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¬ŅPor qu√© la emergencia carcelaria es un saludo a la bandera? Acerca de la ineficacia de las pol√≠ticas gubernamentales para afrontar la crisis carcelaria

¬ŅPor qu√© la emergencia carcelaria es un saludo a la bandera? Acerca de la ineficacia de las pol√≠ticas gubernamentales para afrontar la crisis carcelaria

posted in Artículos de Opinión by Super User

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José Manuel Díaz Soto*

Que 23 reclusos hayan perdido la vida en un centro de reclusi√≥n de la capital del pa√≠s, ubicado a pocas cuadras de la principal sede de la Fiscal√≠a General de la Naci√≥n, deber√≠a ser suficiente para motivar un serio debate acerca del sistema penitenciario nacional. Infortunadamente, la opini√≥n p√ļblica, consternada por el avance de la pandemia, se limit√≥ a respirar tranquila con la noticia de que ning√ļn reo escap√≥, sin prestar mayor atenci√≥n al elevado n√ļmero de muertos, de heridos -m√°s de 80- o al sufrimiento de las familias de los privados de la libertad.

La respuesta del gobierno consisti√≥ en el decreto de la emergencia penitenciaria, medida de car√°cter administrativo que, mucho me temo, en nada va contribuir a mejorar las condiciones de vida de los m√°s de 124.000 colombianos recluidos en las c√°rceles y penitenciaria administradas por el Inpec. Al respecto, conviene recordar que la emergencia penitenciaria no es una medida novedosa, por el contrario, hace apenas 4 a√Īos fue tambi√©n decretada, cuando el cambio de los operadores del sistema de salud condujo a que la inmensa mayor√≠a de los centros de reclusi√≥n permanecieran durante meses sin ning√ļn tipo de atenci√≥n m√©dica. Como en 2016, todo indica que los efectos de la emergencia carcelaria ser√°n, por mucho, modestos, por la muy sencilla raz√≥n que la susodicha emergencia no faculta a las autoridades penitenciarias a adoptar las medidas que amerita la gravedad de la crisis penitenciaria.

En efecto, la emergencia penitenciaria no es un m√°s que un nombre rimbombante con el cual se designa la facultad que tiene el Director del Inpec, previa autorizaci√≥n del Consejo Directivo de la entidad, para realizar traslados de sindicados, quienes usualmente deben estar recluidos en el lugar donde se desarrolla su proceso, autorizar el ingreso de los miembros de la fuerza p√ļblica al interior de los centros de reclusi√≥n, remover o trasladar a funcionarios del Instituto involucrados en los hechos que motivan el decreto de la emergencia -recu√©rdese el paro protagonizado por los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia hace un par de a√Īos-, y solicitar el apoyo de entidades nacionales y territoriales para atender situaciones de calamidad al interior de las c√°rceles y penitenciarias. Adicionalmente, y de manera excepcional, durante la vigencia del estado de emergencia penitenciaria se faculta al Director del Instituto para realizar traslados presupuestales y contratar directamente los bienes y obras que requiera para conjurar la emergencia; facultad que tambi√©n se concede al Director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.

La falta de idoneidad de estas medidas para paliar la crisis penitenciaria salta a la vista para cualquier persona que tenga un m√≠nimo conocimiento de la din√°mica del sistema penitenciario. La causa eficiente de la crisis es el hacinamiento, motivado por una pol√≠tica criminal expansiva y extremadamente punitivista, as√≠ como por la ralentizaci√≥n de la construcci√≥n y adecuaci√≥n de nuevos cupos en las c√°rceles y penitenciarias durante la √ļltima d√©cada. En palabras m√°s sencillas: la vida e integridad de los colombianos recluidos en las c√°rceles del pa√≠s est√° en permanente riesgo porque no cabe un preso m√°s en nuestros centros de reclusi√≥n, y ello obedece, por una parte, a que el Gobierno Nacional, el Congreso de la Rep√ļblica y los Jueces penales, incluidos los de ejecuci√≥n de penas, han hecho un uso excesivo de la c√°rcel como herramienta de pol√≠tica criminal y, por otra, a que el programa de construcci√≥n y adecuaci√≥n de nuevos cupos carcelarios ha mostrado escasos resultados en los √ļltimos 10 a√Īos.

En lo que respecta al hacinamiento, lo primero que debe destacarse es que el porcentaje global de hacinamiento, que ubica la sobrepoblación carcelaria entre un 52 y 53%, obedece a una metodología errada que oculta más de lo que revela. En efecto, el Inpec toma los porcentajes de hacinamiento de cada cárcel y los divide por el total de establecimientos, como si los reclusos de Riohacha, que padecen niveles de hacinamiento del 360%, pudieran emplear el espacio de las pocas cárceles en las que no se registra sobrepoblación.

M√°s grave a√ļn, conforme al √ļltimo bolet√≠n estad√≠stico del Inpec, correspondiente al mes de enero de 20201, 87 de los 114 establecimientos de reclusi√≥n registran niveles de hacinamiento superiores al 50%, es m√°s, varias de las c√°rceles con mayor capacidad sufren niveles de sobreocupaci√≥n que superan el 100%. As√≠, por ejemplo, la C√°rcel Villahermosa, de la ciudad de Cali, reporta un hacinamiento del 192%, la C√°rcel Bellavista, en Medell√≠n, del 143%, La Modelo, en Bogot√°, del 61% y La Picota del 79,5%.

Si este panorama no fuera lo suficientemente preocupante, la Corte Constitucional, en sentencia T-762 de 2015, en la que ratific√≥ el estado de cosas inconstitucionales en las c√°rceles y penitenciarias del pa√≠s, advirti√≥ deficiencias graves en la metodolog√≠a para establecer la capacidad de los centros de reclusi√≥n y orden√≥ que se adelantara una evaluaci√≥n objetiva de la real capacidad de las c√°rceles y penitenciarias conforme a los m√≠nimos internacionales de protecci√≥n de derechos humanos; ejercicio que el Gobierno Nacional, inexplicablemente, a√ļn no ha adelantado. Sin embargo, existen suficientes razones para afirmar que la capacidad reportada de los centros de reclusi√≥n est√° muy sobrevalorada, lo que supone que el hacinamiento carcelario es mucho mayor al informado. As√≠, por ejemplo, la capacidad reportada de la c√°rcel de Riohacha es de 100 personas, si se considera que, conforme a est√°ndares m√≠nimos adoptados por la Corte Constitucional, cada recluso deber√≠a contar con un espacio de alojamiento no inferior a 3,4 m2, el √°rea de alojamiento de esta c√°rcel deber√≠a tener, cuando menos, 340 m2, pero las zonas de alojamiento en este centro de reclusi√≥n no superan los 120 m2, es m√°s, informes de la Defensor√≠a del Pueblo reportan que en este establecimiento carcelario los reclusos cuentan con 60cm2 para dormir2, si esto es as√≠, el hacimiento en la √ļnica c√°rcel del Departamento de la Guajira no ser√≠a del 360%, como lo registra la estad√≠stica oficial, sino de m√°s del 1000%.

Ahora bien, en cuanto la ralentizaci√≥n del proceso de construcci√≥n de nuevos cupos carcelarios, los datos del Inpec, desde junio de 1998, momento en que se declar√≥ el primer estado de cosas inconstitucionales en las c√°rceles, hasta junio de 2019, revelan que la capacidad del sistema penitenciario creci√≥ en un 143%, pasando de 33.090 cupos, en el a√Īo 1998, a 80.236 en junio de 2019. Sin embargo, la poblaci√≥n privada de la libertad creci√≥ en un 243% en el mismo per√≠odo, aumentado de 49.816 a 122.004 personas recluidas. El an√°lisis del incremento de cupos del sistema penitenciario y carcelario permite advertir que, de los 47.227 cupos creados durante el per√≠odo se√Īalado, el 85,6% fue construido entre los a√Īos 1998 hasta 2011, momento desde el cual se advierte un rezago de la capacidad del sistema penitenciario y carcelario para generar cupos nuevos; hasta el punto que durante los √ļltimos 7 a√Īos apenas se habilit√≥ el 14,3% de los cupos creados en los √ļltimos 20 a√Īos.

No puede pasarse por alto que la construcción de nuevos cupos carcelarios ha disminuido sustancialmente desde que esta función fue delegada Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, entidad creada en 2011 con el propósito, paradójicamente, de incrementar la capacidad del Estado para mantener y ampliar la infraestructura carcelaria.

Ante este panorama, resulta evidente que la √ļnica forma de garantizar la vida e integridad de la poblaci√≥n privada de la libertad es sustituyendo, de forma masiva, aunque plenamente razonada, la pena de prisi√≥n en establecimiento penitenciario a la que est√°n sometidos miles de compatriotas por la tambi√©n dr√°stica pena de prisi√≥n domiciliaria; cuando menos hasta que aumente la capacidad real de los centros de reclusi√≥n. Infortunadamente, el r√©gimen jur√≠dico penal vigente, fruto del populismo punitivo, impide que se adopte tal medida, pero nada es √≥bice para que el Presidente de la Rep√ļblica, amparado en las facultades legislativas que le confiere la Constituci√≥n Pol√≠tica durante el Estado de Emergencia Econ√≥mica, Social y Ecol√≥gica, adopte esta decisi√≥n.

En conclusi√≥n, hoy, como nunca antes, el Presidente de la Rep√ļblica tiene en sus manos la posibilidad de adoptar medidas eficientes para disminuir la crisis del sistema penitenciario y garantizar la vida de los privados de la libertad. Si el Gobierno Nacional no act√ļa inmediatamente y, por el contrario, contin√ļa limit√°ndose a adoptar medidas ineficaces como la emergencia carcelaria, mucho me temo que las c√°rceles ser√°n el escenario en el que la pandemia golpear√° con mayor furia en nuestro pa√≠s.

P.D. Para el momento en que termino de escribir estas l√≠neas, los medios de comunicaci√≥n anuncian que el Presidente se dispone a adoptar un decreto legislativo en el que establece nuevas causales de prisi√≥n o detenci√≥n domiciliaria que deber√°n ser decretadas por los jueces penales que ejercen funciones de control de garant√≠as y de ejecuci√≥n de penas; medida con la que se espera la excarcelaci√≥n de alrededor de 15.000 reclusos. Celebramos esta decisi√≥n, pero ¬Ņno ser√≠a mejor que directamente las autoridades penitenciarias concedieran la prisi√≥n o detenci√≥n domiciliaria? Infortunadamente, la precaria infraestructura carcelaria y la dificultad de coordinar la labor de jueces y abogados har√° sumamente dif√≠cil que se concedan con celeridad estos subrogados penales, lo que puede restar todo efecto √ļtil a la medida. Si el Presidente de la Rep√ļblica puede crear delitos con ocasi√≥n de un estado de excepci√≥n, arrog√°ndose facultades que, en condiciones normales, son s√≥lo del legislador, no hay raz√≥n jur√≠dica para que no haga lo propio con el otorgamiento de la prisi√≥n domiciliaria; en especial si se considera que lo que est√° en juego es la vida de miles de colombianos.

Citas

1 El Informe puede ser consultado en el link: http://www.inpec.gov.co/web/guest/estadisticas Consultado por √ļltima vez el 24 de marzo de 2020.

2 Defensoría del Pueblo. Crisis Humanitaria en La Guajira 2014. Acción Integral de la Defensoría del Pueblo en el departamento. Bogotá, Defensoría del Pueblo, 2014.

#YoEscriboYoLeoDerecho

*Abogado de la Universidad Externado de Colombia.

Mag√≠ster en Derecho Penal y Criminolog√≠a de la Universidad Externado de Colombia. Mag√≠ster en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. Se ha desempe√Īado como Defensor Delegado para la Pol√≠tica Criminal y Penitenciaria y asesor de la Direcci√≥n de Pol√≠tica Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho en materia penitenciaria. Actualmente labora como docente del Departamento de Derecho Penal y Criminolog√≠a de la Universidad Externado de Colombia, abogado litigante y consultor. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Read 1193 times Last modified on Wednesday, 25 March 2020 17:04
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