaci√≥n y el √°mbito de las medidas adecuadas para lograr una desvictimizaci√≥n. En espec√≠fico, el no agravamiento de tal situaci√≥n por parte de los diferentes operadores del sistema penal luego del acontecido delictivo.

1. En primer lugar, debemos entender como victimización, como el proceso por el cual una persona sufre las consecuencias de un hecho traumático. Se trata de una experiencia individual, subjetiva y relativa culturalmente. Por ende, estamos ante un fenómeno complejo donde entran en juego factores de carácter individual, social y cultural, que condicionan el modo de vivir la referida experiencia. Aquí entran en consideración dos elementos importantes: (a) la consideración de los factores que intervienen en la precipitación del hecho delictivo; y (b) el impacto sobre la víctima que puede variar de acuerdo al sexo, edad, condiciones de salud, etc.7.

La determinaci√≥n del riesgo v√≠ctimal, es decir, el riesgo de ser v√≠ctima potencial de un delito, requiere tener en cuenta factores individuales como los anteriormente citados. Pero tambi√©n, su modo o estilo de vida que puede implicar la convivencia con situaciones de riesgo o actitudes poco cuidadosas ‚Äďv. gr. su cercan√≠a con personas que se dedican a la prostituci√≥n, negocios dedicados al consumo de bebidas embriagantes o al tr√°fico de drogas‚Äď. Otro dato importante en este punto es su relaci√≥n con los ofensores, y por qu√© √©ste, seleccion√≥ a determinada v√≠ctima. Desde una perspectiva situacional, debe considerarse cu√°les son los lugares presentan mayores oportunidades para generar un posible cometimiento de hechos delictivos. Por √ļltimo, tambi√©n conviene tener en cuenta factores estructurales como la marginaci√≥n de determinados grupos poblacionales que los hace pasibles de ser v√≠ctimas de organizaciones criminales como acontece con las personas que deciden emigrar fuera del pa√≠s8. Bajo este apartado se hace referencia a v√≠ctimas de riesgo como personas que poseen una mayor probabilidad de ser v√≠ctimas del delito y tambi√©n a las denominadas v√≠ctimas vulnerables. Estas √ļltimas, son las que una vez sufrida la agresi√≥n, quedan m√°s afectadas psicol√≥gicamente por lo ocurrido.

Como vemos, y siguiendo un sector amplio de la disciplina, la victimizaci√≥n es una experiencia vital a la que cada persona reacciona de acuerdo a sus caracter√≠sticas individuales, al tipo de hecho y la respuesta derivada de su ambiente. De acuerdo con un amplio n√ļmero de estudios los ni√Īos y adolescentes son quienes tienen el mayor riesgo de victimizaci√≥n y son los m√°s propensos a los negativos efectos de la misma9. De igual forma acontece con los adultos mayores. Por ende, los diversos profesionales que se relacionan con las v√≠ctimas de cualquier delito, tienen que reconocer que no existe un patr√≥n √ļnico de respuesta por parte de la v√≠ctima. Algunas exigen el esclarecimiento del hecho y la aplicaci√≥n de la justicia, pero existen otras que deciden no denunciar, y mucho menos, no desean participar en el proceso como v√≠ctimas o testigos. En este caso, debe respetarse lo que la v√≠ctima decida. Al efecto, los operadores del sistema de justicia penal deben brindarles la mayor informaci√≥n posible tanto de sus derechos como de las diversas opciones de apoyo y asistencia a las que puedan acudir. De ah√≠ que MARCHIORI, relacione que la asistencia victimol√≥gica debe comprender el conocimiento, comprensi√≥n y ayuda a las v√≠ctimas para atenuar y superar las consecuencias producidas por el delito. Ello exige una labor de individualizaci√≥n de acuerdo con las caracter√≠sticas de la v√≠ctima, su n√ļcleo familiar, su historia personal, la agresi√≥n sufrida, etc. Posterior a ello, deviene el diagn√≥stico victimol√≥gico que se relaciona con el conocimiento de los datos relacionados a la v√≠ctima, al hecho delictivo, al da√Īo provocado en la v√≠ctima y en su familia. Por √ļltimo destaca la profesora argentina, que dicha asistencia victimol√≥gica debe tener por objeto principal atenuar las graves consecuencias que deja el delito en la v√≠ctima y en su familia como sobrevivientes de un hecho criminal10. No obstante lo anterior, regularmente aparece en estos cuadros el denominado estr√©s post-traum√°tico, lo que implica un efecto ps√≠quico perceptible v√≠a pericial y que resulta de mucho inter√©s en la cuantificaci√≥n de los da√Īos extra-patrimoniales ‚Äďo morales como tambi√©n se conocen‚Äď en el √°mbito de la responsabilidad civil derivada del delito11. M√°s all√° de esto, la mayor parte de la victimolog√≠a reconoce la existencia de tres tipos de victimizaci√≥n. As√≠ se reconoce12:

‚ÄĘ Victimizaci√≥n primaria. Es el proceso por que una persona sufre, de modo directo o indirecto, da√Īos f√≠sicos o ps√≠quicos derivados de un hecho delictivo o acontecimiento traum√°tico. En este sentido, los da√Īos no se limitan a los que suponen una afectaci√≥n al bien jur√≠dico protegido; sino tambi√©n, pueden acaecer da√Īos ps√≠quicos derivados de actos sexuales o de delitos patrimoniales como el robo.

‚ÄĘ Victimizaci√≥n secundaria. Constituye el conjunto de costes personales que tiene para la v√≠ctima su intervenci√≥n en el proceso penal. Dentro de este concepto se comprenden los efectos traumatizantes derivados de los interrogatorios policiales o judiciales, la explotaci√≥n m√©dico-forense o el contacto con el ofensor en la vista p√ļblica13.

‚ÄĘ Victimizaci√≥n terciaria. Es el conjunto de costes de la penalizaci√≥n sobre quien la soporta personalmente o sobre terceros. Este concepto se relaciona con la distribuci√≥n de los costes del delito sobre las personas y sobre la sociedad. Aqu√≠ se analizan los niveles de ansiedad que aparecen en los internos de los centros penitenciarios; las consecuencias ps√≠quicas sobre los hijos de las mujeres encarceladas que conviven con sus madres en prisi√≥n o el impacto del encarcelamiento sobre las personas que dependen econ√≥micamente o emocionalmente del penado.

2. Empero, lo m√°s destacado en el √°mbito actual de la victimolog√≠a es lograr la denominada desvictimizaci√≥n, esto es, un proceso complejo de reparaci√≥n o reconstrucci√≥n de las v√≠ctimas y en el cual intervienen m√ļltiples factores y agentes. La desvictimizaci√≥n puede ser definida como un proceso de evoluci√≥n personal, din√°mico continuo, que incluye e interrelaciona diferentes procesos susceptibles de entrenamiento y desarrollo (resiliencia, esfuerzo moral, valores, autoestima, autoconocimiento, auto-desvictimizaci√≥n, construcci√≥n de los derechos victimales, etc.)14. La finalidad de este proceso es que la v√≠ctima comience de nuevo a vivir y no meramente se resigne a sobrevivir.

En otras palabras, se persigue la reintegraci√≥n social de los sobrevivientes del delito y evitar situaciones tales como la estigmatizaci√≥n o la explotaci√≥n de la condici√≥n de la v√≠ctima real o supuesta. Conviene advertir que este proceso no se limita a la asistencia psicol√≥gica, sino que implica tambi√©n un reconocimiento social. Por ello, caben distintos tipos de justicia como los que proponen en el √°mbito de la justicia restaurativa y la de naturaleza terap√©utica. De ah√≠ que, deben intervenir diferentes componentes del sistema penal, as√≠ como profesionales e instituciones p√ļblicas o privadas que se relacionan con la atenci√≥n a las v√≠ctimas. Sin embargo, en su sentido amplio, caben los sectores pol√≠ticos, las iglesias y medios de comunicaci√≥n, pues su labor puede coadyuvar de modo eficaz al reconocimiento de quienes sufren la peor parte de la infracci√≥n criminal15. Cabe agregar dentro de este √°mbito, las asociaciones de v√≠ctimas, esto es colectivos de v√≠ctimas de determinados delitos que buscan incidir en el √°mbito de las pol√≠ticas p√ļblicas para que sean reconocidos sus derechos y se establezcan las medidas m√°s adecuadas para su atenci√≥n.

En este apartado, resulta conveniente destacar que la respuesta institucional por parte de la polic√≠a y de los dem√°s entes de la administraci√≥n de justicia, son importantes para tranquilizar a la v√≠ctima y su n√ļcleo familiar; pues una respuesta de indiferencia o rechazo, provocar√°n una mayor angustia y desconfianza, conduciendo de forma posterior a una fractura familiar que agravar√° el da√Īo iniciado con el delito. De acuerdo con ello, la familia de la v√≠ctima ‚Äďconscientes del sufrimiento causado por la violencia‚Äď y con respaldo responsable de la administraci√≥n de justicia, son fundamentales en la recuperaci√≥n de la dignidad de la persona que ha sufrido la humillaci√≥n social por el delito. Por ello, el proceso de desvictimizaci√≥n debe tener en cuenta: el da√Īo producido por el delito y el da√Īo adicional producido por la incomprensi√≥n y desconocimiento de los efectos y las consecuencias16. En efecto, en los √ļltimos a√Īos, se va abriendo paso dentro del √°mbito de las ciencias del comportamiento el t√©rmino resiliencia, el cual surge para describir la capacidad de una persona para mantener su estabilidad ps√≠quica ante situaciones que suponen un desaf√≠o o riesgo. Este concepto no se refiere a la invulnerabilidad frente al estr√©s, sino a la capacidad de una persona o grupo para desarrollarse adecuadamente y proyectarse en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida dif√≠ciles y de situaciones traum√°ticas, que pueden llegar a ser graves. Esta capacidad personal puede residir tanto en las caracter√≠sticas del individuo como en circunstancias de su entorno, vi√©ndose influida por el propio desarrollo del sujeto y las ayudas que pueda recibir17.

3. En tercer lugar, uno de los cambios m√°s abiertos al desarrollo de la victimolog√≠a es de la prevenci√≥n victimal. Aqu√≠ caben desde la formulaci√≥n de programas de instrucci√≥n a las potenciales v√≠ctimas ‚Äďe igualmente grupos o comunidades vulnerables‚Äď para su auto-protecci√≥n, como tambi√©n el dise√Īo de pol√≠ticas municipales o gubernamentales para reducir los riesgos de victimizaci√≥n, y tambi√©n, buenas practicas e instructivos policiales para atender de mejor manera a las v√≠ctimas. A tales efectos se suele distinguir en una prevenci√≥n primaria ‚Äďse act√ļa sobre la comunidad en general‚Äď; prevenci√≥n secundaria ‚Äďse enfoca en sectores propensos a ser v√≠ctimas de delitos en espec√≠ficos; y prevenci√≥n terciaria ‚Äďque implica la intervenci√≥n sobre quienes ya han sido v√≠ctimas a fin de evitar una nueva revictimizaci√≥n‚Äď18.

HERRERA MORENO ‚Äďsiguiendo a FATTAH‚Äď se√Īala como factores que pueden incidir en la elaboraci√≥n de medidas de prevenci√≥n v√≠ctimal las siguientes: (a) la oportunidad (relacionada con los rasgos de la v√≠ctima potencial); (b) los factores de riesgo sociodemogr√°fico (edad, g√©nero, lugar de residencia); (c) la orientaci√≥n del infractor, en cuanto selector de v√≠ctimas; (d) la exposici√≥n al riesgo, por el contacto con figuras o situacionales potencialmente peligrosas; (e) las asociaciones, en tanto transacciones determinadas por la homogeneidad entre los colectivos de v√≠ctimas e infractores; (f) los contextos espacio-temporales portadores del riesgo (en cuanto hay una distribuci√≥n explicable y estratificada de los lugares y momentos peligrosos); (g) los comportamientos arriesgados (factores de invitaci√≥n, provocaci√≥n o negligencia auto-preventiva de la propia v√≠ctima); (h) las actividades de alto riesgo, especialmente las relacionadas con el ocio o el modo de ganarse la vida ‚Äďejemplo: el ejercicio de la prostituci√≥n‚Äď; (i) los comportamientos defensivos y evitativos: la curiosidad, la osad√≠a y la pugnacidad son factores susceptibles de influir en los niveles de riesgo v√≠ctimal; y (j) la propensi√≥n del car√°cter estructural o cultural, que asocia inequ√≠vocamente aspectos de privaci√≥n y miseria con los niveles de riesgo.

3. El reconocimiento del derecho de las víctimas a nivel internacional.

Hist√≥ricamente, como lo apunta la doctrina especializada, el proceso penal ha sido concebido como un espacio de confrontaci√≥n entre el Estado y la persona acusada de la comisi√≥n de un delito. As√≠, el Derecho estableci√≥ las reglas del juego de esa lucha, con una preocupaci√≥n por garantizar los derechos del imputado frente al Estado. De ah√≠ que, la v√≠ctima ‚Äďsiguiendo el decir del profesor TAMARIT SUMALLA‚Äď fue un invitado inc√≥modo en dicha contienda19, Sin embargo, paulatinamente, se ha venido reconociendo la importancia de garantizar sus derechos dentro y fuera del proceso penal. Dem√°s est√° decir, que nos encontramos ante la evoluci√≥n del proceso jurisdiccional penal hacia una estructura tr√≠adica compuesta de tres elementos: imputado-Estado-v√≠ctima. Este progresivo protagonismo que la v√≠ctima adquiere en la pol√≠tica criminal contempor√°nea, ha tenido su base en la incesante normativa internacional que est√° promoviendo reformas legislativas en diferentes pa√≠ses de nuestro entorno iberoamericano.

En el primer √°mbito, su principal manifestaci√≥n ha sido la Declaraci√≥n de los Derechos de las V√≠ctimas del Delito y del Abuso de Poder, adoptada en la Resoluci√≥n 40734 de 29-XI-1985, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este instrumento proclama el derecho de las v√≠ctimas a ser tratadas con compasi√≥n y respeto a su dignidad, y reconoce los derechos de acceso a la justicia, informaci√≥n sobre el proceso, asistencia, reparaci√≥n a cargo de los agentes delictivos o terceros responsables, indemnizaci√≥n, en ciertos casos a cargo del Estado y protecci√≥n ante los peligros para su intimidad y seguridad20. Lo relevante del referido instrumento internacional es la definici√≥n amplia que brinda de v√≠ctima: ‚Äú‚Ķlas personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido da√Īos, incluidas lesiones f√≠sicas o mentales, sufrimiento emocional, p√©rdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislaci√≥n penal vigente‚ÄĚ. Adem√°s: ‚Äú‚Ķlos familiares o dependientes inmediatos de la v√≠ctima directa y a las personas que hayan sufrido da√Īos al intervenir para asistir la v√≠ctima en peligro o para prevenir la v√≠ctima‚ÄĚ. Y se ostenta tal calidad, con independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relaci√≥n familiar que tenga la v√≠ctima con √©ste.

4. Los derechos de las víctimas.

El desarrollo internacional, permiti√≥ la introducci√≥n en la mayor parte de ordenamientos procesales penales, de un reconocimiento legal de los derechos de las v√≠ctimas. Estos pueden estructurarse conforme a cinco contenidos: informaci√≥n, participaci√≥n, protecci√≥n, asistencia y reparaci√≥n. Esto es: (a) informaci√≥n relativa al proceso penal y a los recursos y prestaciones a los que la v√≠ctima tiene derecho; (b) protecci√≥n frente a amenazas o represalias contra su seguridad y la de su familia, pero adem√°s, quedan comprendidas aqu√≠ las medidas dirigidas a minimizar el impacto del proceso; (c) participaci√≥n, lo que comprende el ser escuchada por los diferentes operadores del sistema de justicia penal y canalizar sus peticiones; (d) asistencia ‚Äďllamada tambi√©n victimo-asistencia‚Äď que conlleva no s√≥lo asistencia jur√≠dica, sino tambi√©n la ayuda psicol√≥gica, psiqui√°trica y cualquier otra medida de apoyo social. Y la (e) reparaci√≥n, que contiene tanto una dimensi√≥n material y simb√≥lica de resarcimiento del da√Īo causado por el delito.

4.1. Información

La v√≠ctima carece ‚Äďgeneralmente‚Äď de toda informaci√≥n sobre la administraci√≥n de justicia, sobre el proceso penal y los mecanismos jur√≠dicos que ser√°n utilizados dentro del proceso penal; desconoce la forma en que se desarrollar√°n las pericias o los interrogatorios, cu√°nto tiempo tardar√° el procedimiento y en cuantas ocasiones tendr√° que testificar. De ah√≠ que, la v√≠ctima debe estar informada acerca del progreso de su denuncia o de toda aquella actividad que se relacione con sus intereses.

No le falta raz√≥n a MARCHIORI, al afirmar que esta carencia de informaci√≥n, y por consiguiente la marginaci√≥n que se hace a la v√≠ctima al desconocer sus derechos, constituye otra forma de victimizaci√≥n21. Por ende, el derecho sobre la evoluci√≥n de la causa, sobre las posibilidades de intervenir o sobre las consecuencias que ello posee para su persona y familia constituye el m√°s elemental derecho que debe ser implementado desde el primer contacto con las autoridades (polic√≠as y fiscales)22. As√≠, si bien la experiencia demuestra que son muy pocas las v√≠ctimas que desean intervenir, s√≠ existe en la mayor parte de los casos un deseo de ser informadas de todo cuando pudiera acontecer. Pues sabe que son decisiones judiciales que pueden afectarles. Por ende, el que la v√≠ctima manifieste una negativa expresa a recibir dicha informaci√≥n ‚Äďpues considera que esto le afecta ps√≠quicamente‚Äď, no es un argumento v√°lido para que los diversos √≥rganos del sistema de justicia penal ignoren en este derecho. El mismo debe cumplirse mientras ella no ejerza expresamente su derecho a no recibir la informaci√≥n. La forma pr√°ctica de este derecho va de la creaci√≥n y divulgaci√≥n de folletos informativos que contengan datos b√°sicos sobre el proceso penal y sus diversas fases, indicaci√≥n sobre los pasos que conllevan las pericias en las que tendr√° que intervenir o la manera en la que deber√° desenvolverse en los interrogatorios, enumeraci√≥n de las instituciones gubernamentales o privadas que pudieren brindarle diversos tipos de asistencia especializada, hasta llegar al env√≠o de una copia √≠ntegra de la decisi√≥n judicial en la que se haya visto involucrada.

4.2. Participaci√≥n ‚Äď o intervenci√≥n‚Äď.

Como apunta LUNA CASTRO, este derecho de intervención en los procesos jurisdiccionales fue entendido, en sus inicios, como de naturaleza eminentemente técnica; en otras palabras, como un derecho de acudir a los tribunales o de incitar al servicio jurisdiccional con relación a una determinada pretensión. Sin embargo, en la actualidad puede ser conceptualizado en tres distintos momentos: primero, el acceso a la justicia; segundo, una vez accedido, que sea posible la audiencia y la defensa, así como la protección de los derechos y la obtención de una decisión en un plazo razonable; y tercero, una vez dictada la sentencia, que ella tenga plena efectividad en su ejecución23.

Este derecho se relaciona con las diversas formas de intervenci√≥n que puede tener la v√≠ctima dentro del proceso penal, y que van desde resguardar el derecho de audiencia as√≠ como la facilitaci√≥n de las oportunidades de ofrecer y producir prueba hasta el derecho de mostrarse parte mediante la denominada acusaci√≥n particular o querella. Actualmente, existe una tendencia legislativa en Am√©rica Latina, a brindar un abanico de posibilidades participaci√≥n m√°s all√° de las que corresponden al querellante adhesivo o el acusador como: (a) intervenir y tener conocimiento de todas las actuaciones ante la polic√≠a, la fiscal√≠a, cualquier juez o tribunal; (b) que se le nombre int√©rprete o persona que sea capaz de explicar sus pretensiones cuando ello sea necesario; (c) ser o√≠da previamente ante cualquier solicitud favorable al imputado ‚Äďsalvo los casos en que habi√©ndose citado no comparezca a la audiencia‚Äď; (d) ofrecer pruebas personalmente en las etapas procesales determinadas para tal fin en el ordenamiento procesal penal, sin perjuicio de las facultades conferidas al fiscal; y (e) ser o√≠da por la autoridad judicial o administrativa antes de adoptar una decisi√≥n que le perjudique.

4.3. Asistencia.

La asistencia a las v√≠ctimas es el conjunto de prestaciones dirigidas a reducir los efectos de la victimizaci√≥n y que permitan reintegraci√≥n social de las v√≠ctimas24. En t√©rminos t√©cnicos, nos estamos refiriendo a la denominada asistencia victimol√≥gica, que tiene como objeto la elaboraci√≥n de un diagn√≥stico de car√°cter multi-disciplinar, cuyas conclusiones permiten adoptar diversas medidas de apoyo que coadyuven a restablecer de forma integral las diversas facetas personales de las v√≠ctimas del delito25. En efecto, se trata algo m√°s que el apoyo jur√≠dico, pues incluye la evaluaci√≥n y el tratamiento en aspectos sociales, econ√≥micos, psicol√≥gicos y hasta de naturaleza psiqui√°trica. De ah√≠ que se requieran profesionales altamente especializados con una alta dosis de sensibilidad a las necesidades de la v√≠ctima y que posean suficiente inteligencia emocional. Se trata entonces, de una asistencia especializada que debe entrar a funcionar desde que se tiene el primer contacto con la v√≠ctima, e implica tambi√©n, la necesidad de que exista un acompa√Īamiento en toda aquella diligencia procesal o administrativa que pueda incidir en sus derechos y el ofrecimiento de servicios de apoyo que se consideren oportunos para su posterior proceso de desvictimizaci√≥n.

La necesaria multi-disciplinariedad profesional en delitos con una alta gravedad en su victimizaci√≥n ‚Äďv. gr. la trata de personas o algunos delitos sexuales con altas dosis de violencia‚Äď, al decir de V√ćLCHEZ SOTO, requiere la intervenci√≥n, al menos, de un: (a) psic√≥logo: para eliminar el sufrimiento de la persona y guiar a la misma hacia una vida mejor en la que dispondr√° de unas herramientas que antes no ten√≠a para afrontar los problemas; (b) psiquiatr√≠a: siempre que los s√≠ntomas sean muy agresivos es conveniente la ayuda de f√°rmacos espec√≠ficos y de un control de la ingesta de los mismos; (c) m√©dico: las v√≠ctimas de trata suelen tener secuelas f√≠sicas, algunas internas y, por lo tanto, dif√≠ciles de identificar salvo cuando sus efectos se han vuelto demasiado evidentes; (d) trabajador social: para servir de apoyo a las v√≠ctimas, son las personas indicadas para ayudarlas en la reinserci√≥n social y en que sean valoradas como parte de la sociedad; y (e) abogado: para defender sus derechos y hacer que las medidas de protecci√≥n se apliquen. Por ende, siguiendo a este especialista del comportamiento humanos, un solo profesional no puede abordar todos los problemas derivados de la asistencia a las v√≠ctimas; puede ayudar a mejorar en un √ļnico aspecto, pero dejar√°n afuera los dem√°s26. Por ende, el concurso de diversas disciplinas profesionales es la clave para un √≥ptimo proceso de reintegraci√≥n de la v√≠ctima a su medio social.

El derecho de asistencia posee una dimensi√≥n intra-procesal y otra de car√°cter extra-procesal. La primera implica brindar una asesor√≠a jur√≠dica de corte integral, la cual, no s√≥lo debe comprender el soporte para enfrentar los diversos actos del proceso penal; sino tambi√©n, los actos que se efect√ļen antes las autoridades administrativas en un determinado pa√≠s cuando se trate de v√≠ctimas extranjeras. La segunda, en contar con el respaldo y acompa√Īamiento de la v√≠ctima en los planos m√©dicos, psicol√≥gicos, psiqui√°tricos, sociales y econ√≥micos.

Por √ļltimo, conviene tener presente la asistencia a las v√≠ctimas requiere una labor de individualizaci√≥n con relaci√≥n a cada caso concreto, es decir, que tome en cuenta los datos relacionados a la v√≠ctima, al hecho delictivo, al da√Īo provocado en la v√≠ctima y en su familia. Por otra parte, la voluntariedad de la v√≠ctima en la adopci√≥n de las medidas y programas es una condici√≥n indispensable para su aplicaci√≥n. De ah√≠ que, no queda compelerse a los perjudicados a intervenir en pr√°cticas cl√≠nicas o jur√≠dicas que no sean de su agrado, so pena de generar una indeseable victimizaci√≥n secundaria por parte de las diversas instituciones estatales. Resta decir, que siempre se aduce que la asistencia a las v√≠ctimas de los delitos es sumamente onerosa, y no se cuentan con los recursos econ√≥micos para ejecutar los programas; sin embargo, es dable buscar apoyo en los programas de voluntariado que pudieran impulsar las universidades bajo la modalidad de horas sociales y en las organizaciones no gubernamentales. Estas √ļltimas pueden desarrollar actividades de asesoramiento y acompa√Īamiento de v√≠ctimas en los diversos escenarios de la justicia penal, a fin de mantener la idea en las v√≠ctimas de que ‚Äúno se encuentran solas ante los delincuentes‚ÄĚ.

4.4. Protección.

Este derecho consiste en adoptar las medidas para proteger a las v√≠ctimas y sus familias ‚Äďtambi√©n testigos y peritos que se relacionen con determinados procesos penales‚Äď frente a la victimizaci√≥n secundaria o una probable re-victimizaci√≥n, es decir, ante probables riesgos personales que impliquen intimidaciones, represalias de individuos o grupos delictivos, as√≠ como, el evitar da√Īos emocionales o psicol√≥gicos que puedan aparecer en el transcurrir del proceso penal, por ejemplo, cuando ellas testifiquen ante la autoridad jurisdiccional.

Por tales motivos es que se habla de protecci√≥n de las v√≠ctimas dentro del proceso penal ‚Äďante eventuales venganzas del delincuente o su gripo‚Äď y del proceso penal ‚Äďla que puede tener lugar en la pr√°ctica de pruebas periciales o en los interrogatorios ante la autoridad judicial‚Äď. El derecho de protecci√≥n ha sido reconocido en la letra c) del art 6 de los Principios fundamentales de justicia para las v√≠ctimas del delito y de abuso de poder, cuando se√Īala que los Estados deben adoptar ‚Äúmedidas para minimizar las molestias causadas a las v√≠ctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, as√≠ como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidaci√≥n o represalia‚ÄĚ. Por su parte, en una materia m√°s especializada, el Protocolo relativo a la trata de personas anexo a la Convenci√≥n de Palermo contra la criminalidad organizada transnacional, se√Īala en los n√ļms. 1 y 5 de su art. 6, diferentes medidas como: (a) proteger la privacidad y la identidad de las v√≠ctimas, en particular, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas al delito; y (b) la adopci√≥n de medidas para resguardar a las v√≠ctimas mientras se encuentren en su territorio.

En suma, desde el √°mbito del Derecho internacional, se postula la protecci√≥n tanto de la intimidad como la seguridad de las v√≠ctimas ante un riesgo grave de afectaci√≥n, lo cual ha dado lugar a regulaciones espec√≠ficas como las leyes de protecci√≥n de testigos y peritos en causas criminales, y en las que fijan una diversidad de medidas que eviten, por ejemplo, la confrontaci√≥n f√≠sica entre la v√≠ctima y el procesado ‚Äďsalvo excepcionalmente que ello se requiera‚Äď. Adicionalmente, se identifican v√≠ctimas con una mayor vulnerabilidad y en las que caben aplicar medidas especiales para su protecci√≥n.

Lo anterior resulta de suma importancia cuando nos encontramos en supuestos de criminalidad organizada. Aquí, el carácter asociado de esta forma delictiva, sus peculiaridades jerárquicas, la clandestinidad de sus actividades, sus reglas internas de funcionamiento y su enorme capacidad para obstaculizar y neutralizar la acción policial y judicial, es donde la colaboración de los ciudadanos resulta decisiva y necesaria para su combate y evitar la impunidad de su accionar27.

Pero por otra parte, los procesos penales que se relacionan con la criminalidad organizada, son las situaciones más propensas para el desarrollo de la victimización secundaria. Así, por el modus operandi de esta compleja forma de delincuencia, los procesos jurisdiccionales suelen tener una duración desmesurada en la que las víctimas o los testigos pueden comparecer reiteradamente ante las autoridades; lo cual las enfrenta en varias ocasiones con los abogados de los presuntos autores del delito, o incluso, con los propios victimarios28.

El derecho a la protecci√≥n de las v√≠ctimas es un tema inacabado, pues requiere la implementaci√≥n ‚Äďtanto en los espacios policiales y judiciales‚Äď de espacios reservados y en los que se pueda reducir la posibilidad de contactos con el imputado u otras personas que se relacionen con √©l. Adicionalmente, resulta necesaria la formulaci√≥n de c√≥digos de buenas pr√°cticas y fomento de la sensibilizaci√≥n en los profesionales de diversas √°reas que tienen contactos con ellas, a fin de que no contribuyan a perjudicar el maltrecho estado ps√≠quico y emocional de los perjudicados por el delito. En especial, con relaci√≥n a los abogados particulares, que buscan desacreditar a las v√≠ctimas mediante preguntas acerca de su vida sentimental o sexual anterior o concomitante con el delito. En estas situaciones, la autoridad jurisdiccional debe estar atenta a evitar en lo posible este tipo de cuestionamientos en v√≠ctimas que pueda advertirse que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad ps√≠quica o emocional. A fin de minimizar estas inc√≥modas situaciones, la informaci√≥n previa que pueda aportar el agente del ministerio p√ļblico ‚Äďu otro profesional de una entidad gubernamental o privada‚Äď acerca de los fines y el m√©todo del interrogatorio forense puede ser de mucha utilidad, junto a ello, resulta necesario el acompa√Īamiento a la v√≠ctima por una persona de su confianza.

Por √ļltimo, resta se√Īalar que algunos ordenamientos en el √°mbito del Derecho comparado, prescriben la necesidad de una evaluaci√≥n individual de cada v√≠ctima, a fin de determinar sus necesidades especiales de protecci√≥n. Este enfoque m√°s din√°mico permite superar una clasificaci√≥n a priori como especialmente vulnerable (menores de edad/mayores de edad) que poseen la mayor parte de los c√≥digos procesales vigentes en Am√©rica Latina29. Es as√≠ que las posteriores reformas legislativas en la materia, deben ir enfocadas en una evaluaci√≥n individual de cada v√≠ctima, a fin de adoptar las medidas que resulten m√°s pertinentes ponderando otros factores concurrentes. La evaluaci√≥n que debe realizarla un equipo t√©cnico especializado, debiendo tener en cuenta: las caracter√≠sticas personales de la v√≠ctima, el tipo o la naturaleza del delito y las circunstancias en que fue cometido. Conviene tener presente, que cuando se trate de delitos que se desarrollen bajo la modalidad de grupo u organizaci√≥n criminal, siempre ser√° necesario adoptar motivadamente medidas que eviten el contacto visual con el infractor ‚Äďpor ejemplo, mediante un biombo, aplicaci√≥n de la t√©cnica gessel, circuito cerrado entre otras‚Äď cuando el caso lo amerite. La grabaci√≥n de su testimonio para su posterior reproducci√≥n en la vista p√ļblica, puede evitar el constante n√ļmero de manifestaciones que la v√≠ctima debe aportar en diferentes instancias. En resumen, como acertadamente sostiene TAMARIT SUMALLA, la v√≠ctima de una organizaci√≥n criminal es una v√≠ctima especialmente vulnerable, por ende, las medidas de protecci√≥n que se autoricen deben resultar efectivas30.

4.5. Reparación

La reparaci√≥n es lo contrario a la violencia, al castigo, a la humillaci√≥n y al aislamiento provocado por el delito. Significa etimol√≥gicamente: ‚Äúcomponer‚ÄĚ, ‚Äúremediar‚ÄĚ, ‚Äúenmendar‚ÄĚ. As√≠, desde la perspectiva victimol√≥gica, es atender y remediar el da√Īo causado a la v√≠ctima por una acci√≥n criminal con el fin de lograr su restablecimiento ps√≠quico, material y social. Por ende, y de acuerdo con MARCHIORI, es un derecho que tiene el ciudadano que result√≥ perjudicado por el delito y se constituye en un componente esencial de la asistencia que el Estado debe proporcionarle31.

Pese a que para algunos autores, la reparaci√≥n debe considerarse una instituci√≥n inacabada en cuanto a su evoluci√≥n y poco depurada respecto a su naturaleza, caracter√≠sticas y efectos32, en la actualidad, existe un consenso de que la reparaci√≥n comprende un significado m√°s amplio que el de la responsabilidad civil derivada del delito, y esto es porque: (a) abarca tambi√©n la compensaci√≥n del da√Īo social producido por el delito, de ah√≠ que se postule en muchos casos por una reparaci√≥n simb√≥lica; (b) exige un esfuerzo personal relevante ‚Äďno necesariamente econ√≥mico‚Äď al responsable penal de la infracci√≥n; (c) atiende a una pluralidad de dimensiones del da√Īo provocado por el delito, por lo que tambi√©n tiene un contenido no esencialmente econ√≥mico; y (d) el canon de exigibilidad al infractor en lo relativo a la prestaciones hacia a v√≠ctima, se mide conforme su capacidad. Por todo lo anterior, se habla que la reparaci√≥n debe contener dos dimensiones: un valor de resultado y un valor de acci√≥n, susceptibles de compensar, al menos con relaci√≥n a determinados delitos, una parte del desvalor propio del hecho del il√≠cito cometido33.

El art. 5 de la secci√≥n A de los Principios fundamentales de justicia para las v√≠ctimas del delito y de abuso de poder (1985) afirma que: ‚Äú[s]e establecer√°n y reforzar√°n, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las v√≠ctimas obtener reparaci√≥n mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informar√° a las v√≠ctimas de sus derechos para obtener reparaci√≥n mediante esos mecanismos‚ÄĚ. As√≠ el referido instrumento internacional, distingue entre el resarcimiento a cargo de los penalmente responsables o terceros, que consiste en la devoluci√≥n de los bienes o el pago por los da√Īos o p√©rdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimizaci√≥n, la prestaci√≥n de servicios y la rehabilitaci√≥n de derechos. Y la indemnizaci√≥n-reparaci√≥n, que corresponde al Estado cuando no sea suficiente el importe al que se encuentra obligado el agente delictivo o del que provenga de otras fuentes, y que implica un aporte econ√≥mico cuando: (a) las v√≠ctimas del delito hayan sufrido importantes lesiones corporales o menoscabo de su salud f√≠sica o mental como consecuencia de delitos graves; (b) la familia, en particular a las personas a cargo, de las v√≠ctimas que hayan muerto o hayan quedado f√≠sica o mentalmente incapacitadas como consecuencia de la victimizaci√≥n. A tales efectos, sostiene el principio n√ļmero 13, que se ‚Äúfomentar√° el establecimiento, el reforzamiento y la ampliaci√≥n de fondos nacionales para indemnizar a las v√≠ctimas. Cuando proceda, tambi√©n podr√°n establecerse otros fondos con ese prop√≥sito, incluidos los casos en los que el Estado de nacionalidad de la v√≠ctima no est√© en condiciones de indemnizarla por el da√Īo sufrido‚ÄĚ.

En la actualidad, existe una tendencia que tiene lugar desde los a√Īos setenta del siglo pasado, de incluir sistemas de reparaci√≥n a favor de las v√≠ctimas de determinados delitos con cargo a fondos p√ļblicos. En este sentido, conviene tener presente el Convenio de la Uni√≥n Europea de 24-XI-1983, el cual recomendaba a los Estados del referido continente la implantaci√≥n de sistemas de reparaci√≥n p√ļblica con relaci√≥n a determinados delitos violentos. Lo esencial de estos sistemas que operan de forma supletoria respecto de la responsabilidad civil derivada del delito y en los cuales el Estado se atribuye un derecho de repetici√≥n frente al responsable civil34.

Dentro de las razones que justifican este tipo de sistemas de reparaci√≥n, de acuerdo con RODRIGUEZ MANZANERA, se encuentran: (a) si el Estado se ocupa de los sectores de poblaci√≥n en condiciones desventajosas es pertinente que extienda su acci√≥n en beneficio de las v√≠ctimas de actos delictivos; (b) existe una obligaci√≥n estatal de indemnizar, ya que no es capaz de proteger a la colectividad de la criminalidad, no obstante que ella paga los servicios de polic√≠a, tribunales, c√°rceles, etc.; (c) un aporte econ√≥mico a las v√≠ctimas, puede facilitar su colaboraci√≥n respecto al sistema de justicia penal; y (d) el estado de insolvencia econ√≥mica en que se encuentran la mayor parte de delincuentes, por ser condenados a largas penas de prisi√≥n o porque carecen de las posibilidades monetarias para pagar los da√Īos causados, entre otras razones. En suma, al tomar el Estado bajo su responsabilidad la seguridad ciudadana, toma tambi√©n la obligaci√≥n de reparar sus fallas, deber que tambi√©n se manifiesta en los impuestos que los ciudadanos pagan al Estado para su protecci√≥n35.

Como vemos, la victimolog√≠a exige un concepto amplio de reparaci√≥n, que comprende: (a) una reparaci√≥n institucional penal, que puede implicar la condena del delincuente y el posterior cumplimiento de una pena; (b) una reparaci√≥n econ√≥mica que implica tanto la restituci√≥n como la indemnizaci√≥n pecuniaria, a cargo del agente delictivo o de un tercero ‚Äďen este caso, el tercero civilmente responsable‚Äď; (c) una reparaci√≥n social-comunitaria, que implica el reconocimiento de la responsabilidad y una disculpa a la v√≠ctima, lo que puede implicar escenarios a cargo de una justicia restaurativa. Dentro de esta categor√≠a caben actos recordatorios de las v√≠ctimas de determinados delitos mediante la conmemoraci√≥n. Lo que se busca aqu√≠, es superar el dolor que sufren las v√≠ctimas y sus familiares por el olvido de los comportamientos criminales de parte de la justicia y la comunidad ‚Äď por ejemplo nombrando de diferente manera a una plaza, cartas a las familiares, vigilias religiosas, etc.‚Äď; (d) la restituci√≥n monetaria a la comunidad implica el pago de dinero por parte del autor del delito a otra entidad generalmente un programa comunitario dirigido a ni√Īos, ancianos, familiares sin hogar, hospitales, etc.; y el (e) servicio a la comunidad, el cual requiere que el agente delictivo realice alg√ļn servicio a la comunidad. Ejemplo: pintando instalaciones p√ļblicas, colaborar limpiando parques, etc.36.

Citas

1 El presente art√≠culo se enfoca en una acepci√≥n sumamente estricta de la victimolog√≠a, como aquella disciplina que estudia los procesos de victimizaci√≥n que derivan de la comisi√≥n del delito. Por ende, e intencionadamente, nos apartamos de aquellas concepciones amplias acerca del objeto de estudio de la referida disciplina, que tambi√©n incluyen la victimizaci√≥n proveniente de hechos naturales o sucesos fortuitos. Un enfoque as√≠ de amplio se advierte en: RODRIGUEZ CAMPO/GARC√ćA MERCADER, quienes afirman que la victimizaci√≥n es ‚Äúaquella afectaci√≥n que una persona recibe en su esfera jur√≠dica por conductas o hechos humanos y de la naturaleza que deterioran su estatus social-jur√≠dico‚ÄĚ. Al respecto, v√©ase su libro: Victimizaci√≥n y desvictimizaci√≥n. Edit. Temis, Bogot√°, 2014, P√°gs. 17-18.

2 TAMARIT SUMALLA/VILLACAMPA ESTIARTE, Victimologia, justicia penal y justicia reparadora, Grupo Editorial Iba√Īez, Bogot√°, 2006, P√°g. 32.

3 En tal sentido MARCHIORI, define a la victimolog√≠a como una ‚Äúdisciplina trascendente para la comprensi√≥n, asistencia, acceso a la justicia y reparaci√≥n de las personas que sufren las consecuencias de los procesos de victimizaci√≥n‚ÄĚ. V√©ase su obra: Criminolog√≠a: la v√≠ctima del delito, Edit. Porr√ļa, M√©xico, 2015, P√°g. 12.

4 PEREDA BELTR√ĀN, ‚ÄúLa victimolog√≠a en el contexto de las ciencias sociales‚ÄĚ, en: PEREDA BELTR√ĀN/TAMARIT SUMALLA, Victimolog√≠a, te√≥rica y aplicada, Edit. Huygens, Barcelona, 2013, P√°g. 21.

5 Para GARLAND, el debate acerca de los derechos de las v√≠ctimas en el √°mbito anglosaj√≥n, ha llevado a que nos encontremos ante un ‚Äújuego de suma cero‚ÄĚ que define de la siguiente manera: ‚Äú[t]oda atenci√≥n inapropiada de los derechos o del bienestar del delincuente se considera como algo que va en contra de la justa medida de respeto por las v√≠ctimas. Se asume un juego pol√≠tico de suma cero, en el que lo que el delincuente gana lo pierde la v√≠ctima y estar ¬ęde parte¬Ľ de las v√≠ctimas autom√°ticamente significa ser duro con los delincuentes‚ÄĚ. Al respecto ver su libro: La cultura del control, Edit. Gedisa, Barcelona, 2001, P√°gs. 46-47. Sobre la extensi√≥n de esta justificaci√≥n neo-punitivista en el √°mbito iberoamericano y su respectiva cr√≠tica: D√ćEZ RIPOLL√ČS, La pol√≠tica criminal en la encrucijada, 1¬į Edici√≥n, Edit. B de F, Montevideo, 2007, P√°gs. 76-78. Tambi√©n: SILVA S√ĀNCHEZ, La expansi√≥n en el Derecho penal, 3¬į Edici√≥n, Edit. B de F, Montevideo, 2011, P√°gs. 46-48.

6 ALONSO RIMO, ‚ÄúLa v√≠ctima en el sistema de justicia penal II‚ÄĚ, en: BACA BALDOMERO/ECHEBUR√öA ODRIOZOLA/TAMARIT SUMALLA, Manual de Victimolog√≠a, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, P√°g. 400.

7 Sobre tales elementos: TAMARIT SUMALLA/VILLACAMPA ESTIARTE, Victimología, justicia penal y justicia reparadora, ob. cit, Pág. 47.

8 Ibíd. Págs. 50-51.

9 Sostiene PEREDA BELTR√ĀN que se ha constatado en los estudios relativos a la victimizaci√≥n infantil, que los diferentes abusos y malos tratos sufridos por un ni√Īo, comportan graves secuelas para sus v√≠ctimas, que pueden perdurar a lo largo de los a√Īos y constituirse en importantes problemas psicosociales en la edad adulta. Afirma al respecto: ‚Äú[d]esde el √°mbito de la psicolog√≠a del desarrollo, los resultados de diversos estudios sugieren que la vivencia de una experiencia fuertemente estresante, como en cualquier forma de victimizaci√≥n interpersonal, es un per√≠odo de alta plasticidad neuronal como la infancia, provoca disregulaciones en el desarrollo neurofisiol√≥gico cerebral, lo que, a su vez, parece conllevar problemas de relaci√≥n, disregulaci√≥n del estado de √°nimo y la conducta, as√≠ como m√ļltiples problemas sociales y emocionales en etapas posteriores‚ÄĚ. Al respecto: PEREDA BELTR√ĀN, ‚ÄúLa victimolog√≠a en el contexto de las ciencias de la salud‚ÄĚ, en: PEREDA BLETR√ĀN/TAMARIT SUMALLA, Victimolog√≠a te√≥rica y aplicada, Edit. Huygens, Barcelona, 2013, P√°gs. 47-48.

10 MARCHIORI, Criminología: la víctima del delito, ob. cit., Págs. 231-232.

11 TAMARIT SUMALLA agrega como consecuencia de la victimizaci√≥n se derrumban ciertas estructuras cognitivas del damnificado, en este sentido se afectan sus creencias en su invulnerablidad personal, la percepci√≥n de que el mundo es ‚Äúbenevolente‚ÄĚ as√≠ como una auto-percepci√≥n positiva de la vida. Ello de alguna manera determina la decisi√≥n adaptativa que tomar√° para superar el evento traum√°tico. Esto es colaborar con la justicia penal, no denunciar o participar en el proceso penal, y a√ļn s√≥lo mantenerse informada como van las indagaciones. Empero, como se reitera supra, el sistema penal debe respetar lo que la v√≠ctima decida.

12 TAMARIT SUMALLA, La Victimología: cuestiones conceptuales y metodológicas, en: A.A.V.V., Manual de Victimologia, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, Págs. 32-33.

13 De acuerdo con el profesor TAMARIT, tambi√©n se comprende dentro de la victimizaci√≥n secundaria, los efectos del tratamiento informativo del suceso por parte de los medios de comunicaci√≥n. Sin embargo, algunos autores consideran que la misma es parte de la victimizaci√≥n terciaria, as√≠ autores como el jurista mexicano LUNA CASTRO, sostienen que esta comprende ‚Äúlas secuelas o derivaciones perjudiciales para la misma v√≠ctima primaria (directa o indirecta) por parte de los elementos conformadores de su propio entorno o contexto social (el resto de los integrantes del medio social en que se desenvuelve) y que por lo general se refleja a trav√©s formas de estigmatizaci√≥n o etiquetamiento con alto factor de discriminaci√≥n‚ÄĚ. Desde su perspectiva, los medios de comunicaci√≥n y la sociedad misma no pueden estimarse como factores de ‚Äúvictimizaci√≥n secundaria‚ÄĚ, pues esta, es provocada √ļnicamente por las entidades del sistema formalmente institucionalizado, y ello pese al potencial que tienen de magnificar o intensificar la victimizaci√≥n. Sobre lo anterior: LUNA CASTRO, Los derechos de la v√≠ctima y su protecci√≥n en los sistemas penales contempor√°neos mediante el juicio de amparo, Edit. Porr√ļa, M√©xico, 2009, P√°g. 30.

14 ANDREU FERN√ĀNDEZ, citada por RODR√ćGUEZ CAMPOS/GARC√ćA MERCADER, Victimizaci√≥n y desvictimizaci√≥n, Edit. Temis, Bogot√°, 2014, P√°g. 98.

15 Sobre lo anterior: TAMARIT SUMALLA, Curso de especialización sobre victimología, sistema penal y justicia reparadora, Corte Suprema de Justicia de El Salvador, San Salvador, 2010, Pág. 25.

16 MARCHORI, Criminología. La víctima del delito, ob. cit. Págs. 6-7.

17 RODR√ćGUEZ CAMPOS/GARC√ćA MERCADER, Victimizaci√≥n y desvictimizaci√≥n, ob. cit, P√°g. 107. De acuerdo con estos autores, la resiliencia comprende: (a) sobrevivir al trauma; (b) cerrar la grieta (discernir entre lo que se puede cambiar y lo que no se puede cambiar para superar lo primero); (c) vivir con los dem√°s (sociable); (d) el ciudadano de s√≠. Construye el amor a s√≠ mismo, de donde de pronto sacar√° la fuerza para liberarse; y (e) el ciudadano de los dem√°s. Responsabilidad comprometida con el pr√≥jimo que parece una caracter√≠stica de la resiliencia asumida‚ÄĚ.

18 TAMARIT SUMALLA, La victimología: cuestiones conceptuales y metodológicas, art. cit., Págs. 35-36.

19 TAMARIT, en PEREDA BELTR√ĀN/TAMARIT SUMALLA, Victimolog√≠a te√≥rica y aplicada, ob. cit., P√°g. 306.

20 No puede dejarse de lado otro importante instrumento internacional que la Declaraci√≥n sobre los Principios y directrices b√°sicos sobre el derecho de las v√≠ctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones que corresponde la Resoluci√≥n 60/147 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16-XII-2005. Por otra parte, el Consejo Econ√≥mico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas en su resoluci√≥n 2005/20 de 22-VII-2005 aprob√≥ las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los ni√Īos v√≠ctimas y testigos de delitos, que desarrolla los derechos de informaci√≥n, audiencia, asistencia efectiva, seguridad, reparaci√≥n y respeto a la privacidad de los ni√Īos, ni√Īas y adolescentes que tengan relaci√≥n con el sistema de justicia penal. Adicionalmente, conviene tener presente el Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional (1998), en especial, lo establecido en su art√≠culo 68.

21 MARCHIORI, Criminología. La víctima del delito, ob. cit., Pág. 185.

22 TAMARIT SUMALLA/VILLACAMPA ESTIARTE, Victimología, justicia penal y justicia reparadora, ob. cit., Págs. 272-273.

23 Sobre esta perspectiva, y en la cual retoma la excepcional agudeza del profesor espa√Īol G√ďNZ√ĀLEZ P√ČREZ, V√©ase: LUNA CASTRO, Los derechos de las v√≠ctimas y su protecci√≥n, ob. cit., P√°gs. 41-42. Dentro de esta perspectiva, nos recuerda el profesor mexicano, que ‚Äúuno de los retos de las judicaturas del mundo actual implica no s√≥lo cumplir con un mayor acceso a los tribunales desde el punto de vista cuantitativo (m√°s asuntos o expedientes), sino tambi√©n cualitativamente hablando, esto es, garantizando la objetividad y excelencia en el ejercicio jurisdiccional requerido, y una de las formas esenciales para lograrlo resulta ser la especializaci√≥n judicial, dada la especialidad y diversidad compleja de las problem√°ticas o conflictos llevados ante los tribunales, con la leg√≠tima expectativas de los justiciables, no s√≥lo de que se resuelva, sino que se resuelva bien (de manera t√©cnicamente correcta)‚ÄĚ.

24 PEREDA BELTR√ĀN/TAMARIT SUMALLA, Victimolog√≠a te√≥rica y aplicada, ob. cit., P√°g. 322.

25 En este punto seguimos MARCHIORI, quien caracteriza a la asistencia-tratamiento como la aplicaci√≥n de todas las medidas tendientes al conocimiento, comprensi√≥n y ayuda a la v√≠ctima para atenuar y superar las consecuencias producidas por el delito. Por ende, el tratamiento que formular√° con relaci√≥n a la v√≠ctima, requiere de un correcto diagn√≥stico victimol√≥gico, que se basa en el conocimiento de los datos relacionados a la v√≠ctima, al hecho delictivo, al da√Īo provocado en la v√≠ctima y en su familia. V√©ase su libro: Criminolog√≠a, La v√≠ctima del delito, ob. cit, P√°g. 231.

26 V√ćLCHEZ SOTO, ‚ÄúAsistencia psicol√≥gica a las v√≠ctimas de trata‚ÄĚ, en: LARA AGUADO (Dir.), Nuevos retos en la lucha contra la trata de personas con fines de explotaci√≥n sexual: un enfoque interdisciplinar, Edit. Civitas, Navarra, 2012, P√°gs. 312-313.

27 Al respecto CUBILLO L√ďPEZ, La protecci√≥n de testigos en el proceso penal, Edit. Civitas, Madrid, 2009.

28 CRESPO BARQUERO, ‚ÄúLa protecci√≥n de las v√≠ctimas de la delincuencia organizada en el ordenamiento jur√≠dico espa√Īol‚ÄĚ, en: VILLACAMPA ESTIARTE (Coord.), La delincuencia organizada: un reto a la pol√≠tica criminal actual, Edit. Aranzadi, Navarra, 2013, P√°g. 192.

29 Sobre lo anterior, TAMARIT SUMALLA, ‚ÄúLas v√≠ctimas de la delincuencia organizada‚ÄĚ, en: VUILLACAMPA ESTIARTE (Coord.), La delincuencia organizada: un reto a la pol√≠tica criminal actual, Edit. Aranzadi, Navarra, 2013, P√°g. 178.

30 Ibídem., Pág. 186.

31 MARCHORI, Criminología. La víctima del delito, ob. cit., Pág. 201.

32 LUNA CASTRO, Los derechos de las víctima y su protección, ob. cit., Pág. 32.

33 Sobre lo anterior: TAMARIT SUMALLA, Curso de especialización sobre Victimología, sistema penal y justicia reparadora, Corte Suprema de Justicia de El Salvador, San Salvador, 2010, Págs. 50-51.

34 Sobre lo anterior: PEREDA BELTR√ĀN/TAMARIT SUMALLA, Victimolog√≠a te√≥rica y aplicada, ob. cit., P√°g. 321. Como muy bien exponen los autores, esto no tiene nada que ver con los supuestos en que el Estado es responsable civil subsidiario por los delitos o faltas cometidos por los servidores p√ļblicos, o con el mecanismo administrativo de la responsabilidad patrimonial del Estado por un defectuoso funcionamiento de los servicios p√ļblicos‚ÄĚ.

35 RODRIG√öEZ MANZANERA, Victimolog√≠a, 11¬į Edici√≥n, Edit. Porr√ļa, M√©xico, 2008, P√°gs. 395-396. En especial, v√©anse los diversos sistemas de indemnizaci√≥n estatal en el mundo a los que hace referencia el connotado crimin√≥logo mexicano.

36 Sobre lo anterior: MARCHIORI, Criminología, La víctima del delito, ob. cit., Págs. 195-198.

#YoEscriboYoLeoDerecho

* Profesor de Derecho penal y Política Criminal de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Docente del área penal de la Escuela de Capacitación Judicial de El Salvador.

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