Now loading.
Please wait.

Menu

Home

Home
Home
El decreto 546 de 2020. La soluci贸n in煤til

El decreto 546 de 2020. La soluci贸n in煤til

posted in Art铆culos de Opini贸n by Super User

Comparte ahora
Por: Oscar Sierra Fajardo*

Dadas las criticas circunstancias actuales en lo que se refiere al coronavirus, el gobierno nacional ha tomado ciertas medidas en relaci贸n con la poblaci贸n recluida en centros penitenciarios. Lo anterior, aparentemente con el fin de mitigar el da帽o que una pandemia pudiera causar en dicha poblaci贸n que vive en condiciones insalubres y en un hacinamiento que supera el doble o el triple de cupos destinados en los establecimientos.

Y es que la situaci贸n es catastr贸fica, por la forma de trasmisi贸n que ha demostrado tener esta enfermedad, el aislamiento social y el cuidado personal han sido las 煤nicas herramientas para contrarrestarlo, ahora imaginemos esas medidas en un sector de la poblaci贸n que ha sido privado de ambas desde hace mucho tiempo y que tendr谩 que afrontar esta crisis sin poder usar ninguna de las dos medidas necesarias para impedirla.

En cuanto al aislamiento social, si bien se encuentran apartados de la sociedad, las condiciones de reclusi贸n no son salubres ni las recomendadas, lo cierto es que tan pronto uno de ellos se enferme de COVID-19, la propagaci贸n ser谩 tal que posiblemente ninguno podr铆a librarse. Por otro lado, su aislamiento insalubre y hacinado tampoco los protege del virus del exterior, hay potenciales puntos de contagio, como los guardias o los nuevos reclusos cuyo ingreso al sistema carcelario no cesa. As铆 pues, los ciudadanos privados de la libertad est谩n expuestos a contagiarse y de manera exponencial.

De la segunda medida se hace imposible su ejecuci贸n, en casi todos los centros de reclusi贸n del pa铆s los servicios sanitarios tienen condiciones precarias, por causa del hacinamiento mismo, los ba帽os son usados como dormitorios y en pocos de esos ba帽os hay servicio de acueducto garantizado, en esas condiciones insalubres 驴c贸mo exigirles que se laven sus manos?, si no se les garantiza un servicio digno para sus actividades b谩sicas. Estas situaciones de condiciones inhumanas son anteriores a la pandemia, y es incre铆ble que se obligue a vivir as铆 a los seres humanos, es por eso, que la Corte Constitucional en al menos 3 ocasiones (T-153 de 1998, T-388 de 2013 y T-762 de 2015) ha decretado un estado de cosas inconstitucional al interior de las c谩rceles del pa铆s, es decir que ha aceptado que en ellas se vive de manera contraria a los derechos fundamentales garantizados en la Constituci贸n, sin embargo las medidas propuestas por la Corte, que aducen a la no privaci贸n de la libertad de un ser humano en condiciones indignas, no han sido acatadas por el Gobierno, legisladores ni jueces. Pese a la gravedad de la situaci贸n, fuera de lo esperado, la practica judicial ha tenido o铆dos sordos a estos llamados y se aumenta el hacinamiento carcelario con procesados, es decir, con personas cuya presunci贸n de inocencia se mantiene vigente y con condenados por delitos de menor trascendencia o a penas m铆nimas que por sus condiciones subjetivas de arraigo social, familiar, educativo o laboral no deber铆an ser enviados a prisi贸n efectiva.

Desde antes de ese tr谩gico episodio que puso de presente la gravedad de la situaci贸n, algunos sectores sociales, acad茅micos e instituciones del estado ven铆amos pidiendo que las medidas de emergencia incluyeran a esta poblaci贸n, sectores como: la Procuradur铆a, la Defensor铆a del Pueblo, el Grupo de Prisiones de la universidad de los Andes y el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Este 煤ltimo, por medio de un comunicado p煤blico, hizo varios llamados para tomar medidas urgentes, entre ellas se encontraba como medida que se decretara el estado de emergencia carcelaria.

En efecto, ante la emergencia el Gobierno adopt贸 medidas: el pasado 22 de marzo, el director del INPEC, amparado en el art铆culo 92 de la Ley 1709 de 2014, decret贸 el estado de emergencia carcelaria, sin embargo en el documento no se especific贸 ninguna medida m谩s que el decreto mismo de la emergencia que lo faculta para tomar decisiones respecto a la contrataci贸n para mitigar la crisis, la suspensi贸n de recibir personal en determinados centros de reclusi贸n o cancelar el traslado o trasporte de internos. No obstante, las facultades que da la Ley al director del INPEC se quedan cortas, y por ello, la respuesta del Gobierno fue que el presidente, amparado en el estado de emergencia previamente decretado, regulara la situaci贸n carcelaria con el decreto 546 del 14 de abril de 2020, que aparentemente permite medidas m谩s contundentes, pero dicha disposici贸n naci贸 viciada por la enfermedad que agobia hace mucho tiempo a nuestra pol铆tica criminal, el populismo punitivo.

Veamos, la principal medida contenida en el decreto es la siguiente: durante los pr贸ximos 6 meses se ha creado un nuevo subrogado 鈥減risi贸n domiciliaria transitoria o detenci贸n domiciliaria transitoria鈥 que como su nombre lo indica busca permitir la prisi贸n domiciliaria provisional sobre cierto sector de la poblaci贸n carcelaria, ya sean condenados o procesados, es el caso de los privados de la libertad mayores de 60 a帽os, madres gestantes o con hijo menor de 3 a帽os, personas previamente diagnosticadas con enfermedades de riesgo o alto impacto y/o personas con movilidad reducida o con alguna discapacidad, condenados que hubiesen pagado m谩s del 40% de su condena, condenados por delitos culposos o a penas menores de 5 a帽os, entre otros.

Si bien el fundamento de las medidas es anticiparse a la tragedia que pueda suponer un contagio al interior de las penitenciar铆as del pa铆s, medida que llega tarde, pues en la c谩rcel de Villavicencio ya ha habido reportes de contagios, el decreto contiene varias excepciones por la naturaleza del delito en la concesi贸n de este nuevo subrogado, tristemente las excepciones son tantas que nos ponen de presente una realidad lamentable, la pol铆tica criminal de nuestro pa铆s provenga de quien provenga: el ejecutivo, legislativo o judicial opera con una suerte de doble discurso, ante un llamado para regular una situaci贸n, lo hace, al parecer cumpliendo con lo encomendado, pero en su desarrollo termina no solo limitando el nuevo beneficio que concede, sino haciendo una ley penal mucho m谩s restrictiva en garant铆as y ampliando el cat谩logo de prohibiciones a las disposiciones antes contenidas y esto sucede aun en caso de emergencia, cuando hay en juego vidas humanas.

Para ilustrar este punto conviene recordar la ley 1709 de 2014, disposici贸n normativa que naci贸 motivada por la necesidad de contener el desde entonces alarmante hacinamiento carcelario y que si bien aument贸 los criterios objetivos para la concesi贸n de subrogados penales (no enviar a prisi贸n a condenados por ciertos delitos a cambio de compromiso o prisi贸n domiciliaria) es decir el limite punitivo contenido en la ley, en realidad la ley aument贸 el listado de delitos que se encuentran prohibidos de la concesi贸n de cualquier subrogado, es decir al problema del hacinamiento se respondi贸 con una ley que contribuy贸 a poner en desuso las medidas alternativas a la prisi贸n, en otras palabras el problema de hacinamiento se resolvi贸 con una ley que aument贸 el hacinamiento.

Lo propio parece haber ocurrido con este nuevo decreto, lo bueno, se salvar谩n algunas vidas de poblaci贸n vulnerable, lo malo, los destinatarios son muy pocos y esto apenas si modificar谩 las condiciones de hacinamiento actual y por ende de salubridad, el decreto agrava la situaci贸n de los recluidos en centros transitorios, pues los mantiene en dichos sitios por 3 meses m谩s donde las condiciones de salubridad y hacinamiento son peores que en un centro de reclusi贸n, exponiendo igualmente a quienes trabajan all铆, tambi茅n con su amplio cat谩logo de excepciones uno no puede evitar preguntarse: 驴no se pretend铆a salvar la vida de los vulnerables? 驴el vulnerable deja de serlo dependiendo de su delito? Aun en emergencia legislamos con el revanchismo propio de un derecho penal del enemigo.

Insisto, la gravedad de la situaci贸n nos obligaba a tomar medidas dr谩sticas como los mencionados sectores ven铆amos proponi茅ndolo, especialmente desde el colegio de abogados penalistas, pero la enfermedad que agobia a nuestro sistema penal de no poder ver a los condenados o procesados como iguales, nos trae un decreto con un amplio cat谩logo de excepciones que no contribuyen en mucho a la situaci贸n real de crisis y en lo personal creo que persiste una comparaci贸n grave y es el trato que se da a los procesados y a los condenados por igual, 驴por qu茅 el decreto equipara a los procesados por delitos graves, que no han sido condenados a los efectivamente condenados? Este es un impase de orden constitucional e internacional, pues no tiene sentido desde ning煤n punto de vista jur铆dico que se pueda equiparar la situaci贸n del procesado con la del condenado. Todos los ciudadanos sometidos a medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario (quiz谩 solo salvo reincidentes) y cuyas sentencias no est茅n en firme, con condiciones de vulnerabilidad cobijada en el decreto deber铆an haber recibido el beneficio temporal all铆 contenido.

Dentro de las medidas procesales, llama la atenci贸n que no se ha concedido el derecho a la segunda instancia y que no se hubiese minimizado el procedimiento a un control judicial excepcional, aumentando la carga de los juzgados que impedir谩 decisiones oportunas acorde a la urgencia de la situaci贸n.

Ahora queda en manos de los jueces, ver c贸mo van a atender el llamado que hace la sensatez y las garant铆as constitucionales ya que el gobierno no estuvo a la altura de las circunstancias, los jueces de la republica tienen las herramientas constitucionales para en casos concretos inaplicar las excepciones contenidas en el decreto o en cualquier norma dicho sea de paso y aplicar directamente la constituci贸n, beneficiando a la poblaci贸n de riesgo y salvaguardando sus derechos fundamentales a la salud y a la vida, m谩s que pertinente resulta recordar lo que la Corte Constitucional ya hab铆a decantado respecto a estas excepciones generalizadas, cuando en la sentencia C- 318 de 2008 analizando las limitaciones a la sustituci贸n de la detenci贸n preventiva en establecimiento carcelario, por la detenci贸n preventiva en domicilio consider贸 que la 鈥渆xclusi贸n generalizada y absoluta de esta medida para un amplio cat谩logo de delitos conlleva a situaciones de inequidad injustificables鈥 desde esa decisi贸n existe el soporte para privilegiar la salud por encima de la naturaleza del delito imputado.

Tristemente esta situaci贸n nos pone de presente un problema que esperemos no sea olvidado una vez superada la crisis mundial, pues las condiciones inhumanas de los presos seguir谩n siendo una realidad, incluso despu茅s de la tragedia que se viva al interior de las c谩rceles del pa铆s, cuando pese a las medidas del Gobierno, la enfermedad llegue a este sector de la poblaci贸n quienes probablemente se contagiar谩n masivamente.

Es hora de pensar en medidas penales alternas a la prisi贸n, pero esta vez hacerlo a conciencia, realmente atacando el problema y no aprovechando la oportunidad para legislar generar el efecto contrario, amparados en una falta sensaci贸n de seguridad, es urgente ampliar el uso de los subrogados penales y dejar la prisi贸n como lo que debe ser: una excepci贸n para los casos m谩s graves, que no esperemos otra pandemia para recordar la realidad en la que estamos.

#YoEscriboYoLeoDerecho

* Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en Prevenci贸n de Lavado de Activos de la Fundaci贸n Universidad de Salamanca, Magister en Derecho Penal de la Universidad Santo Tom谩s.

Read 1601 times Last modified on Wednesday, 15 April 2020 20:18
Comparte ahora
15 04, 20

about author

 

 

 

 

Login to post comments