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La publicidad en los procesos penales de cara a la libertad de comunicación.

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María Angélica Patrón Pérez*

Dentro de los principios rectores y garantías procesales que rigen el sistema penal acusatorio está el de publicidad, ubicado en los artículos 18 y 149 de la Ley 906 de 2004, según los cuales, por regla general, toda la actuación será pública, tendrán acceso las partes –como es apenas elemental-, los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. Sin embargo, hay excepciones que permiten disponer la reserva de la actuación, entre otros, los siguientes:

(i) Cuando se trate de delitos sexuales (L. 1257/2008, Art. 33); (ii) por motivos de orden público, seguridad nacional o moral pública (L. 906/04. Art. 150); (iii) la víctima sea menor de edad (Ibídem. Art. 151); (iv) interés de la justicia, que se vea amenazado, por ejemplo, en lo relativo a la imparcialidad del juez o la jueza (Ibíd. Art. 152), (v) las audiencias de control de legalidad sobre allanamientos, registros, interceptación de comunicaciones, vigilancia, seguimiento de personas y cosas, realización de inspección corporal, obtención de muestras (Ibídem. Art. 155), (vi) solicitud de orden de captura (Ibíd. Art. 221, 297), etc.

La publicidad ha sido analizada por la Corte Suprema de Justicia. En el auto con Rad. Nº 39293 recordó que no es absoluta, puede ser restringida por interés de la justicia, entre otras cosas, con el propósito de evitar que se afecte la imparcialidad de los funcionarios y se desarrollen los procesos de manera ecuánime, respetuosa, etc. En la decisión con Rad. Nº 42469 señaló que no es en los medios de comunicación donde se debe ventilar lo que se pedirá al interior de la causa penal y que pueden existir límites frente a las manifestaciones que se hacen o se puede disponer que las sesiones sean a puerta cerrada. Decisiones que son perfectamente admisibles y no necesariamente obedecen a motivos subrepticios o acomodadizos.

Y, esa posibilidad de reserva por motivos de interés de la justicia, por la imparcialidad del juez, el normal desarrollo de las actuaciones, es trascendental para evitar que se conviertan en caldo de cultivo para confrontaciones mediáticas, sobre todo en la dictadura del click como lo llamó Ruiz (2019), donde las noticias son difundidas sin hacer corroboraciones de rigor, en las que por la búsqueda de un like, retweet o “fama” pasajera se ventilan los asuntos velozmente, siendo que lo importante es que se busque la verdad, se entienda la realidad del contexto y se comprenda que los periodistas no encarnan el rol de juez, de manera que no están llamados a anticipar medidas de aseguramiento o la abstención de estas, ni a predecir condenas o absoluciones, porque eso nublaría el panorama.

No se pretende negar la importancia a que se conozcan los pormenores de las actuaciones, pues es una forma de control social, siempre que se difundan del modo correcto, sin sesgos, sin anticipaciones de resultados, sin señalamientos a ninguna de las partes, intervinientes, director o conductor del proceso, puesto que lo contrario sería lo que ha retomado Nieva (2017) en punto de los llamados juicios paralelos, que en su consideración es un espacio para el escarnio público, para que las víctimas aprovechen para direccionar las miradas hacia el sindicado, para que este reafirme su inocencia (aun cuando se presume), todo, en desmedro de las garantías de los involucrados y del proceso mismo.

De modo que, se debe permitir el despliegue del principio de publicidad, que no haya abusos propios de la clandestinidad, pero que se imponga mínimo como deber ético, que no hagan eco de lo que se pasa en la vista pública sin hacer reflexiones, puesto que como ha sucedido en algunos casos, se yerra en la terminología que va más allá de lo formal; se considere que además de los indicios que pudiesen existir en contra de las personas involucradas, corresponde esperar el resultado del proceso; se evite la filtración de las evidencias, porque contamina a quien corresponda decidir; no se lancen toda suerte de análisis sin saber qué es lo que en verdad será incorporado a la actuación; no se apegue a una de las versiones dadas, de suerte que, los sujetos en contienda procesal no son imparciales.

Lo anterior en razón a que confluyen en la desinformación, generando sospechas infundadas, creando un ambiente que en algunos eventos no se compadece con lo que en verdad está sucediendo, forjando una evidente presión social que puede atentar, aunque no se reconozca de ese modo, con la imparcialidad que debe orientar las actuaciones de los jueces, porque se trata de seres humanos que no siempre resisten las influencias (no reconocidas) que los pueden sugestionar, por ejemplo en casos de transcendencia pública, y aunque existan las figuras del impedimento y la recusación, corresponde hacer un considerado llamado de atención a la sociedad y a los que difunden las opiniones periodísticas para que eliminemos del imaginario colectivo, que toca llevar a la palestra a los procesados, que si están siendo investigados basta con esas sospechas para “condenar” a través de los medios de comunicación y del voz a voz.

Lo anterior, sin perjuicio a que se difundan noticias amparadas en la publicidad de las actuaciones sin que trastoque el normal desarrollo de los procesos. Controlar esto parece una tarea titánica y para el juez parece ser un esfuerzo sobrehumano, quien debe decidir sin parcialidad de ningún modo y soportar las críticas de la parte en contra de cuyos intereses se resolvió. No queda duda que la publicidad del proceso está unida a la libertad de comunicación y esta a su vez se encuentran ligada con la verdad que se genera del proceso, de modo que, como lo sugieren Marioni y Mitidiero (2019):

(…) la libertad de comunicación debe moverse en un marco que pretenda interpretar de manera apropiada los actos del proceso a fin de informar al público, y no formar la opinión del público a fin de ejercer una indebida presión sobre el órgano jurisdiccional (p. 41).

Ello por cuanto podría atentar de algún modo con la imparcialidad y objetividad que aparecen también dentro del capítulo de principios rectores y garantías procesales (Art. 5. L. 906/04) y no hay manera de poner límites a los desafueros que a veces se comenten, puesto que como se decidió en el caso estadounidense New York Times Vs. Sullivan la libertad de comunicación y expresión se protege aun cuando no hay correspondencia entre la verdad que sale a partir del proceso y lo que se interpreta, salvo que haya dolo.

La cuestión entonces radicaría en no llevar las cosas al extremo, puesto que la publicidad y la libertad de comunicación son de suma importancia, necesarias en un Estado que se dice Social de Derecho, deben ser respetadas y protegidas, pero ello no quiere decir que no se deban poner límites, desde lo ético, desde la mirada profesional, en procura de no socavar la independencia judicial y los derechos de quienes están inmersos en el proceso.

Bibliografía

Ceballos Ruiz, Y. (2019). En el filo de la navaja. Colombia. Ed. Aguilar. Nieva Fenoll, J. y Otieza, E. (dirs.). La independencia judicial: un constancia asedio. Madrid. Ed. Marcial Pons. Nieva Fenoll, J. (2016). La ciencia jurisdiccional: novedad y tradición. Madrid. Ed. Marcial Pons.

Leyes

Ley 906 de 2004. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Agosto 31 de 2004. DO. Nº 45658. Ley 1257 de 2008. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos penal, de procedimiento penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Diciembre 4 de 2008. DO. Nº 47193.

Casos legales

Corte Suprema de justicia. Sala de Casación Penal. M.P. Gustavo Malo Fernández. Proceso Nº 42469. 01/02/2017. _____. M.P. José Luís Barceló Camacho. Proceso Nº 39293. 31/07/12

*Abogada, Universidad del Norte, Barranquilla.

Especialista en derecho penal, Universidad del Norte, Barranquilla. Egresada de Maestría en Derecho Penal y Criminología, Universidad Libre-Seccional Barranquilla. Abogada Asesora de Magistrado Sala Penal de Tribunal Superior.

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13 Oct, 19

dr. dr. h. c. mult. Claus Roxin. Homicidio a petición y participación en el suicidio derecho vigente y propuestas de reforma ( )

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SECCIÓN DOCTRINAL HOMICIDIO A PETICIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL SUICIDIO DERECHO VIGENTE Y PROPUESTAS DE REFORMA ( ) DR. DR. H. C. MULT. CLAUS ROXIN Munich

RESUMEN ( )

El presente trabajo tiene su origen en sendas conferencias impartidas el pasado 21 de enero de 2013 en un congreso médico celebrado en Berlín, el 6 de febrero de 2013 en la Universidad de Múnich (invitado por Helmut Satzger; Petra Wittig y Ulrich Schroth), y el 8 de febrero de 2013 en la Universidad de Giessen (invitado por Thomas Rotsch).

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24 Aug, 19

Columna Dominical: El debate probatorio en los delitos sexuales

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María Angélica Patrón Pérez*

El pasado quince (15) de mayo de 2019, la Corte Suprema de Justicia, a través de la decisión con Rad. Nº 49487 trajo a cuento un tema de enorme complejidad, como lo es el debate probatorio en los delitos sexuales y al que poca atención se le ha prestado, puesto que las determinaciones de las Altas Cortes y de las que hacen eco los Tribunales y los Jueces de todo orden, han dado bandazos de un lado a otro, sin siquiera hacer consideraciones robustas en torno a las reglas de valoración probatoria que imponen este tipo de asuntos, que aunque son de suyo sensible para la sociedad en general, no se puede perder la perspectiva en cuanto a que al encausado le asisten unos derechos y que el propósito final es alcanzar la verdad, aunque sea la procesal y para ello hay unos modos para hacerlo, que trascienden de las meras formalidades.

En la decisión arriba aludida, los extremos fácticos se contraen a que una menor de aproximadamente cinco años, fue supuestamente accedida, por la vagina, por una persona de sexo masculino, de aproximadamente de 45 años, ello, en las inmediaciones de una piscina donde aquél laboraba cerca y en donde la infante se encontraba en compañía de su señora madre y otros niños.

El procesado fue condenado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años (Art. 208 de la Ley 599 de 2000. Por la cual se expide el Código Penal. Julio 24 de 2000. DO. Nº 44097). Sin embargo, la Corte, casó la decisión y en reemplazo de aquellas (primeras y segundas instancias) absolvió al procesado, por diversas razones, dentro de las que sobresalen las que pasamos a ver:

De un lado, puso el foco en la complejidad que representa la valoración del testimonio de quien aparece como víctima cuando se trata de delitos sexuales, sobre todo si es una (o un) menor, ello, sin perder de vista la relevancia y preponderancia que tiene esa declaración, lo que por supuesto no implica que sea una apreciación acrítica o que con base a la primacía de los derechos de los infantes se pueda dar un trato condescendiente o acomodadizo, cuando lo exigible es que se valoren las pruebas en conjunto y que no se anticipe el valor de aquéllas, máxime que lo pretendido en un proceso es llegar a la verdad (o a la aproximación procesal de ésta), sumado a que esa especie de criterio anticipado de verdad cercena los derechos del procesado.

En punto de lo cual, conviene recordar que, aunque en diversas decisiones se haya establecido que, no opera la tarifa legal (CSJ. Rad. Nº 37044) o lo que es lo mismo, la predeterminación del valor de la prueba testifical, lo cierto es que se ha dado por descontando que las declaraciones de víctimas de delitos sexuales encierra en si misma la verdad de lo acontecido, amén de la especial confiabilidad que se le adjudica, con lo cual, bien podría hablarse de un desmonte de garantía para el procesado, ya que, como lo explica el autor Guzmán (2010) se ven manifestaciones de un trato más radical en tratándose de delitos sexuales, con el aditamento que se ha venido siendo laxo en materia probatoria.

Pero además, parece haberse olvidado que el análisis de la prueba testimonial, no puede desprenderse de los criterios de veracidad, objetividad y sensibilidad observacional, como lo exponen los autores Anderson, Schum y Twining (2015), para quienes todo es fuente de dudas y éstas deben disiparse.

En este estado de cosas, no se propone, ni se está sugiriendo que de entrada se determine el valor de la declaración de la víctima o se cercene el mismo, sino que se norteen las actuaciones a la exigencia de hacer ejercicios serios de reflexión, cargado de elementos argumentativos, todo, con el uso de las máximas de las experiencias, las reglas de la sana crítica, el análisis en contexto con los demás medios de pruebas, la disipación o despeje de las dudas que generan los testimonios y dejar de lado esa anticipación del valor de esta prueba, porque de ser ello así, ni siquiera tendría sentido iniciar el proceso, puesto que desde el principio estaría cantada la decisión final, que lo sería condenatoria.

Y, de otro lado, la Corte criticó que, se haya dado por descontado que el dictamen pericial fungía como corroboración periférica del asalto sexual, ya que, quien lo elaboró, fue una perito sin la suficiente experiencia, no se analizaron las secuelas que pudiesen generarse por el hecho de que el suceso aparentemente ocurrió cuando tenía cinco años y que el desagarro del himen podía obedecer a causas disimiles a las que se investigaban en el asunto, sumado a que de haber sido como lo relató la menor no habría podido seguir en lo que encontraba antes del insuceso, esto es, bañándose en la piscina, la madre hubiese advertido secuelas en “los cucos –yo tenía puesto un chingue de color verde y ese chingue tiene un top, faldita y los cucos-”, etc.

Es decir, si se supone que cuando se acude a este medio de prueba es con el propósito de que un experto haga aportaciones al proceso y ésta a su vez funge como garantía de llegar a la verdad, de cara a lo que expone en la pericia, es elemental que ante la falta de credibilidad de la profesional y del procedimiento en que se basó, los decisores tomaran una determinación que a juicio de la Corte era errónea, pues no se detuvieron en criticar la pericia y se sometieron a ella sin ninguna clase de matices, ello si se quiere, por la falta de contradicción de las partes y de control de los operadores judiciales.

En consecuencia, más allá de ser prudentes como sugiere la Corte, lo que en realidad debería hacerse es un llamado de atención a todos los involucrados en los asuntos penales y por supuesto al director del proceso, que como se sabe, lo es el Juez, para que, advierta que, en primera medida no se pueden apegar en estricto sentido a las conclusiones de los dictámenes, máxime que como lo explica el autor Nieva (2010), eso sería tanto como que decidieran los expertos y no los operadores judiciales, como corresponde; en segundo lugar, recordar que ante una conclusión ambigua, como ocurrió en este asunto, el dictamen se reputa neutro, de modo que, ni confirma, ni niega el hecho, como lo ha dicho la Corte (CSJ. Rad. Nº 46238), por lo que no puede ser el cimiento de la decisión.

Véase que, la testifical y la pericial fueron el soporte de las determinaciones de instancias y, las restantes no hicieron aportaciones contundentes, de suerte que, ante la inobservancia de la exigencia de tener el convencimiento más allá de toda duda (Art. 381 de la Ley 906 de 2004. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Agosto 31 de 2004. DO. Nº 45658), campeó la duda y por ende, como viene de verse se casó la decisión y se absolvió al procesado, no por atención a principios formales, sino en razón de un análisis sesudo de la Corte que encontró un punto de quiebre en la valoración de las probanzas que desatendieron las reglas de todo orden.

Por todo, en este asunto, como se esperaría que sucediera en todos los procesos, se cumplió con una de las finalidades del mismo, que viene perfectamente planteada por los autores Roxin y Schunemann en cuanto a que:

El fin del proceso penal es de una naturaleza compleja: la condena del culpable, la protección del inocente, la forma judicial del proceso, que se encuentra abstraída de toda arbitrariedad, y la estabilidad jurídica de la decisión -todas y cada una de estas exigencias son en la misma medida significativas para una comunidad constituida en forma de un Estado de Derecho (Roxin y Schunemann, 2019. p. 60).

Fines de los que se resalta que, más allá de lo aberrante que se consideren este tipo de delitos, de la pretendida condena por parte de las víctimas, los operadores deben nortear sus actuaciones conforme a aquellos fines señalados, que en buena medida se haría con base en un replanteamiento o mejor aún, una estructuración de las reglas de valoración en asuntos de índole sexual.

Bibliografía

Anderson T., Schum D. y Twining, W. (2015). Análisis de la prueba. Madrid. Ed. Marcial Pons. Guzmán, C. (2010). ¿Derecho penal del enemigo o neopunitivismo?. Publicado en: Globalización del derecho penal y la criminología. Universidad Libre. Cali. Ampudia Lenis Gustavo. Nieva, J. (2010). La Valoración De La Prueba. Madrid. Ed. Marcial Pons. Roxin, C. y Schubenann, B. (2019). Derecho Procesal Penal. Traducción de la 29 edición. Buenos Aires. Ed. Didot.

Casos legales

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. M.P. María Del Rosario González Muñoz. Proceso Nº 37044. 07/12/2011. _____. M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández. Proceso Nº 46238. 22/02/17. _____. M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa. Proceso Nº 49487. 15/05/19. Leyes Ley 599 de 2000. Por la cual se expide el Código Penal. Julio 24 de 2000. DO. Nº 44097. Ley 906 de 2004. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Agosto 31 de 2004. DO. Nº 45658.

*Abogada, Universidad Norte de Barranquilla.

Especialista en derecho penal, Universidad Norte de Barranquilla. Egresada de Maestría en Derecho Penal y Criminología, Universidad Libre-Seccional Barranquilla. Abogada Asesora de Magistrado Sala Penal de Tribunal Superior.

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21 Sep, 19
El derecho a la defensa desde la perspectiva del sistema penal oral acusatorio

El derecho a la defensa desde la perspectiva del sistema penal oral acusatorio

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María Angélica Patrón Pérez*

El sistema penal oral acusatorio introducido por la Ley 906 de 2004, (por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Agosto 31 de 2004. DO. Nº 45658), según Solórzano (2019) “es el que se considera más garantista y equilibrado en la medida en que están claramente diferenciadas las funciones de acusación, juzgamiento y defensa”.

Y, en gracia de discusión lo anterior pudiese ser cierto, ya que cada parte tiene su rol, que no puede ser invadido por ninguno; el Juez, es el director del proceso, es el llamado a hacer una especie de controlador de vuelos, en el que verifica qué aterriza o no, en qué momento y cómo lo hace, sobre la pista, que es el proceso, pero, sobre todo, debe ser imparcial (o al menos ello se espera); la defensa protege los intereses del procesado (y sobre ello volveré más adelante), la fiscalía investiga y acusa si encuentra mérito o en caso contrario, archiva, solicita preclusión o acude a las instituciones consensuales, según sea del caso. Todo, sin perjuicio de las intervenciones especiales que figuran en cabeza del ministerio público y la víctima, quienes han ido adquiriendo potestades casi de parte, sin serlo.

La defensa, es el rol que, a mi juicio, ha estado maniatado, porque muy a pesar de estar dentro de un sistema de enjuiciamiento criminal que pregona -y presume- la tenencia del principio de igualdad de armas, no pareciera tener la contundencia que se requeriría para repeler -pues de eso se trata- los ataques de su contendor procesal (que no se agota en la fiscalía, pues recuérdese que la víctima y el ministerio público le juegan en contra, éste último con algunos matices). Lo anterior por las razones que pasamos a ver:

Tuvo que mediar la intervención de la Corte Constitucional (sentencias C-873/03, C- 1194/05, C-591/05, C-730/05, C-1154/05, C-536/08, C-025/09, C-127/11) para que pudiese conocer la actuación que se le sigue en contra, tener acceso a la administración de justicia desde antes de ser llevado ante un juez, quitando así el límite y las excepciones –injustificadas- que había para el ejercicio del legítimo derecho que tiene a defenderse.

No obstante, ese acceso a las evidencias o al sistema depende de la “voluntad” de su contender procesal, quien se reserva la información para si mismo, cosa que pudiese ser entendible en tanto propugna por la solidificación de su teoría, pero que da al traste, sin ninguna clase de matices, con los derechos de la defensa, quien, en igualdad de posibilidades debe prepararse y a quien no se le debería sorprender.

Decisión de la fiscalía que además viene respaldada por el legislador, en cuanto a los grupos delictivos organizados y los armados organizados, ya que la Ley 1908 de 2018 (por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones. 09 de Julio de 2018. DO Nº 50649), introdujo el artículo 212B de la Ley 906 de 2004, que versa sobre la reserva de la actuación procesal en la etapa de la indagación, situación, que no solo va en abierta contradicción con las facultades arriba mencionadas, sino que además, inclina la balanza hacia la fiscalía, desmontando las garantías de la defensa, dejándola a merced de los quereres de su contraparte.

En cuanto al control en la formulación de imputación mucha tinta ha corrido por la doctrina, no obstante, los jueces, aún bajo la consideración de que se trata de un acto de mera comunicación, le han permitido a la fiscalía endilgar cargos sin límites, en cuyo escalón procesal la intervención de la defensa es limitada y aunque a veces hay errores de diversa índole, ello, pasa el tamiz del operador judicial, quien en ocasiones deja sendas constancias que no tienen efectos reales y terminan siendo un saludo a la bandera, cosa que no satisface la materialización del derecho a la defensa, que termina siendo un interlocutor inerte.

Sobre la acusación hay dos aspectos para resaltar: (a) adviértase que, la Corte Suprema de Justicia (Rad. 44599), tuvo que precisar que los hechos jurídicamente relevante son la relación sucinta y clara de los hechos constitutivos de una conducta (por acción u omisión) que debe encajar en el presupuesto fáctico previsto por el legislador en las normas penales, en razón a que se confundían con los hechos indicadores, situaciones que casi a diario había venido siendo un reclamo de la defensa, en los estrados judiciales, sin que tuviese mucho éxito, hasta el pronunciamiento en referencia y (b) este escalón es el espacio para sanear el proceso, sin embargo, si no se hace, por la razón que fuere, la Corte (Rad. 48517, 46102, 52614) se ha entendido como un acto propio de la estrategia defensiva o política de intervención y conforme a los principios de preclusión y progresividad, no accede a la misma, a pesar de que la defensa pudiese tener razón en su petición, colocándola en desventaja, casi cantada, de manera anticipada.

En la preparatoria, es cuando con mayor ahínco se reafirma la preponderancia de la participación activa y si se quiere especializada de la defensa, porque en este espacio, se pueden hacer observaciones al descubrimiento, que de existir controversia pudiesen generar una decisión, sobre la que proceden recursos, en procura de obtener toda la evidencia que se pretende ingresar al juicio (CSJ. Rad. 51882), se solicitan las virtuales pruebas, se privilegian la admisión de muchas sin que superen el test de admisibilidad conforme al derecho a probar (CSJ. Rad. 53661) y se controvierten las de la contraparte. Véase que, ha sido también la Corte la que ha ido dando pautas y fijando reglas, todas, de cara a los pedimentos de la defensa, quien como viene de verse tiene que ganarse facultades que de suyas le pertenecen y que se suponen inspiran el sistema.

Por último, en el juicio, más allá de lo técnico, en esta fase procesal no hay mayores complejidades, que las propias de la incorporación de las pruebas, que en todo caso operan las mismas reglas y se siguen los mismos raceros, para las partes en contienda, sin que se privilegie una en especial, como sí ocurre con frecuencia en las anteriores etapas procesales.

Vistas así las cosas, se denota que, en virtud de la intervención de las altas cortes es que la defensa ha podido obtener lo que en estricto sentido se identifica con un sistema con separación de roles y lleno de garantías que a veces parecería ser un sofisma, ya que, si bien es cierto que se ha logrado superar, en parte, los desbalances del sistema, se debe, en gran medida a los ingentes esfuerzos de avezados, preparados y connotados profesionales del derecho que se encarnan en el rol, quizá más golpeado.

De suerte que, el papel de la defensa en este sistema de enjuiciamiento criminal, en realidad no se compadece con el principio de igualdad de armas, ya que se siguen creando justificaciones para que haya actuaciones reservadas, que no son de recibo, indistintamente en contra de quien se sigan; el despliegue de la política de intervención de esta parte sigue en desbalance de cara a su contendor; está supedita a la interpretación de las altas cortes; no deviene acertado que, como lo sugiere la Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela (Rad. Nº 103278) que el procesado pueda asumir su propia defensa, siempre que acredite la condición de abogado, puesto que, se requiere técnica, precisión, arte como si fuese de filigrana para elevar peticiones, controvertir las de su antagonista procesal, situaciones que el encausado pudiese perder de vista, no analizar de manera concienzuda, dejar pasar la exigencia de los controles de rigor, las oportunidades previstas, máxime que quienes están virtualmente soportando el peso del derecho penal -que no es de poca monta- pudiesen nortear sus actuaciones por los sentimientos propios de los seres humanos de autoconservación, cuando lo que debería privilegiarse la asistencia letrada como expresión de las garantías del sistema acusatorio o mejor aún, del proceso con todas las garantías. La defensa debería hacer lo que le es propio, esto es, defender de la acusación a su patrocinado y no del sistema y de quienes lo regentan.

Bibliografía

Solórzano, Carlos (2019). Sistema acusatorio y técnicas del juicio oral. Colombia. Ediciones nueva jurídica. 5ª edición.

Casos legales

Corte Constitucional. Sentencia C-873/03. ____. Sentencia C- 1194/05. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 22/11/05 ____. Sentencia C-591/05. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 09/06/05. ____. Sentencia. C-730/05. M.P. Álvaro Tafur Galvis. 12/07/05. ____. Sentencia. C-1154/05. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 15/11/05. ____. Sentencia. C-536/08. M.P. Jaime Araújo Rentería. 28/05/08 ____. Sentencia. C-025/09. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 27/01/09. ____. Sentencia. C-127/11. M.P. María Victoria Calle Correa. 02/03/11. Corte Suprema de justicia. Sala de Casación Penal. M.P. Eugenio Fernández Carlier. Proceso Nº 46102. 11/08/15. ____ Proceso Nº 48517. 17/08/16. ____ M.P. Patricia Salazar Cuellar Proceso Nº 44599. 08/03/17. ____ Proceso Nº 51882. 07/03/18. ____ Proceso Nº 53661. 26/09/18. ____M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. Proceso Nº 52614. 10/10/18. Corte Suprema de justicia. Sala de Casación Penal. Sala de Decisión de tutela. Proceso 103278. Leyes Ley 906 de 2004. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Agosto 31 de 2004. DO. Nº 45658. Ley 1908 de 2018. Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones. 09 de Julio de 2018. DO Nº 50649.

*Abogada, Universidad Norte de Barranquilla. Especialista en derecho penal, Universidad Norte de Barranquilla. Egresada de Maestría en Derecho Penal y Criminología, Universidad Libre-Seccional Barranquilla. Abogada Asesora de Magistrado Sala Penal de Tribunal Superior.

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07 Sep, 19

La cuestión político criminal sobre los menores de edad (la metáfora de la pecera)

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LA CUESTIÓN POLÍTICO CRIMINAL SOBRE LOS MENORES DE EDAD (la metáfora de la pecera)

Por: Marisol Palacio Cepeda

Doctoranda de derecho de la Universidad Nacional de Mar de Plata, Argentina Profesora de la Maestría en Derecho Penal de la Universidad del Sinú, Montería Profesora de la Especialización en Violencia Intrafamiliar de la Universidad Autónoma de Bucaramanga Coordinadora Nacional del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Procuraduría General de la Nación

(El criterio jurídico aquí expresado es estrictamente personal y académico, por lo que no compromete las opiniones de la Procuraduría General de la Nación, como tampoco de las Universidades en las que recibo o imparto clases)

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25 Aug, 19