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Edición 4 "La Motivación De La Sentencia"

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Por: Alexis Isaza Vélez
Es común en el ámbito de nuestra profesión hablar de la “Motivación de la sentencia” y es que es claro que cada decisión debe tener un fundamento y argumento jurídico que la sustente. Para ello la corte constitucional ha sostenido qué: “La falta de motivación es un defecto de las providencias judiciales cuando se adoptan sin justificación suficiente.

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24 Jul, 19

Edición 5 "De Las Penas Y La Resocialización"

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Por: Alexis Isaza Vélez

El sistema penal en Colombia como muchos otros en el mundo, compromete la libertad de los ciudadanos como medida represiva para quienes transgreden las normas que impone la sociedad para su pacífica coexistencia. Los principios que se arguyen en el código penal y sustentan las medidas impuestas, sumadas a la finalidad descrita en el mismo, no permean todo el ámbito de aplicación, es decir; todo aquello que se aprecia de ser justificable bajo una norma como lo es la pena, no corresponde a la realidad, queriendo decir con ello que son, en algunos casos, los postulados equívocos frente a la realidad de la verdadera aplicación de las normas o la aplicación no es el fruto consecuente del postulado normativo.

Desde un punto de vista racional, humanitario, no podríamos decir que las penas en Colombia cumplen su cometido, pues basta con ver las condiciones inhumanas de las cárceles para desestimarlo y la clase de ciudadanos que el sistema le devuelve a la sociedad. En un medio jurídico donde se justifican las penas a través de un compendio normativo y en la realidad se convierte la pena en un mecanismo de tortura, desprovista del respeto por la dignidad humana, debemos decir categóricamente que es disfuncional, si los postulados constitucionales y principios que la sustentan en la realidad material de su aplicación se invierten, el resultado obedece a un Estado sin conciencia.

Si la necesidad de la pena, justificada como: “La necesidad de la pena exige de ella que sirva para la preservación de la convivencia armónica y pacífica de los asociados no sólo en cuanto ella por su poder disuasivo e intimidatorio evite la comisión de conductas delictuales, o por lo menos las disminuya, sino también en cuanto, ya cometidas por alguien, su imposición reafirme la decisión del Estado de conservar y proteger los derechos objeto de tutela jurídica y cumpla además la función de permitir la reincorporación del autor de la conducta punible a la sociedad de tal manera que pueda, de nuevo, ser parte activa de ella, en las mismas condiciones que los demás ciudadanos en el desarrollo económico, político, social y cultural”.(subrayado fuera de texto) Sentencia C-647-01 debe permitir la reinserción a la sociedad y ser parte activa de ella, esta no debería tasarse en años, sino en la convalidación del autor de la conducta punible con su actuar en una expresión de aceptación, crecimiento y no repetición. ¿Cómo lograrlo? Seguramente no con cárceles hacinadas, sin estudio, sin trabajo. Un ser humano que pueda ser evaluado por sus capacidades cognitivas, enfocadas en la aplicación práctica y cotidiana que es lo que impulsa el motor de la productividad de cualquier sociedad.

Ya basta de las palabras rimbombantes que enarbolan principios y teorías, de innumerables libros que se citan como una biblia, la realidad debe ser el resultado inequívoco de una norma que busca educar, sensibilizar, una simbiosis entre el principio, la norma y la realidad. Ahora todo parece girar en una sociedad que todo lo soluciona con penas, castigo. Al sistema parece no importarle los seres humanos sumidos en la implacable aplicación de la norma, de una sociedad que como en tiempos medievales grita castigo, muerte.

No puede ser equiparable una pena con el delito en sí mismo, porque no estaríamos hablando de justicia sino de venganza, si la conducta punible es igual de reprochable a la pena impuesta, ¿Cuál es el valor de esta, qué la justifica? ¿No debe acaso la pena regresar al infractor a la sociedad en condiciones favorables que garanticen la no repetición? La razonabilidad de la pena no es solo la equiparación entre ambas para justificarse, esta debe pensarse mirando el resultado que de esta se espera, justicia, reinserción social y no venganza.

Es tan inhumana la conducta reprochable como la pena, cuando esta no permite comprobar que ayudó a reargüir, a reinsertar al ser humano y darle la oportunidad a la sociedad de perdonar, de ver que sus medidas son generadoras de misericordia, sería la sociedad un padre que castiga para infringir dolor y no uno que guía, que enseña.

La sensatez del derecho que busca la justicia, es la verdadera muestra de amor hacia el prójimo, una mirada clara hacia el futuro de la sociedad y no la dama de la justicia engañada y utilizada para fines perversos.

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24 Jul, 19

Edición 3 "La Omisión Legislativa"

posted in Nuestros Editoriales by Super User

Por: Alexis Isaza Vélez
La Omisión Legislativa ha recorrido un largo camino jurisprudencial que entre otras ha suscitado todo tipo de discusiones de carácter doctrinal en el ámbito constitucional. Frente al tema la Corte Constitucional ha acuñado dos criterios referentes: La omisión legislativa relativa y omisión legislativa absoluta.
Frente a la omisión relativa a definido qué: “La primera se presenta cuando el legislador incumple una obligación derivada de la Constitución, que le impone adoptar determinada norma legal” Sentencia C-188 de 1996 M.P. Dr. Fabio Morón Díaz
En relación a la omisión absoluta ha referido: “Por su parte, la omisión legislativa absoluta “se presenta en caso de falta absoluta de regulación legal, cuando no pesa sobre el legislador el deber constitucional de proferir una determinada norma” Sentencia C-444 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Ahora bien, el tema propuesto requiere de un examen minucioso cuando sustraemos por un momento la responsabilidad de la Corte Constitucional en los temas de omisión relativa, para concentrarnos en la responsabilidad de aquellos elegidos de forma popular para tal propósito –Legislar (omisión absoluta)- pues significa ello que la protección de los asociados, el respeto de los derechos y garantías, el bienestar y desarrollo económico dependen en gran medida de las acciones que se adopten en beneficio del crecimiento y sostenibilidad de la sociedad, debiendo entenderse que no es otra la tarea para la que fueron elegidos. Si desviamos la atención al solo hecho que atañe a los elegidos y al ejercer un control sobre las actividades y resultados como cualquier otro funcionario, tendríamos que decir que no debería existir ningún órgano del Estado que no esté sujeto a control.
Las omisiones en que incurre el legislativo se deslindan de un deber de hacer que impone la Carta Política, en este sentido no basta solo con la imposición de deber sino la diligencia, eficiencia y eficacia de las normas en medio del dinamismo social y de nuevas formas de pensamiento.
Al plantear el asunto de la prontitud con que deben abordarse los temas de carácter público y la omisión del legislativo para responder a las necesidades, surge la discusión de sí, aunque la constitución no exige de forma taxativa una respuesta en un tiempo determinado, ¿Se puede afirmar que hay una omisión?
La corte constitucional en Sentencia C-543/96 esgrimió “la inactividad del legislador al incumplir su deber de legislar o hacerla en forma defectuosa, puede producir lesiones a los derechos y garantías individuales establecidos en la Constitución o impedir su ejercicio, se ha abierto la discusión en los países que cuentan con jurisdicción constitucional sobre la eventualidad de que los Tribunales Constitucionales puedan controlar tales omisiones legislativas". Aunque nuestro tema no se centra en las formas que se han venido utilizando para remediar en parte estás omisiones a través de: El exhorto, la recomendación al legislador, las sentencias aditivas. Se mencionan para efectos informativos. C- 473 de 1994.
La discusión central de la omisión en relación al legislador y su responsabilidad en los temas de alto impacto en la vida de los asociados resulta apaciguada por las siguientes observaciones:
-La inconstitucionalidad por omisión no está prevista en la Constitución, por tanto, no existe acción encaminada a impugnar la inactividad del legislador.
-La Constitución no impone plazos para que el legislador pueda cumplir con su obligación de legislar.
Si la razón para las tardías decisiones y en algunos casos la nula respuesta ante situaciones que afectan, es que la no descripción taxativa en el texto constitucional exime al legislativo de responsabilidad, deberíamos recordar que es el mismo legislativo quién puede reformar el texto constitucional y dar por terminada la discusión y deficiencia legislativa en temas de relevancia jurídica y protección de derechos fundamentales. Pues de otra manera solo se observaría la ineficiencia e incumpliendo al deber que expresamente asignó el constituyente.

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24 Jul, 19

Edición 2 "Una Corte Legislativa"

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Colombia como muchos países está basado en un régimen político y democrático, con un sistema de leyes e instituciones administrativas. De manera general debemos decir que está representado de forma participativa por diferentes sectores de la sociedad, elegidos de forma “democrática”, y hasta ahí el cuento suena hasta bonito. Si de forma estricta decimos que desde el congreso se dictan leyes y estas regulan la vida social, económica de todos los asociados, pensaríamos entonces que el criterio de elección debería atender a: cualidades suficientes que nos llevaran al convencimiento de la idoneidad (principios, valores, responsabilidad social, una carga académica, científica y social) y no solo a decir que el poder del pueblo se ha manifestado en la voluntad de la mayoría, pues claramente llegaríamos a la conclusión de lo que ahora tenemos –un sistema frágil y permeable por la corrupción.

Estas decisiones (leyes) que el país y en particular cada ciudadano debe asumir e incorporar no sabiendo cómo ni de qué manera, porque el desconocimiento de la ley no es excusa, basadas “supuestamente” en criterios de equidad e investigaciones incansables para que se adecúen a las necesidades de quiénes son gobernados, es un lindo pero imaginario mundo fuera de la realidad y del presente que vivimos.

Me pregunto si en resumen, después de analizar las condiciones socioeconómicas de los particulares por un lado y de otro; las cualidades de quiénes son elegidos en su mayoría: No profesionales, sin conocimiento basto de administración, economía, finanzas, educación, sin ética y sin moral, entre muchas otras, podríamos concluir que es poco beneficiosa la “Democracia” como en el presente se conoce.

Si revisamos el largo historial de leyes expedidas en el congreso de la Republica y al mismo tiempo hacemos un balance de las demandas de inconstitucionalidad que contra ellas se incoan, el re trabajo de las instituciones de revertir tan pobres medidas, la inseguridad jurídica que se genera y las pocas garantías del ciudadano de bajos ingresos que tiene que sentir digna su jornada con un salario mínimo que solo advierte escasas opciones de educación y progreso, llegaríamos a la innegable conclusión de su ineficacia.

Tan es así, que la misma Corte Constitucional ha tenido que instar al congreso en plazos perentorios a realizar reformas y legislar en temas de alta relevancia social, declarar inconstitucionales otras muchas en aras asegurar la demanda de justicia y el respeto de los derechos mínimos de los asociados: La salud, la educación, la vida etc. Entonces deberíamos preguntarnos: ¿Es idóneo mantener este sistema bicameral que es quien menos le aporta al país? ¿Debe seguir siendo la constitución la trinchera de estos sinvergüenzas? ¿Debe el ciudadano del común seguir pagando los excesos, los lujos, las excentricidades?

Me atrevería a decir, que es el momento de dejar de padecer el flagelo de esta mal llamada “democracia”.

Dicho lo anterior, hay que reivindicar esta bella profesión de la abogacía, volver a sus raíces, rescatar valores y principios innegociables e irrenunciables, creo que debería crearse un estamento integrado por abogados éticos que recoja las inquietudes de las instituciones y se generen normas acompasadas al espíritu de nuestra constitución, al respeto de la dignidad humana, de los derechos humanos, una “Corte legislativa” que minimice los costos jurídicos, procesales, que reivindique los derechos del ciudadano en cada norma en beneficio de una sociedad más humana. Un trabajo mancomunado entre la corte constitucional y una Corte legislativa sin tantos desaciertos, con criterios ponderados, eficaz.

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24 Jul, 19

Edición 6 "Un Acuerdo Vergonzoso"

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A propósito de las negociaciones de la habana y de todos aquellos quienes hemos sido víctimas del conflicto armado, hoy, tantos años después de una pérdida irreparable y alentados por la mirada inequívoca del tiempo y los buenos recuerdos, es inevitable contender con quiénes quieren hacer parecer cada lagrima, la ausencia, los buenos recuerdos de quienes no volveremos a ver, como tesoros en el manifiesto de saqueadores, que ahora presentan como tributo a la sociedad su lucha desprovista de honor y en canje la sangre de nuestros seres queridos. Es una bajeza imperdonable.

Aquellos que se lucran y sostienen sus imperios sobre el regazo y la mirada de los más desfavorecidos, son igual de mezquinos que quienes en nombre de la paz y falsa filantropía buscan llenar sus arcas con el fruto del esfuerzo de los colombianos de bien. Basta ver la lucha del obrero que forja la grandeza de su alma sin reparo alguno, ofreciendo la vitalidad de sus días por la sonrisa de sus hijos.

Y me pregunto: ¿Qué ofrece la insurgencia a cambio? ¿Cuál es esa ofrenda que llevan al altar que justifica las prebendas? ¿Cuál es la plegaria que musitan cuando entregan un cuerpo sin vida a la víctima a cambio de una ideología maltrecha e ilegítima?

La verdad es que canjean su frustración, el camino perdido, el fracaso y la vergüenza de ser lo que en realidad son, una ideología que busca en sí misma y no halla sustento, que al poner su mirada atrás, solo concluye vergüenza. Su tesoro es el miedo, el dolor que sembraron y la más absoluta corrupción de la política y de quienes ostentan su gentilicio, el beneplácito de quienes no pueden enriquecerse más.

La insurgencia le envía un mensaje al país muy claro: minaron los campos y nuestros corazones de dolor, probaron que la fuerza esclaviza, que la política ha sido envenenada de muerte y que, u ofrecemos viandas al guerrero y cedemos nuestras tierras, lo que hemos construido, nuestros hijos e hijas para que se multipliquen o nos invadirán aún más de víctimas.

Estos más de 50 años de lucha no son el ejemplo de lo que debería ser una resistencia con principios y valores irrenunciables, pues han sido la muestra fehaciente de la arbitrariedad de las armas y de la fuerza, del poder esclavizante del miedo. Pero que no se equivoquen, eso no les da legitimidad, solo les brinda la esperanza de caminar entre nosotros con la vergüenza de ser lo que son, de llevar las manos llenas de sangre inocente.
 

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24 Jul, 19