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Proyecto de Actualización del Código Civil propuesto por la Facultad de Derecho de la U. Nacional.

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Revista Derecho, debates & personas*

La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, ha tomado la iniciativa de proponer al país una reforma del actual Código Civil, en el sentido de actualizarlo y, al mismo tiempo, unificarlo en su régimen de obligaciones y contratos con la legislación mercantil.

Para leer el texto completo descargar el archivo adjunto

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05 Jul, 20

Las pruebas extraprocesales -Un escenario privilegiado-

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Mónica Alejandra León G.*

A la hora de hablar de escenarios privilegiados para el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), resulta imperioso hacer referencia a las pruebas extraprocesales, las cuales se constituyen como un mecanismo eficaz y útil para asegurar los hechos que son objeto de prueba y que materializan la tan anhelada economía procesal.

El propósito de las pruebas extraprocesales es hacer efectivo el derecho fundamental a la prueba. El que exista i) la posibilidad de asegurar los hechos que son objeto de prueba incluso, antes de que se dé inicio a un proceso judicial o arbitral, ii) la suficiencia del uso de las TIC para su práctica, iii) que en el curso del proceso las partes puedan aportar pruebas extraprocesales practicadas de común acuerdo (incluso si no intervino el director del proceso ni ninguna otra autoridad y se alleguen por fuera de las oportunidades probatorias para la solicitud y aporte de medios de prueba, hasta antes de que se dicte el fallo), así como, iv) el hecho de que la figura de las pruebas extraprocesales pueda ser aplicada en los procesos arbitrales, en los que se adelantan ante distintas especialidades jurisdiccionales -incluyendo la de lo contencioso administrativo- y en los procesos adelantados por autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales, son algunos de los motivos que hacen de las pruebas extraprocesales un escenario privilegiado.

¿Existe alguna clasificación en materia de pruebas extraprocesales?

A mi juicio, se debe hacer distinción de dos categorías de pruebas extraprocesales, la primera, las pruebas extraprocesales propiamente dichas, como aquellas que se practican ante los jueces de la República (excepcionalmente ante notarios o alcaldes) reguladas en los artículos 183 a 189 del Código General del Proceso (CGP)1, la segunda, las pruebas practicadas de común acuerdo por las partes, que no exigen mayor formalidad y están previstas en el artículo 190 del CGP.

Dentro del gran género de las pruebas extraprocesales, existe otra clasificación a considerar -que no se opone a la descrita en anteriores líneas- es i) la de las pruebas anticipadas, que se practican cuando el asunto litigioso no ha iniciado, y ii) las concomitantes con el proceso, que se practican mientras se adelanta el proceso judicial o arbitral, pero en un trámite ajeno al mismo. Unas y otras se adelantarán bajo las reglas de las pruebas extraprocesales propiamente dichas o de las pruebas practicadas de común acuerdo según el objetivo de las partes.

¿Qué debe tenerse en cuenta a la hora de recurrir a las pruebas extraprocesales?

Estimo que, la regulación sobre la materia ha sido muy afortunada. En este sentido, el CGP ha sido detallado en describir el trámite para la categoría de las pruebas extraprocesales propiamente dichas y, en mi opinión, es suficiente en lo que tiene que ver con las pruebas practicadas de común acuerdo.

Para la práctica de las pruebas extraprocesales propiamente dichas debe tenerse en cuenta lo previsto por el CGP (artículos 183 a 189) para ciertos medios probatorios, adicionalmente debe elevarse una solicitud ante el juez competente2 que contenga: i) la narración de los hechos que fundamentan la petición de la prueba extraprocesal, ii) la identificación del medio de prueba que se pretende practicar, iii) el objeto de dicho medio de prueba, es decir, la determinación de qué es lo que se pretende acreditar, iv) si se quiere, cuando se trate de interrogatorio de parte, puede aportarse el cuestionario con las preguntas, el cual puede sustituirse con posterioridad, y por último, v) la identificación de los sujetos que deben intervenir en la práctica del medio de prueba extraprocesal y el lugar en el que puedan ser notificados.

Ahora bien, en relación con la categoría de las pruebas practicadas de común acuerdo por las partes, es importante precisar que, la única reglamentación al respecto es la dispuesta en el artículo 190 del CGP3, donde no se exige mayor formalidad.

¿Qué se recomienda en la práctica de las pruebas de común acuerdo? La suscrita recomienda que:

i) Se contacte al apoderado de la contraparte para acordar la práctica del medio de prueba.

ii) Las partes concreten la plataforma electrónica o virtual que utilizarán o -de realizarse de forma física- el lugar en el que quieren adelantar la diligencia.

iii) Se cite a los sujetos que deben intervenir en la práctica del medio de prueba por la vía más expedita (de forma física, por mensaje de datos, llamada telefónica, entre otros)4.

iv) Se guarde registro de la diligencia para su posterior aporte al proceso (por ejemplo, a través de una videograbación).

v) Cuando se esté adelantando la diligencia entre las partes, se apliquen las reglas del CGP para el respectivo medio de prueba.

vi) No hay lugar a recurrir a la práctica de pruebas de común acuerdo cuando alguna de las partes esté representada por el curador ad litem.

En términos generales, es esencial que -en todos los casos- de práctica de pruebas de común acuerdo se garanticen los derechos de defensa, contradicción y debido proceso.

¿Qué medios de prueba pueden practicarse de común acuerdo entre las partes?

En virtud de la libertad probatoria prevista en el artículo 165 del CGP, puede practicarse cualquier medio de prueba que sea útil para formar el convencimiento del juez, a título meramente enunciativo, hay lugar a que se adelanten: declaraciones testimoniales, interrogatorios a peritos, interrogatorios a las partes, declaraciones sobre documentos, entre otros.

Como resultará apenas lógico, no habrá lugar a esta figura cuando la naturaleza del medio de prueba exija la participación del juez, como ocurre -por ejemplo- con la inspección judicial.

¿Es decir que las partes de un proceso pueden practicar medios de prueba sin que intervenga el juez, tribunal arbitral, o alguna otra autoridad, en sus propias oficinas o usando medios electrónicos?

Sí, la institución de la práctica de pruebas de común acuerdo prevista en el artículo 190 del Código General del Proceso da lugar a ello.

En definitiva, las pruebas extraprocesales cumplen finalidades supremas, exigen un actuar diligente, estratégico y exigente tanto de las partes como del fallador del proceso en el que se pretendan hacer valer, y tienen una utilidad sobresaliente en las instituciones jurídicas. Estos, son solo algunos de los argumentos que permiten afirmar con vehemencia que las pruebas extraprocesales son un escenario privilegiado.

Citas

1 Ley 1564 de 2012 de la República de Colombia.

2 A elección del solicitante de la prueba extraprocesal, son competentes tanto el juez civil municipal como el juez civil del circuito, en primera instancia, tal como lo establecen los artículos 18 #7 y 20 #10 del Código General del Proceso. Y conforme a lo preceptuado en el artículo 28 #14, el factor territorial estará determinado por el lugar en el que se practicará el medio probatorio o por el del domicilio de la persona con quien deba cumplirse el acto.

3 La norma en comento señala en el primer inciso que “[l]as partes, de común acuerdo, podrán practicar pruebas o delegar su práctica en un tercero, las que deberán ser aportadas antes de dictarse sentencia.

4 Es indispensable precisar que cada uno de los litisconsortes necesarios deben estar representados, igual ocurre con las otras partes del proceso -si las hay- por ejemplo: los llamados en garantía, los intervinientes excluyentes, entre otros. Y será libre decisión de las partes si quieren contar con la presencia de los litisconsortes facultativos o de los terceros del proceso.

#YoEscriboYoLeoDerecho

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia. Máster en Derecho con énfasis en Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Docente e Investigadora de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado como directora del área de litigios y arbitraje en firma de abogados, así como Secretaría General y Directora Jurídica en Concesiones de vías 4G. Litigante y Consultora.

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14 Jun, 20

pruebas extraprocesales Pruebas Revista derecho Mónica Alejandra León

Capitulo 11 del Código Federal de Bancarrota de los Estados Unidos y su reconocimiento procesal en Colombia

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Kevin Schipkowski Navarro *

En estos días de crisis económica a causa de la pandemia generada por el Covid 19, es común encontrar en la prensa que diversos empresarios, cercanos al mercado colombiano, se han acogido al célebre Capítulo 11 del Código Federal de Bancarrota de los Estados Unidos (U.S. Insolvency and Bankruptcy Code), sin embargo, ¿usted conoce que significa acogerse a esta norma y su reconocimiento ante la jurisdicción colombiana? Acá te explico, lo que a mi concepto, debe conocer sobre el Capítulo 11.

¿Qué se entiende por "bancarrota"?

La bancarrota (o quiebra, como también es común decirle), es un hecho financiero eventual dentro del giro ordinario de toda operación comercial o productiva de una empresa, en donde, esta tiene dificultades de liquidez en su caja para poder cubrir sus obligaciones crediticias, operativas, laborales y fiscales.

¿La bancarrota significa "el final" de una empresa?

Esta situación financiera particular, no significa necesariamente el fin de una empresa. En los Estados Unidos, existe el Código de Insolvencia y Bancarrota (El equivalente a la Ley 1116 de 2016 en Colombia), en el cual se le solicita a un Juez de quiebras, protección legal bajo el amparo de la mencionada ley, para que, bajo una estricta evaluación de los bienes del deudor, se dé la posibilidad de un "nuevo comienzo" financiero al ayudar a las empresas adoptar correctivos administrativos para poder eliminar o pagar su deuda bajo la dirección y protección del tribunal

Capítulo 11 - Reorganización.

El Capítulo 11 hace parte del cuerpo normativo del Código de Insolvencia y Bancarrota de los Estados Unidos, el cual, tiene como objetivo permitir la reestructuración de la operación de los negocios de la empresa deudora, con domicilio social en Estados Unidos, para poder pagar sus acreencias en determinado plazo, previamente pactado con los acreedores y aprobado por el Juez de quiebras.

El Administrador Fiduciario de los Estados Unidos del Ministerio Publico debe designar comités para que representen los intereses de los acreedores y contribuir al trabajo en equipo junto a la empresa deudora para desarrollar el plan de reorganización con el cual aliviar las obligaciones adeudadas. Luego, los acreedores deben consentir el plan de reestructuración de deuda de la empresa insolvente para su posterior aprobación por parte del Juez. Sin embargo, lo anterior, el Juez de quiebras tiene la potestad legal de aprobar de aprobar el plan de reorganización de la empresa si considera que este es suficientemente factible para la recuperación de la empresa deudora, aunque no todos los acreedores estén de acuerdo con el plan.

Tengamos presente que al momento en que una empresa solicita ser admitida bajo el Capítulo 11, la empresa automáticamente se convierte en un "deudor en posesión" (debtor-in-possession), que implica que seguirán bajo su propiedad aquellos bienes sobre los cuales los acreedores tienen algún reclamo legal bajo un derecho de retención. La figura del "deudor en posesión" está diseñada para que, la empresa deudora actúe como su propio fideicomiso, por lo que tiene los derechos y responsabilidades de un fideicomisario.

¿Una empresa con domicilio fuera de los Estados Unidos puede acogerse al Capítulo 11?

El Código de Bancarrotas americano establece amplios criterios de admisión de empresas deudoras al procedimiento judicial ante las cortes de quiebra de ese país. El más relevante, es el relacionado con el domicilio del deudor, el cual, las reglas de admisión establecen que, si la empresa cuenta con domicilio, lugar de negocios o simplemente cuenta con activos en los Estados Unidos, esa empresa puede solicitar la supervisión de la corte para reestructura de sus finanzas y operaciones. Es menester precisar que no existe una cantidad mínima de activos para ser elegible a este beneficio.

¿Qué beneficios tiene para una empresa extranjera acogerse al Capítulo 11?

El beneficio más importante, a mi concepto personal, es la aplicación misma del concepto de Reorganización, ya que, en muchos países, aun no hay una legislación clara o existente en materia de Reorganización empresarial.

Se podría decir que los requisitos legales para ser admitido dentro de una Corte Federal de quiebras son sencillos de cumplir, además, su proceso de admisión suele ser rápido.

Los administradores de la empresa deudora mantienen el control sobre las operación y negocios de esta (a menos que el juez determine por condiciones extraordinarias nombrar a un interventor o fideicomisario). Ahora, el control ejercido por los administradores no es ilimitado, ciertas decisiones deberán ser aprobadas por el Juez.

Se detiene cualquier tipo de acción de cobranza presente o futura en contra de la empresa deudora, aplicable a todo tipo de acreedor de la compañía, mientras se negocia el plan de pago con sus acreedores y su posterior ejecución.

El porcentaje de acreedores que decidan aceptar la reestructuración de las deudas de la empresa en proceso de reorganización suele ser bajo en comparación al exigido en otras jurisdicciones fuera de los Estados Unidos.

¿Un proceso de reorganización adelantado por una empresa con operaciones comerciales en Colombia bajo el marco jurídico del Capítulo 11 del Código Federal de Insolvencia y Bancarrota de Estados Unidos, puede ser reconocido por la jurisdicción colombiana y hacer extensible sus afectos a los acreedores colombianos?

Si, una empresa con operaciones comerciales en Colombia, acogida a un proceso de reorganización ante una corte federal de quiebras en Estados Unidos bajo los términos del Capítulo 11, puede ser reconocido en Colombia gracias a la regulación específica de los procesos de Reorganización Transfronterizos regulados en el Titulo III de la Ley 1116 de 2006.

Para este trámite la Superintendencia de Sociedades actúa en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme lo señalado en el Artículo 116 de la Constitución y el 6º de la Ley 1116 de 2006, como Juez del proceso de Insolvencia no principal.

La finalidad de este proceso de insolvencia no principal (En Colombia, denominado así por la Ley 1116 de 2006), es reconocer el proceso extranjero y hacer extensibles las órdenes proferidas por el Juez del Concurso principal (Para el caso de este artículo, en Estados Unidos) a los bienes y acreedores ubicados en Colombia.

Una de las funciones del Juez del Insolvencia no principal de la Superintendencia de Sociedades es verificar la adecuada participación de los acreedores colombianos en el proceso principal que se adelante ante el Juez del Concurso en los Estados Unidos.

La Superintendencia de Sociedades, como Juez del proceso no principal, en el proceso de insolvencia transfronteriza, ejercerá sus competencias legales para adelantar el proceso y velar por los derechos de los acreedores y todos los interesados en Colombia del proceso principal en los Estados Unidos.

En caso de ser reconocido en Colombia el proceso de reorganización extranjero, se dará cumplimiento a las órdenes del Juez principal norteamericano en Colombia, sin perjuicio de la preservación de las normas de orden público en el país.

Bibliografía

Para la construcción de este artículo, tuve en cuenta las siguientes fuentes:

• Chapter 11, U.S. Insolvency and Bankruptcy Code.

• U.S. Securities and Exchange Commission.

• Título III, Ley 1116 de 2006 de la Republica de Colombia.

• Oficio 220-286651 proferido por la Superintendencia de Sociedades el veinte (20) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

#YoEscriboYoLeoDerecho

* Abogado Especialista en Derecho Comercial, Corporativo y M&A..

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07 Jul, 20

Aplicación de las nuevas tecnologías en la materialización de las medidas cautelares

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Para Derecho, debates & personas es un gusto presentar a la Dra. Mónica A León, en nuestra sección de Jóvenes Talentos. En esta ocasión la Dra. León hace una excelente exposición sobre la penhora online y los beneficios que para nuestro sistema judicial y en especial en el procedimiento cautelatorio podría ofrecer. Bienvenidas las ideas renovadoras y la utilización de las tecnologías en aras del mejoramiento de nuestro sistema judicial y la garantía del acceso a la justicia con eficacia.
 
Mónica Alejandra León Gil1 

En Derecho Probatorio es usado un aforismo que señala “tanto vale no tener un derecho, como tenerlo y no poder probarlo”, analógicamente diremos “tanto vale no tener un derecho, como que sea reconocido en una sentencia y no pueda ser garantizado o protegido”, dicha garantía se logra a través de las medidas cautelares pues permiten la efectivización de los derechos. Preliminarmente aclararemos que en las siguientes líneas tomaremos el nomen iuris “medidas cautelares” en su sentido amplio y generalizado, sin hacer referencia a la distinción que se hace por la doctrina, y que existe en deferentes ordenamientos jurídicos con diversas denominaciones como procedimiento cautelatorio, medida anticipatoria, decisión provisional, procedimiento precautorio, cautela, medida previsoria, entre otros.

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30 Jul, 19

Un marco teórico para identificar los vicios en la motivación fáctica de las sentencias

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Juan Igartua Salaverría

I. TRAZANDO COORDENADAS

La identificación y descripción de los vicios o patologías (palabras que usaré indistintamente) de la motivación tienen, en sede judicial, una utilidad práctica: posibilitar su control institucional para adoptar, de seguido, las medidas procesales previstas por el ordenamiento. Y siempre con la vista puesta en un objetivo: asegurar un resultado justo. Por tanto, nos parece pertinente enfocar el examen de los vicios teniendo presente ese presupuesto. A tal fin, trazaremos unas líneas que acotan la perspectiva que consideramos adecuada.

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30 Jul, 19

¿La sentencia mediante la cual se fija una cuota alimentaria es susceptible de ser conciliable para iniciar un proceso de exoneración de alimentos?

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Sheila Amaya Jiménez*

Dentro del ordenamiento jurídico colombiano, las personas cuentan con los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), tales como, la conciliación, la amigable composición, la transacción, la negociación, la mediación, y el arbitraje; los cuales han sido considerados por la doctrina como herramientas que ofrecen a los ciudadanos diversas oportunidades para solucionar sus diferencias por sí mismas o con la ayuda de un tercero, sin la necesidad de acudir ante los jueces de la república.

La conciliación, ha sido considerada como el mecanismo alternativo de solución de conflictos por excelencia, puesto que tiene una doble connotación, (1) no solo sirve para que las partes diriman sus diferencias, sino que además (2) comporta el carácter de ser un requisito de procedibilidad, es decir, “suele ser un paso sustitutivo para que los conflictos no lleguen a estrados judiciales formales”. (Lemus, 2014, p. 53).

A través de la ley 640 de 2001, se establecieron los asuntos susceptibles de ser conciliables en materia de derecho de familia, civil, contencioso administrativo y laboral, con el fin de descongestionar los diversos despachos judiciales del país; por ello, en la mencionada norma se estableció que antes de acudir a los estrados, las personas deben agotar el requisito de procedibilidad, cuando las cuestiones a conciliar sean transigibles, desistibles y aquellos que exprese la ley, para que así no se vean inmersos en un litigio desgastante.

Así las cosas, en materia de derecho de familia, el artículo 90 del Código General del Proceso (C. G. del P.), y en concordancia con el numeral 4 del artículo 40 de la ley 640 de 2001, antes de iniciar cualquier trámite judicial que verse sobre alimentos, bien sea, fijación, aumento, disminución o exoneración, se debe agotar el requisito de procedibilidad, so pena de que sea inadmitida la demanda, para que en el término de cinco (5) días hábiles se adjunte la constancia de haber agotado el requisito de conciliación, puesto que, de no subsanar dicho yerro, el juez procederá a rechazarla.

En el caso sub examine, el proceso de exoneración de alimentos, a la luz del numeral 6 del artículo 397 del C.G. del P., debe tramitarse como un verbal sumario, ante el mismo juez que conoció del proceso de fijación de alimentos, esto cuando la fijación previamente se hizo ante el Juez de Familia; y es aquí donde vale la pena preguntarse si ¿hay lugar para que el Juez de Familia inadmita la solicitud de exoneración por la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, máxime cuando los alimentos han sido fijados a través de sentencia judicial?

Pues bien, los operadores jurídicos han aceptado la tesis de que no es necesario agotar el requisito de procedibilidad tal y como lo prevé el artículo 40 de la ley 640 de 2001, cuando la cuota de alimentos ha sido fijada mediante sentencia. Sobre el particular, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con radicado No. 11001-22-10-000-2017-00122-01 de 27 de abril. M.P. Ariel Salazar Ramírez, afirma que “(…) al tener a su cargo una obligación alimentaria, declarada por vía judicial, lo que le correspondía entonces al alimentante, era sencillamente solicitar al mismo juez que fijó aquella prestación, exonerarlo de la cuota (…)”.

Conforme lo anterior, cuando los alimentos sean fijados mediante sentencia judicial, el Juez de Familia no debe exigirle a la parte demandante, que acredite el requisito de procedibilidad, con lo cual se configura una excepción al artículo 40 de la ley 640 de 2001. No obstante, la práctica jurídica demuestra que, en diferentes ocasiones los Jueces, no tienen claridad cuando es o no procedente exigir la conciliación, lo que genera en múltiples escenarios diversos traumatismos procesales para acceder a la administración de justicia, por ejemplo, cuando se inadmite la demanda por no agotar la conciliación pese a que la cuota de alimentos haya sido previamente fijada por medio de sentencia, porque como se dijo anteriormente, en este caso, no se hace exigible dicho requisito, y en su lugar, lo correcto es proceder a admitir la demanda, siempre y cuando esta cumpla con los requisitos formales previstos en el artículo 82 del C.G. del P.

Ahora bien, cuando se inadmite infundadamente la demanda de exoneración de alimentos, no queda otro camino procesal que acudir a la teoría según la cual, los autos ilegales no atan ni al Juez ni a las partes. Por ello, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Laboral mediante Auto de 21 de abril de 2009., M.P. Isaura Vargas Díaz, reiteró que (…) El error cometido en una providencia no lo obliga a persistir en él e incurrir en otros, menos, cuando su causa, como en este caso ocurrió, fue precisamente otro error. Por lo dicho, debe atenderse el aforismo jurisprudencial que indica que ‘los autos ilegales no atan al juez ni a las partes’ y, en consecuencia, apartarse la Corte de los efectos de la mentada decisión.

En suma, debe plantearse la posibilidad de eliminar la conciliación como requisito de procedibilidad en las solicitudes de exoneración de alimentos o que se incorpore de forma expresa en la ley 640 de 2001 la excepción cuando la fijación de cuota alimentaria se realice mediante sentencia judicial y, posteriormente el demandante, quiera exonerarse de la cuota alimentaria ante el mismo juez de familia, dado que, en ocasiones, la admisión o inadmisión de la demanda, depende del criterio subjetivo del operador jurídico, en atención a la interpretación sistemática del ordenamiento, lo que conduce entonces a que existan casos en los que se acepte la tesis de que las sentencias judiciales no son susceptibles de ser conciliables, o bien, pueda que no se acoja a este planteamiento, y en su lugar, el juez haga efectivamente necesario agotar el requisito de procedibilidad, conduciendo a los ciudadanos a hacer uso de la conciliación de forma ineficaz e indiscriminada.

VI. Bibliografía

1. Código General del Proceso. Segunda Edición. Legis Editores S.A. Bogotá, Colombia (2016).

2. Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 27 de Abril de 2017. M.P. Ariel Salazar Ramírez. STC5710-2017.

3. Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Auto de 21 de Abril de 2009. M.P. Isaura Vargas Díaz. Radicado: 36407

4. Congreso de Colombia. (24 de Enero de 2001) . Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones. Ley 640 de 2001 DO: 44.303. Recuperado de:

5. Lemus, A. (2014). La mediación y conciliación. Bogotá, Colombia: Ibañez, pág. 53.

#YoEscriboYoLeoDerecho

*Abogada y Conciliadora Extrajudicial en Derecho egresada de la Universidad Militar Nueva Granada.

Actualmente, cursa la Especialización en derecho de la competencia en la Pontificia Universidad Javeriana. Miembro de la Red de Arbitraje Juvenil de la Cámara de Comercio. En el año 2014, participó como ponente en las XII Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, realizadas por la Pontificia Universidad Javeriana.

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26 Mar, 20