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¿Qué Tipo De Política Criminal?

¿Qué Tipo De Política Criminal?

posted in Artículos de Opinión by Super User

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Por: Diego Araque*

 
Con ocasión de la reciente conmemoración de los 25 años de la Fiscalía General de la Nación, el señor Fiscal General, en su respectiva intervención, expresamente cuestionó algunas normas y ciertos proyectos de ley que cursan trámite y que están relacionados con la política criminal del Estado colombiano. Claramente inconforme con las más recientes reformas, vehementemente se opuso a lo que según él es la “perversidad del garantismo” en nuestro contexto nacional. Textualmente señaló: “El garantismo ha adquirido un carácter superlativo a partir de la teoría de Ferrajoli, que dejando de lado las victimas, fórmula una teoría ‘del lado de los sujetos más débiles para exigir la racionalización del sistema represor del Estado’. Esa hipérbole del garantismo es lo que está inspirando las últimas reformas legales en Colombia, enviando un mensaje a la sociedad equívoco. Los delincuentes deben entender que por encima de sus garantías están los de la sociedad”.

 
Pues bien, las tensiones entre defensa social y garantías individuales en realidad no son nada nuevas. Siempre han existido. Desde antaño. O por lo menos desde la época en que la ilustración por vez primera comenzó a cuestionar el poder punitivo poniéndolo contra las cuerdas en pos de exigir la prevalencia de los derechos del ciudadano y el respeto por unas reglas mínimas de juego como los principios de legalidad de delitos y de penas, prohibición de penas crueles, inhumanas o degradantes, debido proceso, juez natural, etc. (Beccaria). Estas ideas, como es de sobra conocido por cualquier persona que tenga una mínima aproximación a estos temas, fueron prohijadas y desarrolladas por autores que como Carrara representaron en su momento los postulados clásicos o liberales del Derecho penal. Tiempos después, en épocas mucho más recientes, Von Liszt reivindicó esta idea liberal al dictar su máxima que ha hecho carrera hasta nuestros tiempos. Según este autor, el derecho penal es la barrera infranqueable de la política criminal. O quizá mejor: el derecho penal es la Magna Carta del delincuente. Sistemas como los de Welzel hicieron lo propio en épocas más modernas al instaurar límites al legislador por intermedio de los datos que pertenecen al mundo del ser y que por lo mismo condicionan a aquel, situación que permitió hablar de las llamadas categorías lógico objetivas dentro del sistema del Derecho penal. Hoy por hoy, de alguna manera, aunque por caminos metodologicos diferentes, Roxin procura por la defensa de las ideas liberales en materia penal, amarrando el análisis de los distintos presupuestos de imputación de responsabilidad penal a los fines de la política criminal propia de un modelo de Estado Constitucional: principio de legalidad, lesión de bienes jurídicos, fines de la pena, etc.

 
A partir del panorama anterior, bastante general por cierto, se puede medianamente advertir que no son nuevas las ideas del garantismo de las que ahora abjura el señor Fiscal General de la Nación, con referencia expresa a la concepción de Ferrajoli. Así las cosas, el garantismo, entendido en sentido amplio como límites o baremos al poder punitivo del Estado, no es algo de los últimos tiempos. La tensión entre este y las tesis de la defensa colectiva existen de vieja data. Piénsese al efecto en los movimientos de defensa social, el positivismo italiano y su idea nuclear de peligrosidad, las propuestas de la Escuela de Kiel y del derecho penal del nacionalsocialismo, así como la tesis del Derecho penal de enemigo, por citar solamente algunas elaboraciones conceptuales que han brillado por enfatizar de una u otra manera en los derechos de la sociedad anteponiéndolos a los derechos de los procesados. Por cierto, en la praxis judicial de la mayoría de los países se han terminado por imponer estas últimas, razón por la cual tampoco le asiste la razón al Fiscal cuando insinúa lo contrario para el caso colombiano. Cómo dice un autor nacional: el garantismo nunca ha estado de moda en nuestro país (Fernández Carrasquilla).

 
De otro lado, no son en rigor los postulados del garantismo los que inspiraron las más recientes reformas judiciales en Colombia. Más bien fue nuestra propia y cruda realidad judicial: el hacinamiento carcelario (estado de cosas inconstitucional que persiste desde el año 1998), el colapso del “sistema” acusatorio (supuestamente la panacea de nuestros males), el abuso de la medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario (que en la práctica opera como pena anticipada) y así un largo etcétera. Si creo entender, fueron estas las verdaderas razones que inspiraron las tan cuestionadas reformas por el señor Fiscal.

 
Obviamente, entiendo la posición de Martínez Neira cuando en su condición de Fiscal General de la Nación apela a la defensa de la sociedad en detrimento de las garantías individuales. Después de todo, en un sistema adversarial, sus intereses lógicamente habrán de estar del lado de la persecución sin tregua del delito y los infractores de la ley penal. En esto el Fiscal, en mi sentir, es plenamente coherente con su condición de tal. Al fin y al cabo es el Juez el garante de los derechos individuales al cumplir esa función que parece “usurpada a los Dioses” (Ellero).

Por mi parte, contrario a lo afirmado por aquél, estimo que no podemos prescindir de las garantías y derechos individuales dentro del proceso penal. Así pues, no es posible un Derecho penal sin límites. Sería un poder inconcebible, de triste recordación en la historia de nuestras naciones. Por lo que el garantismo, en su expresión más amplia, se hace necesario dentro de los procedimientos judiciales llevados a cabo por las autoridades respectivas que intervienen dentro del sistema penal de un Estado de derecho, so pena de legitimar un Derecho penal de enemigo (Jakobs) que por cierto hace tiempo se instaló en las leyes colombianas, situación que parece soslayar la cabeza visible de nuestro ente investigador y acusador en materia penal. Lo que se impone entonces es un Derecho penal que armonice los dos extremos: la defensa de todos los miembros e integrantes de la sociedad, incluidos los derechos del sujeto que delinque.

 
* Profesor Derecho penal, Universidad de Medellín - Colombia
Read 81 times Last modified on Saturday, 24 August 2019 17:40
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23 07, 19

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