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¿Por qué la emergencia carcelaria es un saludo a la bandera? Acerca de la ineficacia de las políticas gubernamentales para afrontar la crisis carcelaria

posted on March 25, 2020 by Super User posted in Artículos de Opinión

José Manuel Díaz Soto*

Que 23 reclusos hayan perdido la vida en un centro de reclusión de la capital del país, ubicado a pocas cuadras de la principal sede de la Fiscalía General de la Nación, debería ser suficiente para motivar un serio debate acerca del sistema penitenciario nacional. Infortunadamente, la opinión pública, consternada por el avance de la pandemia, se limitó a respirar tranquila con la noticia de que ningún reo escapó, sin prestar mayor atención al elevado número de muertos, de heridos -más de 80- o al sufrimiento de las familias de los privados de la libertad.

La respuesta del gobierno consistió en el decreto de la emergencia penitenciaria, medida de carácter administrativo que, mucho me temo, en nada va contribuir a mejorar las condiciones de vida de los más de 124.000 colombianos recluidos en las cárceles y penitenciaria administradas por el Inpec. Al respecto, conviene recordar que la emergencia penitenciaria no es una medida novedosa, por el contrario, hace apenas 4 años fue también decretada, cuando el cambio de los operadores del sistema de salud condujo a que la inmensa mayoría de los centros de reclusión permanecieran durante meses sin ningún tipo de atención médica. Como en 2016, todo indica que los efectos de la emergencia carcelaria serán, por mucho, modestos, por la muy sencilla razón que la susodicha emergencia no faculta a las autoridades penitenciarias a adoptar las medidas que amerita la gravedad de la crisis penitenciaria.

En efecto, la emergencia penitenciaria no es un más que un nombre rimbombante con el cual se designa la facultad que tiene el Director del Inpec, previa autorización del Consejo Directivo de la entidad, para realizar traslados de sindicados, quienes usualmente deben estar recluidos en el lugar donde se desarrolla su proceso, autorizar el ingreso de los miembros de la fuerza pública al interior de los centros de reclusión, remover o trasladar a funcionarios del Instituto involucrados en los hechos que motivan el decreto de la emergencia -recuérdese el paro protagonizado por los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia hace un par de años-, y solicitar el apoyo de entidades nacionales y territoriales para atender situaciones de calamidad al interior de las cárceles y penitenciarias. Adicionalmente, y de manera excepcional, durante la vigencia del estado de emergencia penitenciaria se faculta al Director del Instituto para realizar traslados presupuestales y contratar directamente los bienes y obras que requiera para conjurar la emergencia; facultad que también se concede al Director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.

La falta de idoneidad de estas medidas para paliar la crisis penitenciaria salta a la vista para cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de la dinámica del sistema penitenciario. La causa eficiente de la crisis es el hacinamiento, motivado por una política criminal expansiva y extremadamente punitivista, así como por la ralentización de la construcción y adecuación de nuevos cupos en las cárceles y penitenciarias durante la última década. En palabras más sencillas: la vida e integridad de los colombianos recluidos en las cárceles del país está en permanente riesgo porque no cabe un preso más en nuestros centros de reclusión, y ello obedece, por una parte, a que el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y los Jueces penales, incluidos los de ejecución de penas, han hecho un uso excesivo de la cárcel como herramienta de política criminal y, por otra, a que el programa de construcción y adecuación de nuevos cupos carcelarios ha mostrado escasos resultados en los últimos 10 años.

En lo que respecta al hacinamiento, lo primero que debe destacarse es que el porcentaje global de hacinamiento, que ubica la sobrepoblación carcelaria entre un 52 y 53%, obedece a una metodología errada que oculta más de lo que revela. En efecto, el Inpec toma los porcentajes de hacinamiento de cada cárcel y los divide por el total de establecimientos, como si los reclusos de Riohacha, que padecen niveles de hacinamiento del 360%, pudieran emplear el espacio de las pocas cárceles en las que no se registra sobrepoblación.

Más grave aún, conforme al último boletín estadístico del Inpec, correspondiente al mes de enero de 20201, 87 de los 114 establecimientos de reclusión registran niveles de hacinamiento superiores al 50%, es más, varias de las cárceles con mayor capacidad sufren niveles de sobreocupación que superan el 100%. Así, por ejemplo, la Cárcel Villahermosa, de la ciudad de Cali, reporta un hacinamiento del 192%, la Cárcel Bellavista, en Medellín, del 143%, La Modelo, en Bogotá, del 61% y La Picota del 79,5%.

Si este panorama no fuera lo suficientemente preocupante, la Corte Constitucional, en sentencia T-762 de 2015, en la que ratificó el estado de cosas inconstitucionales en las cárceles y penitenciarias del país, advirtió deficiencias graves en la metodología para establecer la capacidad de los centros de reclusión y ordenó que se adelantara una evaluación objetiva de la real capacidad de las cárceles y penitenciarias conforme a los mínimos internacionales de protección de derechos humanos; ejercicio que el Gobierno Nacional, inexplicablemente, aún no ha adelantado. Sin embargo, existen suficientes razones para afirmar que la capacidad reportada de los centros de reclusión está muy sobrevalorada, lo que supone que el hacinamiento carcelario es mucho mayor al informado. Así, por ejemplo, la capacidad reportada de la cárcel de Riohacha es de 100 personas, si se considera que, conforme a estándares mínimos adoptados por la Corte Constitucional, cada recluso debería contar con un espacio de alojamiento no inferior a 3,4 m2, el área de alojamiento de esta cárcel debería tener, cuando menos, 340 m2, pero las zonas de alojamiento en este centro de reclusión no superan los 120 m2, es más, informes de la Defensoría del Pueblo reportan que en este establecimiento carcelario los reclusos cuentan con 60cm2 para dormir2, si esto es así, el hacimiento en la única cárcel del Departamento de la Guajira no sería del 360%, como lo registra la estadística oficial, sino de más del 1000%.

Ahora bien, en cuanto la ralentización del proceso de construcción de nuevos cupos carcelarios, los datos del Inpec, desde junio de 1998, momento en que se declaró el primer estado de cosas inconstitucionales en las cárceles, hasta junio de 2019, revelan que la capacidad del sistema penitenciario creció en un 143%, pasando de 33.090 cupos, en el año 1998, a 80.236 en junio de 2019. Sin embargo, la población privada de la libertad creció en un 243% en el mismo período, aumentado de 49.816 a 122.004 personas recluidas. El análisis del incremento de cupos del sistema penitenciario y carcelario permite advertir que, de los 47.227 cupos creados durante el período señalado, el 85,6% fue construido entre los años 1998 hasta 2011, momento desde el cual se advierte un rezago de la capacidad del sistema penitenciario y carcelario para generar cupos nuevos; hasta el punto que durante los últimos 7 años apenas se habilitó el 14,3% de los cupos creados en los últimos 20 años.

No puede pasarse por alto que la construcción de nuevos cupos carcelarios ha disminuido sustancialmente desde que esta función fue delegada Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, entidad creada en 2011 con el propósito, paradójicamente, de incrementar la capacidad del Estado para mantener y ampliar la infraestructura carcelaria.

Ante este panorama, resulta evidente que la única forma de garantizar la vida e integridad de la población privada de la libertad es sustituyendo, de forma masiva, aunque plenamente razonada, la pena de prisión en establecimiento penitenciario a la que están sometidos miles de compatriotas por la también drástica pena de prisión domiciliaria; cuando menos hasta que aumente la capacidad real de los centros de reclusión. Infortunadamente, el régimen jurídico penal vigente, fruto del populismo punitivo, impide que se adopte tal medida, pero nada es óbice para que el Presidente de la República, amparado en las facultades legislativas que le confiere la Constitución Política durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, adopte esta decisión.

En conclusión, hoy, como nunca antes, el Presidente de la República tiene en sus manos la posibilidad de adoptar medidas eficientes para disminuir la crisis del sistema penitenciario y garantizar la vida de los privados de la libertad. Si el Gobierno Nacional no actúa inmediatamente y, por el contrario, continúa limitándose a adoptar medidas ineficaces como la emergencia carcelaria, mucho me temo que las cárceles serán el escenario en el que la pandemia golpeará con mayor furia en nuestro país.

P.D. Para el momento en que termino de escribir estas líneas, los medios de comunicación anuncian que el Presidente se dispone a adoptar un decreto legislativo en el que establece nuevas causales de prisión o detención domiciliaria que deberán ser decretadas por los jueces penales que ejercen funciones de control de garantías y de ejecución de penas; medida con la que se espera la excarcelación de alrededor de 15.000 reclusos. Celebramos esta decisión, pero ¿no sería mejor que directamente las autoridades penitenciarias concedieran la prisión o detención domiciliaria? Infortunadamente, la precaria infraestructura carcelaria y la dificultad de coordinar la labor de jueces y abogados hará sumamente difícil que se concedan con celeridad estos subrogados penales, lo que puede restar todo efecto útil a la medida. Si el Presidente de la República puede crear delitos con ocasión de un estado de excepción, arrogándose facultades que, en condiciones normales, son sólo del legislador, no hay razón jurídica para que no haga lo propio con el otorgamiento de la prisión domiciliaria; en especial si se considera que lo que está en juego es la vida de miles de colombianos.

Citas

1 El Informe puede ser consultado en el link: http://www.inpec.gov.co/web/guest/estadisticas Consultado por última vez el 24 de marzo de 2020.

2 Defensoría del Pueblo. Crisis Humanitaria en La Guajira 2014. Acción Integral de la Defensoría del Pueblo en el departamento. Bogotá, Defensoría del Pueblo, 2014.

#YoEscriboYoLeoDerecho

*Abogado de la Universidad Externado de Colombia.

Magíster en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia. Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como Defensor Delegado para la Política Criminal y Penitenciaria y asesor de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho en materia penitenciaria. Actualmente labora como docente del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, abogado litigante y consultor. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

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