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Victimología: Conceptos básicos y tendencias actuales

Victimología: Conceptos básicos y tendencias actuales

posted in Artículos Penal by Super User

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Martín Alexander Martínez Osorio*

1. Conceptos Básicos: Victimización, Desvictimización y Prevención Victimal.

A la victimolog√≠a penal, en su concepci√≥n moderna, se le reconoce como una disciplina cient√≠fica que estudia los procesos mediante los cuales una persona deviene en v√≠ctima y c√≥mo puede lograrse que se despoje de tal calidad1. En otras palabras, la finalidad b√°sica de este conjunto de conocimientos, es estudiar los procesos de victimizaci√≥n y desvictimizaci√≥n derivados de la comisi√≥n del delito. Y esto se logra a partir de un enfoque trans-disciplinar en el que convergen estudios realizados desde diversas √≥pticas del conocimiento humano ‚Äďv. gr. psicolog√≠a, antropolog√≠a, sociolog√≠a, etc.‚Äď2.

Existen diversas posturas doctrinales que han se√Īalado la desmesura con la que la criminolog√≠a, por mucho tiempo, estudi√≥ al delincuente en desmedro del inter√©s que debi√≥ corresponder a la v√≠ctima. Ello ha determinado en la actualidad, un viraje distinto en el √°mbito de las ciencias sociales, enfocado en el estudio de las condiciones por las cuales una persona deviene en v√≠ctima y qu√© procesos sociales inciden en la construcci√≥n de tal calidad. A partir de los datos obtenidos de la realidad, se buscan fomentar estrategias de prevenci√≥n y reducci√≥n de las condiciones que llevan a tal situaci√≥n. Adem√°s, elaborar dise√Īos de respuestas jur√≠dicas y asistenciales que permitan que en aquellos casos en que alguien result√≥ perjudicado por el delito, pueda reintegrarse de forma √≥ptima a su medio social sin que pueda resultar re-victimizada una vez m√°s3.

En palabras de PEREDA BELTR√ĀN, la meta actual es construir una pol√≠tica v√≠ctimal del mismo modo que una pol√≠tica criminal, que permita prevenir situaciones de riesgo, as√≠ como disminuir los costes que implican el contacto de la v√≠ctima con el sistema de justicia penal e incidir en evitar nuevos sucesos re-victimizantes4. Sin embargo, cabe advertir que este proceso social, ha trascendido al √°mbito de las reformas penales en diversos pa√≠ses, generando una sobre-criminalizaci√≥n y una exasperaci√≥n punitiva en diversos delitos, bajo la justificaci√≥n de una mayor protecci√≥n de las v√≠ctimas. Como pone de relieve GARLAND, nos encontramos en las recientes d√©cadas en el ‚Äúregreso‚ÄĚ de la v√≠ctima al centro de la justicia penal. Y este movimiento, en su lado m√°s oscuro, incide en el fen√≥meno del neo-punitivismo contempor√°neo5.

En este importante debate, ALONSO RIMO, sostiene que este err√≥neo planteamiento no procede de la victimolog√≠a. Al contrario, una pol√≠tica criminal en clave victimol√≥gica debe estar inspirada por las directrices que dimanan del marco pol√≠tico-constitucional en el que la figura de la v√≠ctima se enmarca dentro de los m√°rgenes de respeto al car√°cter p√ļblico y garantista del sistema penal6. No debe perderse de vista entonces, el necesario trinomio v√≠ctima, delincuente y sociedad como la f√≥rmula adecuada que debe regir en el √°mbito de una correcta pol√≠tica criminal.

Dejando de lado estos excesos ‚Äďque derivan m√°s de un oportunismo pol√≠tico bajo la bandera de la v√≠ctima y no en un verdadero inter√©s en la reconstrucci√≥n de su integridad personal‚Äď debemos enfocar el estudio de los dos √°mbitos esenciales en los que se mueve la √≥ptica victimol√≥gica: la prevenci√≥n del riesgo de victimizaci√≥n y el √°mbito de las medidas adecuadas para lograr una desvictimizaci√≥n. En espec√≠fico, el no agravamiento de tal situaci√≥n por parte de los diferentes operadores del sistema penal luego del acontecido delictivo.

1. En primer lugar, debemos entender como victimización, como el proceso por el cual una persona sufre las consecuencias de un hecho traumático. Se trata de una experiencia individual, subjetiva y relativa culturalmente. Por ende, estamos ante un fenómeno complejo donde entran en juego factores de carácter individual, social y cultural, que condicionan el modo de vivir la referida experiencia. Aquí entran en consideración dos elementos importantes: (a) la consideración de los factores que intervienen en la precipitación del hecho delictivo; y (b) el impacto sobre la víctima que puede variar de acuerdo al sexo, edad, condiciones de salud, etc.7.

La determinaci√≥n del riesgo v√≠ctimal, es decir, el riesgo de ser v√≠ctima potencial de un delito, requiere tener en cuenta factores individuales como los anteriormente citados. Pero tambi√©n, su modo o estilo de vida que puede implicar la convivencia con situaciones de riesgo o actitudes poco cuidadosas ‚Äďv. gr. su cercan√≠a con personas que se dedican a la prostituci√≥n, negocios dedicados al consumo de bebidas embriagantes o al tr√°fico de drogas‚Äď. Otro dato importante en este punto es su relaci√≥n con los ofensores, y por qu√© √©ste, seleccion√≥ a determinada v√≠ctima. Desde una perspectiva situacional, debe considerarse cu√°les son los lugares presentan mayores oportunidades para generar un posible cometimiento de hechos delictivos. Por √ļltimo, tambi√©n conviene tener en cuenta factores estructurales como la marginaci√≥n de determinados grupos poblacionales que los hace pasibles de ser v√≠ctimas de organizaciones criminales como acontece con las personas que deciden emigrar fuera del pa√≠s8. Bajo este apartado se hace referencia a v√≠ctimas de riesgo como personas que poseen una mayor probabilidad de ser v√≠ctimas del delito y tambi√©n a las denominadas v√≠ctimas vulnerables. Estas √ļltimas, son las que una vez sufrida la agresi√≥n, quedan m√°s afectadas psicol√≥gicamente por lo ocurrido.

Como vemos, y siguiendo un sector amplio de la disciplina, la victimizaci√≥n es una experiencia vital a la que cada persona reacciona de acuerdo a sus caracter√≠sticas individuales, al tipo de hecho y la respuesta derivada de su ambiente. De acuerdo con un amplio n√ļmero de estudios los ni√Īos y adolescentes son quienes tienen el mayor riesgo de victimizaci√≥n y son los m√°s propensos a los negativos efectos de la misma9. De igual forma acontece con los adultos mayores. Por ende, los diversos profesionales que se relacionan con las v√≠ctimas de cualquier delito, tienen que reconocer que no existe un patr√≥n √ļnico de respuesta por parte de la v√≠ctima. Algunas exigen el esclarecimiento del hecho y la aplicaci√≥n de la justicia, pero existen otras que deciden no denunciar, y mucho menos, no desean participar en el proceso como v√≠ctimas o testigos. En este caso, debe respetarse lo que la v√≠ctima decida. Al efecto, los operadores del sistema de justicia penal deben brindarles la mayor informaci√≥n posible tanto de sus derechos como de las diversas opciones de apoyo y asistencia a las que puedan acudir. De ah√≠ que MARCHIORI, relacione que la asistencia victimol√≥gica debe comprender el conocimiento, comprensi√≥n y ayuda a las v√≠ctimas para atenuar y superar las consecuencias producidas por el delito. Ello exige una labor de individualizaci√≥n de acuerdo con las caracter√≠sticas de la v√≠ctima, su n√ļcleo familiar, su historia personal, la agresi√≥n sufrida, etc. Posterior a ello, deviene el diagn√≥stico victimol√≥gico que se relaciona con el conocimiento de los datos relacionados a la v√≠ctima, al hecho delictivo, al da√Īo provocado en la v√≠ctima y en su familia. Por √ļltimo destaca la profesora argentina, que dicha asistencia victimol√≥gica debe tener por objeto principal atenuar las graves consecuencias que deja el delito en la v√≠ctima y en su familia como sobrevivientes de un hecho criminal10. No obstante lo anterior, regularmente aparece en estos cuadros el denominado estr√©s post-traum√°tico, lo que implica un efecto ps√≠quico perceptible v√≠a pericial y que resulta de mucho inter√©s en la cuantificaci√≥n de los da√Īos extra-patrimoniales ‚Äďo morales como tambi√©n se conocen‚Äď en el √°mbito de la responsabilidad civil derivada del delito11. M√°s all√° de esto, la mayor parte de la victimolog√≠a reconoce la existencia de tres tipos de victimizaci√≥n. As√≠ se reconoce12:

‚ÄĘ Victimizaci√≥n primaria. Es el proceso por que una persona sufre, de modo directo o indirecto, da√Īos f√≠sicos o ps√≠quicos derivados de un hecho delictivo o acontecimiento traum√°tico. En este sentido, los da√Īos no se limitan a los que suponen una afectaci√≥n al bien jur√≠dico protegido; sino tambi√©n, pueden acaecer da√Īos ps√≠quicos derivados de actos sexuales o de delitos patrimoniales como el robo.

‚ÄĘ Victimizaci√≥n secundaria. Constituye el conjunto de costes personales que tiene para la v√≠ctima su intervenci√≥n en el proceso penal. Dentro de este concepto se comprenden los efectos traumatizantes derivados de los interrogatorios policiales o judiciales, la explotaci√≥n m√©dico-forense o el contacto con el ofensor en la vista p√ļblica13.

‚ÄĘ Victimizaci√≥n terciaria. Es el conjunto de costes de la penalizaci√≥n sobre quien la soporta personalmente o sobre terceros. Este concepto se relaciona con la distribuci√≥n de los costes del delito sobre las personas y sobre la sociedad. Aqu√≠ se analizan los niveles de ansiedad que aparecen en los internos de los centros penitenciarios; las consecuencias ps√≠quicas sobre los hijos de las mujeres encarceladas que conviven con sus madres en prisi√≥n o el impacto del encarcelamiento sobre las personas que dependen econ√≥micamente o emocionalmente del penado.

2. Empero, lo m√°s destacado en el √°mbito actual de la victimolog√≠a es lograr la denominada desvictimizaci√≥n, esto es, un proceso complejo de reparaci√≥n o reconstrucci√≥n de las v√≠ctimas y en el cual intervienen m√ļltiples factores y agentes. La desvictimizaci√≥n puede ser definida como un proceso de evoluci√≥n personal, din√°mico continuo, que incluye e interrelaciona diferentes procesos susceptibles de entrenamiento y desarrollo (resiliencia, esfuerzo moral, valores, autoestima, autoconocimiento, auto-desvictimizaci√≥n, construcci√≥n de los derechos victimales, etc.)14. La finalidad de este proceso es que la v√≠ctima comience de nuevo a vivir y no meramente se resigne a sobrevivir.

En otras palabras, se persigue la reintegraci√≥n social de los sobrevivientes del delito y evitar situaciones tales como la estigmatizaci√≥n o la explotaci√≥n de la condici√≥n de la v√≠ctima real o supuesta. Conviene advertir que este proceso no se limita a la asistencia psicol√≥gica, sino que implica tambi√©n un reconocimiento social. Por ello, caben distintos tipos de justicia como los que proponen en el √°mbito de la justicia restaurativa y la de naturaleza terap√©utica. De ah√≠ que, deben intervenir diferentes componentes del sistema penal, as√≠ como profesionales e instituciones p√ļblicas o privadas que se relacionan con la atenci√≥n a las v√≠ctimas. Sin embargo, en su sentido amplio, caben los sectores pol√≠ticos, las iglesias y medios de comunicaci√≥n, pues su labor puede coadyuvar de modo eficaz al reconocimiento de quienes sufren la peor parte de la infracci√≥n criminal15. Cabe agregar dentro de este √°mbito, las asociaciones de v√≠ctimas, esto es colectivos de v√≠ctimas de determinados delitos que buscan incidir en el √°mbito de las pol√≠ticas p√ļblicas para que sean reconocidos sus derechos y se establezcan las medidas m√°s adecuadas para su atenci√≥n.

En este apartado, resulta conveniente destacar que la respuesta institucional por parte de la polic√≠a y de los dem√°s entes de la administraci√≥n de justicia, son importantes para tranquilizar a la v√≠ctima y su n√ļcleo familiar; pues una respuesta de indiferencia o rechazo, provocar√°n una mayor angustia y desconfianza, conduciendo de forma posterior a una fractura familiar que agravar√° el da√Īo iniciado con el delito. De acuerdo con ello, la familia de la v√≠ctima ‚Äďconscientes del sufrimiento causado por la violencia‚Äď y con respaldo responsable de la administraci√≥n de justicia, son fundamentales en la recuperaci√≥n de la dignidad de la persona que ha sufrido la humillaci√≥n social por el delito. Por ello, el proceso de desvictimizaci√≥n debe tener en cuenta: el da√Īo producido por el delito y el da√Īo adicional producido por la incomprensi√≥n y desconocimiento de los efectos y las consecuencias16. En efecto, en los √ļltimos a√Īos, se va abriendo paso dentro del √°mbito de las ciencias del comportamiento el t√©rmino resiliencia, el cual surge para describir la capacidad de una persona para mantener su estabilidad ps√≠quica ante situaciones que suponen un desaf√≠o o riesgo. Este concepto no se refiere a la invulnerabilidad frente al estr√©s, sino a la capacidad de una persona o grupo para desarrollarse adecuadamente y proyectarse en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida dif√≠ciles y de situaciones traum√°ticas, que pueden llegar a ser graves. Esta capacidad personal puede residir tanto en las caracter√≠sticas del individuo como en circunstancias de su entorno, vi√©ndose influida por el propio desarrollo del sujeto y las ayudas que pueda recibir17.

3. En tercer lugar, uno de los cambios m√°s abiertos al desarrollo de la victimolog√≠a es de la prevenci√≥n victimal. Aqu√≠ caben desde la formulaci√≥n de programas de instrucci√≥n a las potenciales v√≠ctimas ‚Äďe igualmente grupos o comunidades vulnerables‚Äď para su auto-protecci√≥n, como tambi√©n el dise√Īo de pol√≠ticas municipales o gubernamentales para reducir los riesgos de victimizaci√≥n, y tambi√©n, buenas practicas e instructivos policiales para atender de mejor manera a las v√≠ctimas. A tales efectos se suele distinguir en una prevenci√≥n primaria ‚Äďse act√ļa sobre la comunidad en general‚Äď; prevenci√≥n secundaria ‚Äďse enfoca en sectores propensos a ser v√≠ctimas de delitos en espec√≠ficos; y prevenci√≥n terciaria ‚Äďque implica la intervenci√≥n sobre quienes ya han sido v√≠ctimas a fin de evitar una nueva revictimizaci√≥n‚Äď18.

HERRERA MORENO ‚Äďsiguiendo a FATTAH‚Äď se√Īala como factores que pueden incidir en la elaboraci√≥n de medidas de prevenci√≥n v√≠ctimal las siguientes: (a) la oportunidad (relacionada con los rasgos de la v√≠ctima potencial); (b) los factores de riesgo sociodemogr√°fico (edad, g√©nero, lugar de residencia); (c) la orientaci√≥n del infractor, en cuanto selector de v√≠ctimas; (d) la exposici√≥n al riesgo, por el contacto con figuras o situacionales potencialmente peligrosas; (e) las asociaciones, en tanto transacciones determinadas por la homogeneidad entre los colectivos de v√≠ctimas e infractores; (f) los contextos espacio-temporales portadores del riesgo (en cuanto hay una distribuci√≥n explicable y estratificada de los lugares y momentos peligrosos); (g) los comportamientos arriesgados (factores de invitaci√≥n, provocaci√≥n o negligencia auto-preventiva de la propia v√≠ctima); (h) las actividades de alto riesgo, especialmente las relacionadas con el ocio o el modo de ganarse la vida ‚Äďejemplo: el ejercicio de la prostituci√≥n‚Äď; (i) los comportamientos defensivos y evitativos: la curiosidad, la osad√≠a y la pugnacidad son factores susceptibles de influir en los niveles de riesgo v√≠ctimal; y (j) la propensi√≥n del car√°cter estructural o cultural, que asocia inequ√≠vocamente aspectos de privaci√≥n y miseria con los niveles de riesgo.

3. El reconocimiento del derecho de las víctimas a nivel internacional.

Hist√≥ricamente, como lo apunta la doctrina especializada, el proceso penal ha sido concebido como un espacio de confrontaci√≥n entre el Estado y la persona acusada de la comisi√≥n de un delito. As√≠, el Derecho estableci√≥ las reglas del juego de esa lucha, con una preocupaci√≥n por garantizar los derechos del imputado frente al Estado. De ah√≠ que, la v√≠ctima ‚Äďsiguiendo el decir del profesor TAMARIT SUMALLA‚Äď fue un invitado inc√≥modo en dicha contienda19, Sin embargo, paulatinamente, se ha venido reconociendo la importancia de garantizar sus derechos dentro y fuera del proceso penal. Dem√°s est√° decir, que nos encontramos ante la evoluci√≥n del proceso jurisdiccional penal hacia una estructura tr√≠adica compuesta de tres elementos: imputado-Estado-v√≠ctima. Este progresivo protagonismo que la v√≠ctima adquiere en la pol√≠tica criminal contempor√°nea, ha tenido su base en la incesante normativa internacional que est√° promoviendo reformas legislativas en diferentes pa√≠ses de nuestro entorno iberoamericano.

En el primer √°mbito, su principal manifestaci√≥n ha sido la Declaraci√≥n de los Derechos de las V√≠ctimas del Delito y del Abuso de Poder, adoptada en la Resoluci√≥n 40734 de 29-XI-1985, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este instrumento proclama el derecho de las v√≠ctimas a ser tratadas con compasi√≥n y respeto a su dignidad, y reconoce los derechos de acceso a la justicia, informaci√≥n sobre el proceso, asistencia, reparaci√≥n a cargo de los agentes delictivos o terceros responsables, indemnizaci√≥n, en ciertos casos a cargo del Estado y protecci√≥n ante los peligros para su intimidad y seguridad20. Lo relevante del referido instrumento internacional es la definici√≥n amplia que brinda de v√≠ctima: ‚Äú‚Ķlas personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido da√Īos, incluidas lesiones f√≠sicas o mentales, sufrimiento emocional, p√©rdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislaci√≥n penal vigente‚ÄĚ. Adem√°s: ‚Äú‚Ķlos familiares o dependientes inmediatos de la v√≠ctima directa y a las personas que hayan sufrido da√Īos al intervenir para asistir la v√≠ctima en peligro o para prevenir la v√≠ctima‚ÄĚ. Y se ostenta tal calidad, con independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relaci√≥n familiar que tenga la v√≠ctima con √©ste.

4. Los derechos de las víctimas.

El desarrollo internacional, permiti√≥ la introducci√≥n en la mayor parte de ordenamientos procesales penales, de un reconocimiento legal de los derechos de las v√≠ctimas. Estos pueden estructurarse conforme a cinco contenidos: informaci√≥n, participaci√≥n, protecci√≥n, asistencia y reparaci√≥n. Esto es: (a) informaci√≥n relativa al proceso penal y a los recursos y prestaciones a los que la v√≠ctima tiene derecho; (b) protecci√≥n frente a amenazas o represalias contra su seguridad y la de su familia, pero adem√°s, quedan comprendidas aqu√≠ las medidas dirigidas a minimizar el impacto del proceso; (c) participaci√≥n, lo que comprende el ser escuchada por los diferentes operadores del sistema de justicia penal y canalizar sus peticiones; (d) asistencia ‚Äďllamada tambi√©n victimo-asistencia‚Äď que conlleva no s√≥lo asistencia jur√≠dica, sino tambi√©n la ayuda psicol√≥gica, psiqui√°trica y cualquier otra medida de apoyo social. Y la (e) reparaci√≥n, que contiene tanto una dimensi√≥n material y simb√≥lica de resarcimiento del da√Īo causado por el delito.

4.1. Información

La v√≠ctima carece ‚Äďgeneralmente‚Äď de toda informaci√≥n sobre la administraci√≥n de justicia, sobre el proceso penal y los mecanismos jur√≠dicos que ser√°n utilizados dentro del proceso penal; desconoce la forma en que se desarrollar√°n las pericias o los interrogatorios, cu√°nto tiempo tardar√° el procedimiento y en cuantas ocasiones tendr√° que testificar. De ah√≠ que, la v√≠ctima debe estar informada acerca del progreso de su denuncia o de toda aquella actividad que se relacione con sus intereses.

No le falta raz√≥n a MARCHIORI, al afirmar que esta carencia de informaci√≥n, y por consiguiente la marginaci√≥n que se hace a la v√≠ctima al desconocer sus derechos, constituye otra forma de victimizaci√≥n21. Por ende, el derecho sobre la evoluci√≥n de la causa, sobre las posibilidades de intervenir o sobre las consecuencias que ello posee para su persona y familia constituye el m√°s elemental derecho que debe ser implementado desde el primer contacto con las autoridades (polic√≠as y fiscales)22. As√≠, si bien la experiencia demuestra que son muy pocas las v√≠ctimas que desean intervenir, s√≠ existe en la mayor parte de los casos un deseo de ser informadas de todo cuando pudiera acontecer. Pues sabe que son decisiones judiciales que pueden afectarles. Por ende, el que la v√≠ctima manifieste una negativa expresa a recibir dicha informaci√≥n ‚Äďpues considera que esto le afecta ps√≠quicamente‚Äď, no es un argumento v√°lido para que los diversos √≥rganos del sistema de justicia penal ignoren en este derecho. El mismo debe cumplirse mientras ella no ejerza expresamente su derecho a no recibir la informaci√≥n. La forma pr√°ctica de este derecho va de la creaci√≥n y divulgaci√≥n de folletos informativos que contengan datos b√°sicos sobre el proceso penal y sus diversas fases, indicaci√≥n sobre los pasos que conllevan las pericias en las que tendr√° que intervenir o la manera en la que deber√° desenvolverse en los interrogatorios, enumeraci√≥n de las instituciones gubernamentales o privadas que pudieren brindarle diversos tipos de asistencia especializada, hasta llegar al env√≠o de una copia √≠ntegra de la decisi√≥n judicial en la que se haya visto involucrada.

4.2. Participaci√≥n ‚Äď o intervenci√≥n‚Äď.

Como apunta LUNA CASTRO, este derecho de intervención en los procesos jurisdiccionales fue entendido, en sus inicios, como de naturaleza eminentemente técnica; en otras palabras, como un derecho de acudir a los tribunales o de incitar al servicio jurisdiccional con relación a una determinada pretensión. Sin embargo, en la actualidad puede ser conceptualizado en tres distintos momentos: primero, el acceso a la justicia; segundo, una vez accedido, que sea posible la audiencia y la defensa, así como la protección de los derechos y la obtención de una decisión en un plazo razonable; y tercero, una vez dictada la sentencia, que ella tenga plena efectividad en su ejecución23.

Este derecho se relaciona con las diversas formas de intervenci√≥n que puede tener la v√≠ctima dentro del proceso penal, y que van desde resguardar el derecho de audiencia as√≠ como la facilitaci√≥n de las oportunidades de ofrecer y producir prueba hasta el derecho de mostrarse parte mediante la denominada acusaci√≥n particular o querella. Actualmente, existe una tendencia legislativa en Am√©rica Latina, a brindar un abanico de posibilidades participaci√≥n m√°s all√° de las que corresponden al querellante adhesivo o el acusador como: (a) intervenir y tener conocimiento de todas las actuaciones ante la polic√≠a, la fiscal√≠a, cualquier juez o tribunal; (b) que se le nombre int√©rprete o persona que sea capaz de explicar sus pretensiones cuando ello sea necesario; (c) ser o√≠da previamente ante cualquier solicitud favorable al imputado ‚Äďsalvo los casos en que habi√©ndose citado no comparezca a la audiencia‚Äď; (d) ofrecer pruebas personalmente en las etapas procesales determinadas para tal fin en el ordenamiento procesal penal, sin perjuicio de las facultades conferidas al fiscal; y (e) ser o√≠da por la autoridad judicial o administrativa antes de adoptar una decisi√≥n que le perjudique.

4.3. Asistencia.

La asistencia a las v√≠ctimas es el conjunto de prestaciones dirigidas a reducir los efectos de la victimizaci√≥n y que permitan reintegraci√≥n social de las v√≠ctimas24. En t√©rminos t√©cnicos, nos estamos refiriendo a la denominada asistencia victimol√≥gica, que tiene como objeto la elaboraci√≥n de un diagn√≥stico de car√°cter multi-disciplinar, cuyas conclusiones permiten adoptar diversas medidas de apoyo que coadyuven a restablecer de forma integral las diversas facetas personales de las v√≠ctimas del delito25. En efecto, se trata algo m√°s que el apoyo jur√≠dico, pues incluye la evaluaci√≥n y el tratamiento en aspectos sociales, econ√≥micos, psicol√≥gicos y hasta de naturaleza psiqui√°trica. De ah√≠ que se requieran profesionales altamente especializados con una alta dosis de sensibilidad a las necesidades de la v√≠ctima y que posean suficiente inteligencia emocional. Se trata entonces, de una asistencia especializada que debe entrar a funcionar desde que se tiene el primer contacto con la v√≠ctima, e implica tambi√©n, la necesidad de que exista un acompa√Īamiento en toda aquella diligencia procesal o administrativa que pueda incidir en sus derechos y el ofrecimiento de servicios de apoyo que se consideren oportunos para su posterior proceso de desvictimizaci√≥n.

La necesaria multi-disciplinariedad profesional en delitos con una alta gravedad en su victimizaci√≥n ‚Äďv. gr. la trata de personas o algunos delitos sexuales con altas dosis de violencia‚Äď, al decir de V√ćLCHEZ SOTO, requiere la intervenci√≥n, al menos, de un: (a) psic√≥logo: para eliminar el sufrimiento de la persona y guiar a la misma hacia una vida mejor en la que dispondr√° de unas herramientas que antes no ten√≠a para afrontar los problemas; (b) psiquiatr√≠a: siempre que los s√≠ntomas sean muy agresivos es conveniente la ayuda de f√°rmacos espec√≠ficos y de un control de la ingesta de los mismos; (c) m√©dico: las v√≠ctimas de trata suelen tener secuelas f√≠sicas, algunas internas y, por lo tanto, dif√≠ciles de identificar salvo cuando sus efectos se han vuelto demasiado evidentes; (d) trabajador social: para servir de apoyo a las v√≠ctimas, son las personas indicadas para ayudarlas en la reinserci√≥n social y en que sean valoradas como parte de la sociedad; y (e) abogado: para defender sus derechos y hacer que las medidas de protecci√≥n se apliquen. Por ende, siguiendo a este especialista del comportamiento humanos, un solo profesional no puede abordar todos los problemas derivados de la asistencia a las v√≠ctimas; puede ayudar a mejorar en un √ļnico aspecto, pero dejar√°n afuera los dem√°s26. Por ende, el concurso de diversas disciplinas profesionales es la clave para un √≥ptimo proceso de reintegraci√≥n de la v√≠ctima a su medio social.

El derecho de asistencia posee una dimensi√≥n intra-procesal y otra de car√°cter extra-procesal. La primera implica brindar una asesor√≠a jur√≠dica de corte integral, la cual, no s√≥lo debe comprender el soporte para enfrentar los diversos actos del proceso penal; sino tambi√©n, los actos que se efect√ļen antes las autoridades administrativas en un determinado pa√≠s cuando se trate de v√≠ctimas extranjeras. La segunda, en contar con el respaldo y acompa√Īamiento de la v√≠ctima en los planos m√©dicos, psicol√≥gicos, psiqui√°tricos, sociales y econ√≥micos.

Por √ļltimo, conviene tener presente la asistencia a las v√≠ctimas requiere una labor de individualizaci√≥n con relaci√≥n a cada caso concreto, es decir, que tome en cuenta los datos relacionados a la v√≠ctima, al hecho delictivo, al da√Īo provocado en la v√≠ctima y en su familia. Por otra parte, la voluntariedad de la v√≠ctima en la adopci√≥n de las medidas y programas es una condici√≥n indispensable para su aplicaci√≥n. De ah√≠ que, no queda compelerse a los perjudicados a intervenir en pr√°cticas cl√≠nicas o jur√≠dicas que no sean de su agrado, so pena de generar una indeseable victimizaci√≥n secundaria por parte de las diversas instituciones estatales. Resta decir, que siempre se aduce que la asistencia a las v√≠ctimas de los delitos es sumamente onerosa, y no se cuentan con los recursos econ√≥micos para ejecutar los programas; sin embargo, es dable buscar apoyo en los programas de voluntariado que pudieran impulsar las universidades bajo la modalidad de horas sociales y en las organizaciones no gubernamentales. Estas √ļltimas pueden desarrollar actividades de asesoramiento y acompa√Īamiento de v√≠ctimas en los diversos escenarios de la justicia penal, a fin de mantener la idea en las v√≠ctimas de que ‚Äúno se encuentran solas ante los delincuentes‚ÄĚ.

4.4. Protección.

Este derecho consiste en adoptar las medidas para proteger a las v√≠ctimas y sus familias ‚Äďtambi√©n testigos y peritos que se relacionen con determinados procesos penales‚Äď frente a la victimizaci√≥n secundaria o una probable re-victimizaci√≥n, es decir, ante probables riesgos personales que impliquen intimidaciones, represalias de individuos o grupos delictivos, as√≠ como, el evitar da√Īos emocionales o psicol√≥gicos que puedan aparecer en el transcurrir del proceso penal, por ejemplo, cuando ellas testifiquen ante la autoridad jurisdiccional.

Por tales motivos es que se habla de protecci√≥n de las v√≠ctimas dentro del proceso penal ‚Äďante eventuales venganzas del delincuente o su gripo‚Äď y del proceso penal ‚Äďla que puede tener lugar en la pr√°ctica de pruebas periciales o en los interrogatorios ante la autoridad judicial‚Äď. El derecho de protecci√≥n ha sido reconocido en la letra c) del art 6 de los Principios fundamentales de justicia para las v√≠ctimas del delito y de abuso de poder, cuando se√Īala que los Estados deben adoptar ‚Äúmedidas para minimizar las molestias causadas a las v√≠ctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, as√≠ como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidaci√≥n o represalia‚ÄĚ. Por su parte, en una materia m√°s especializada, el Protocolo relativo a la trata de personas anexo a la Convenci√≥n de Palermo contra la criminalidad organizada transnacional, se√Īala en los n√ļms. 1 y 5 de su art. 6, diferentes medidas como: (a) proteger la privacidad y la identidad de las v√≠ctimas, en particular, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas al delito; y (b) la adopci√≥n de medidas para resguardar a las v√≠ctimas mientras se encuentren en su territorio.

En suma, desde el √°mbito del Derecho internacional, se postula la protecci√≥n tanto de la intimidad como la seguridad de las v√≠ctimas ante un riesgo grave de afectaci√≥n, lo cual ha dado lugar a regulaciones espec√≠ficas como las leyes de protecci√≥n de testigos y peritos en causas criminales, y en las que fijan una diversidad de medidas que eviten, por ejemplo, la confrontaci√≥n f√≠sica entre la v√≠ctima y el procesado ‚Äďsalvo excepcionalmente que ello se requiera‚Äď. Adicionalmente, se identifican v√≠ctimas con una mayor vulnerabilidad y en las que caben aplicar medidas especiales para su protecci√≥n.

Lo anterior resulta de suma importancia cuando nos encontramos en supuestos de criminalidad organizada. Aquí, el carácter asociado de esta forma delictiva, sus peculiaridades jerárquicas, la clandestinidad de sus actividades, sus reglas internas de funcionamiento y su enorme capacidad para obstaculizar y neutralizar la acción policial y judicial, es donde la colaboración de los ciudadanos resulta decisiva y necesaria para su combate y evitar la impunidad de su accionar27.

Pero por otra parte, los procesos penales que se relacionan con la criminalidad organizada, son las situaciones más propensas para el desarrollo de la victimización secundaria. Así, por el modus operandi de esta compleja forma de delincuencia, los procesos jurisdiccionales suelen tener una duración desmesurada en la que las víctimas o los testigos pueden comparecer reiteradamente ante las autoridades; lo cual las enfrenta en varias ocasiones con los abogados de los presuntos autores del delito, o incluso, con los propios victimarios28.

El derecho a la protecci√≥n de las v√≠ctimas es un tema inacabado, pues requiere la implementaci√≥n ‚Äďtanto en los espacios policiales y judiciales‚Äď de espacios reservados y en los que se pueda reducir la posibilidad de contactos con el imputado u otras personas que se relacionen con √©l. Adicionalmente, resulta necesaria la formulaci√≥n de c√≥digos de buenas pr√°cticas y fomento de la sensibilizaci√≥n en los profesionales de diversas √°reas que tienen contactos con ellas, a fin de que no contribuyan a perjudicar el maltrecho estado ps√≠quico y emocional de los perjudicados por el delito. En especial, con relaci√≥n a los abogados particulares, que buscan desacreditar a las v√≠ctimas mediante preguntas acerca de su vida sentimental o sexual anterior o concomitante con el delito. En estas situaciones, la autoridad jurisdiccional debe estar atenta a evitar en lo posible este tipo de cuestionamientos en v√≠ctimas que pueda advertirse que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad ps√≠quica o emocional. A fin de minimizar estas inc√≥modas situaciones, la informaci√≥n previa que pueda aportar el agente del ministerio p√ļblico ‚Äďu otro profesional de una entidad gubernamental o privada‚Äď acerca de los fines y el m√©todo del interrogatorio forense puede ser de mucha utilidad, junto a ello, resulta necesario el acompa√Īamiento a la v√≠ctima por una persona de su confianza.

Por √ļltimo, resta se√Īalar que algunos ordenamientos en el √°mbito del Derecho comparado, prescriben la necesidad de una evaluaci√≥n individual de cada v√≠ctima, a fin de determinar sus necesidades especiales de protecci√≥n. Este enfoque m√°s din√°mico permite superar una clasificaci√≥n a priori como especialmente vulnerable (menores de edad/mayores de edad) que poseen la mayor parte de los c√≥digos procesales vigentes en Am√©rica Latina29. Es as√≠ que las posteriores reformas legislativas en la materia, deben ir enfocadas en una evaluaci√≥n individual de cada v√≠ctima, a fin de adoptar las medidas que resulten m√°s pertinentes ponderando otros factores concurrentes. La evaluaci√≥n que debe realizarla un equipo t√©cnico especializado, debiendo tener en cuenta: las caracter√≠sticas personales de la v√≠ctima, el tipo o la naturaleza del delito y las circunstancias en que fue cometido. Conviene tener presente, que cuando se trate de delitos que se desarrollen bajo la modalidad de grupo u organizaci√≥n criminal, siempre ser√° necesario adoptar motivadamente medidas que eviten el contacto visual con el infractor ‚Äďpor ejemplo, mediante un biombo, aplicaci√≥n de la t√©cnica gessel, circuito cerrado entre otras‚Äď cuando el caso lo amerite. La grabaci√≥n de su testimonio para su posterior reproducci√≥n en la vista p√ļblica, puede evitar el constante n√ļmero de manifestaciones que la v√≠ctima debe aportar en diferentes instancias. En resumen, como acertadamente sostiene TAMARIT SUMALLA, la v√≠ctima de una organizaci√≥n criminal es una v√≠ctima especialmente vulnerable, por ende, las medidas de protecci√≥n que se autoricen deben resultar efectivas30.

4.5. Reparación

La reparaci√≥n es lo contrario a la violencia, al castigo, a la humillaci√≥n y al aislamiento provocado por el delito. Significa etimol√≥gicamente: ‚Äúcomponer‚ÄĚ, ‚Äúremediar‚ÄĚ, ‚Äúenmendar‚ÄĚ. As√≠, desde la perspectiva victimol√≥gica, es atender y remediar el da√Īo causado a la v√≠ctima por una acci√≥n criminal con el fin de lograr su restablecimiento ps√≠quico, material y social. Por ende, y de acuerdo con MARCHIORI, es un derecho que tiene el ciudadano que result√≥ perjudicado por el delito y se constituye en un componente esencial de la asistencia que el Estado debe proporcionarle31.

Pese a que para algunos autores, la reparaci√≥n debe considerarse una instituci√≥n inacabada en cuanto a su evoluci√≥n y poco depurada respecto a su naturaleza, caracter√≠sticas y efectos32, en la actualidad, existe un consenso de que la reparaci√≥n comprende un significado m√°s amplio que el de la responsabilidad civil derivada del delito, y esto es porque: (a) abarca tambi√©n la compensaci√≥n del da√Īo social producido por el delito, de ah√≠ que se postule en muchos casos por una reparaci√≥n simb√≥lica; (b) exige un esfuerzo personal relevante ‚Äďno necesariamente econ√≥mico‚Äď al responsable penal de la infracci√≥n; (c) atiende a una pluralidad de dimensiones del da√Īo provocado por el delito, por lo que tambi√©n tiene un contenido no esencialmente econ√≥mico; y (d) el canon de exigibilidad al infractor en lo relativo a la prestaciones hacia a v√≠ctima, se mide conforme su capacidad. Por todo lo anterior, se habla que la reparaci√≥n debe contener dos dimensiones: un valor de resultado y un valor de acci√≥n, susceptibles de compensar, al menos con relaci√≥n a determinados delitos, una parte del desvalor propio del hecho del il√≠cito cometido33.

El art. 5 de la secci√≥n A de los Principios fundamentales de justicia para las v√≠ctimas del delito y de abuso de poder (1985) afirma que: ‚Äú[s]e establecer√°n y reforzar√°n, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las v√≠ctimas obtener reparaci√≥n mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informar√° a las v√≠ctimas de sus derechos para obtener reparaci√≥n mediante esos mecanismos‚ÄĚ. As√≠ el referido instrumento internacional, distingue entre el resarcimiento a cargo de los penalmente responsables o terceros, que consiste en la devoluci√≥n de los bienes o el pago por los da√Īos o p√©rdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimizaci√≥n, la prestaci√≥n de servicios y la rehabilitaci√≥n de derechos. Y la indemnizaci√≥n-reparaci√≥n, que corresponde al Estado cuando no sea suficiente el importe al que se encuentra obligado el agente delictivo o del que provenga de otras fuentes, y que implica un aporte econ√≥mico cuando: (a) las v√≠ctimas del delito hayan sufrido importantes lesiones corporales o menoscabo de su salud f√≠sica o mental como consecuencia de delitos graves; (b) la familia, en particular a las personas a cargo, de las v√≠ctimas que hayan muerto o hayan quedado f√≠sica o mentalmente incapacitadas como consecuencia de la victimizaci√≥n. A tales efectos, sostiene el principio n√ļmero 13, que se ‚Äúfomentar√° el establecimiento, el reforzamiento y la ampliaci√≥n de fondos nacionales para indemnizar a las v√≠ctimas. Cuando proceda, tambi√©n podr√°n establecerse otros fondos con ese prop√≥sito, incluidos los casos en los que el Estado de nacionalidad de la v√≠ctima no est√© en condiciones de indemnizarla por el da√Īo sufrido‚ÄĚ.

En la actualidad, existe una tendencia que tiene lugar desde los a√Īos setenta del siglo pasado, de incluir sistemas de reparaci√≥n a favor de las v√≠ctimas de determinados delitos con cargo a fondos p√ļblicos. En este sentido, conviene tener presente el Convenio de la Uni√≥n Europea de 24-XI-1983, el cual recomendaba a los Estados del referido continente la implantaci√≥n de sistemas de reparaci√≥n p√ļblica con relaci√≥n a determinados delitos violentos. Lo esencial de estos sistemas que operan de forma supletoria respecto de la responsabilidad civil derivada del delito y en los cuales el Estado se atribuye un derecho de repetici√≥n frente al responsable civil34.

Dentro de las razones que justifican este tipo de sistemas de reparaci√≥n, de acuerdo con RODRIGUEZ MANZANERA, se encuentran: (a) si el Estado se ocupa de los sectores de poblaci√≥n en condiciones desventajosas es pertinente que extienda su acci√≥n en beneficio de las v√≠ctimas de actos delictivos; (b) existe una obligaci√≥n estatal de indemnizar, ya que no es capaz de proteger a la colectividad de la criminalidad, no obstante que ella paga los servicios de polic√≠a, tribunales, c√°rceles, etc.; (c) un aporte econ√≥mico a las v√≠ctimas, puede facilitar su colaboraci√≥n respecto al sistema de justicia penal; y (d) el estado de insolvencia econ√≥mica en que se encuentran la mayor parte de delincuentes, por ser condenados a largas penas de prisi√≥n o porque carecen de las posibilidades monetarias para pagar los da√Īos causados, entre otras razones. En suma, al tomar el Estado bajo su responsabilidad la seguridad ciudadana, toma tambi√©n la obligaci√≥n de reparar sus fallas, deber que tambi√©n se manifiesta en los impuestos que los ciudadanos pagan al Estado para su protecci√≥n35.

Como vemos, la victimolog√≠a exige un concepto amplio de reparaci√≥n, que comprende: (a) una reparaci√≥n institucional penal, que puede implicar la condena del delincuente y el posterior cumplimiento de una pena; (b) una reparaci√≥n econ√≥mica que implica tanto la restituci√≥n como la indemnizaci√≥n pecuniaria, a cargo del agente delictivo o de un tercero ‚Äďen este caso, el tercero civilmente responsable‚Äď; (c) una reparaci√≥n social-comunitaria, que implica el reconocimiento de la responsabilidad y una disculpa a la v√≠ctima, lo que puede implicar escenarios a cargo de una justicia restaurativa. Dentro de esta categor√≠a caben actos recordatorios de las v√≠ctimas de determinados delitos mediante la conmemoraci√≥n. Lo que se busca aqu√≠, es superar el dolor que sufren las v√≠ctimas y sus familiares por el olvido de los comportamientos criminales de parte de la justicia y la comunidad ‚Äď por ejemplo nombrando de diferente manera a una plaza, cartas a las familiares, vigilias religiosas, etc.‚Äď; (d) la restituci√≥n monetaria a la comunidad implica el pago de dinero por parte del autor del delito a otra entidad generalmente un programa comunitario dirigido a ni√Īos, ancianos, familiares sin hogar, hospitales, etc.; y el (e) servicio a la comunidad, el cual requiere que el agente delictivo realice alg√ļn servicio a la comunidad. Ejemplo: pintando instalaciones p√ļblicas, colaborar limpiando parques, etc.36.

Citas

1 El presente art√≠culo se enfoca en una acepci√≥n sumamente estricta de la victimolog√≠a, como aquella disciplina que estudia los procesos de victimizaci√≥n que derivan de la comisi√≥n del delito. Por ende, e intencionadamente, nos apartamos de aquellas concepciones amplias acerca del objeto de estudio de la referida disciplina, que tambi√©n incluyen la victimizaci√≥n proveniente de hechos naturales o sucesos fortuitos. Un enfoque as√≠ de amplio se advierte en: RODRIGUEZ CAMPO/GARC√ćA MERCADER, quienes afirman que la victimizaci√≥n es ‚Äúaquella afectaci√≥n que una persona recibe en su esfera jur√≠dica por conductas o hechos humanos y de la naturaleza que deterioran su estatus social-jur√≠dico‚ÄĚ. Al respecto, v√©ase su libro: Victimizaci√≥n y desvictimizaci√≥n. Edit. Temis, Bogot√°, 2014, P√°gs. 17-18.

2 TAMARIT SUMALLA/VILLACAMPA ESTIARTE, Victimologia, justicia penal y justicia reparadora, Grupo Editorial Iba√Īez, Bogot√°, 2006, P√°g. 32.

3 En tal sentido MARCHIORI, define a la victimolog√≠a como una ‚Äúdisciplina trascendente para la comprensi√≥n, asistencia, acceso a la justicia y reparaci√≥n de las personas que sufren las consecuencias de los procesos de victimizaci√≥n‚ÄĚ. V√©ase su obra: Criminolog√≠a: la v√≠ctima del delito, Edit. Porr√ļa, M√©xico, 2015, P√°g. 12.

4 PEREDA BELTR√ĀN, ‚ÄúLa victimolog√≠a en el contexto de las ciencias sociales‚ÄĚ, en: PEREDA BELTR√ĀN/TAMARIT SUMALLA, Victimolog√≠a, te√≥rica y aplicada, Edit. Huygens, Barcelona, 2013, P√°g. 21.

5 Para GARLAND, el debate acerca de los derechos de las v√≠ctimas en el √°mbito anglosaj√≥n, ha llevado a que nos encontremos ante un ‚Äújuego de suma cero‚ÄĚ que define de la siguiente manera: ‚Äú[t]oda atenci√≥n inapropiada de los derechos o del bienestar del delincuente se considera como algo que va en contra de la justa medida de respeto por las v√≠ctimas. Se asume un juego pol√≠tico de suma cero, en el que lo que el delincuente gana lo pierde la v√≠ctima y estar ¬ęde parte¬Ľ de las v√≠ctimas autom√°ticamente significa ser duro con los delincuentes‚ÄĚ. Al respecto ver su libro: La cultura del control, Edit. Gedisa, Barcelona, 2001, P√°gs. 46-47. Sobre la extensi√≥n de esta justificaci√≥n neo-punitivista en el √°mbito iberoamericano y su respectiva cr√≠tica: D√ćEZ RIPOLL√ČS, La pol√≠tica criminal en la encrucijada, 1¬į Edici√≥n, Edit. B de F, Montevideo, 2007, P√°gs. 76-78. Tambi√©n: SILVA S√ĀNCHEZ, La expansi√≥n en el Derecho penal, 3¬į Edici√≥n, Edit. B de F, Montevideo, 2011, P√°gs. 46-48.

6 ALONSO RIMO, ‚ÄúLa v√≠ctima en el sistema de justicia penal II‚ÄĚ, en: BACA BALDOMERO/ECHEBUR√öA ODRIOZOLA/TAMARIT SUMALLA, Manual de Victimolog√≠a, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, P√°g. 400.

7 Sobre tales elementos: TAMARIT SUMALLA/VILLACAMPA ESTIARTE, Victimología, justicia penal y justicia reparadora, ob. cit, Pág. 47.

8 Ibíd. Págs. 50-51.

9 Sostiene PEREDA BELTR√ĀN que se ha constatado en los estudios relativos a la victimizaci√≥n infantil, que los diferentes abusos y malos tratos sufridos por un ni√Īo, comportan graves secuelas para sus v√≠ctimas, que pueden perdurar a lo largo de los a√Īos y constituirse en importantes problemas psicosociales en la edad adulta. Afirma al respecto: ‚Äú[d]esde el √°mbito de la psicolog√≠a del desarrollo, los resultados de diversos estudios sugieren que la vivencia de una experiencia fuertemente estresante, como en cualquier forma de victimizaci√≥n interpersonal, es un per√≠odo de alta plasticidad neuronal como la infancia, provoca disregulaciones en el desarrollo neurofisiol√≥gico cerebral, lo que, a su vez, parece conllevar problemas de relaci√≥n, disregulaci√≥n del estado de √°nimo y la conducta, as√≠ como m√ļltiples problemas sociales y emocionales en etapas posteriores‚ÄĚ. Al respecto: PEREDA BELTR√ĀN, ‚ÄúLa victimolog√≠a en el contexto de las ciencias de la salud‚ÄĚ, en: PEREDA BLETR√ĀN/TAMARIT SUMALLA, Victimolog√≠a te√≥rica y aplicada, Edit. Huygens, Barcelona, 2013, P√°gs. 47-48.

10 MARCHIORI, Criminología: la víctima del delito, ob. cit., Págs. 231-232.

11 TAMARIT SUMALLA agrega como consecuencia de la victimizaci√≥n se derrumban ciertas estructuras cognitivas del damnificado, en este sentido se afectan sus creencias en su invulnerablidad personal, la percepci√≥n de que el mundo es ‚Äúbenevolente‚ÄĚ as√≠ como una auto-percepci√≥n positiva de la vida. Ello de alguna manera determina la decisi√≥n adaptativa que tomar√° para superar el evento traum√°tico. Esto es colaborar con la justicia penal, no denunciar o participar en el proceso penal, y a√ļn s√≥lo mantenerse informada como van las indagaciones. Empero, como se reitera supra, el sistema penal debe respetar lo que la v√≠ctima decida.

12 TAMARIT SUMALLA, La Victimología: cuestiones conceptuales y metodológicas, en: A.A.V.V., Manual de Victimologia, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, Págs. 32-33.

13 De acuerdo con el profesor TAMARIT, tambi√©n se comprende dentro de la victimizaci√≥n secundaria, los efectos del tratamiento informativo del suceso por parte de los medios de comunicaci√≥n. Sin embargo, algunos autores consideran que la misma es parte de la victimizaci√≥n terciaria, as√≠ autores como el jurista mexicano LUNA CASTRO, sostienen que esta comprende ‚Äúlas secuelas o derivaciones perjudiciales para la misma v√≠ctima primaria (directa o indirecta) por parte de los elementos conformadores de su propio entorno o contexto social (el resto de los integrantes del medio social en que se desenvuelve) y que por lo general se refleja a trav√©s formas de estigmatizaci√≥n o etiquetamiento con alto factor de discriminaci√≥n‚ÄĚ. Desde su perspectiva, los medios de comunicaci√≥n y la sociedad misma no pueden estimarse como factores de ‚Äúvictimizaci√≥n secundaria‚ÄĚ, pues esta, es provocada √ļnicamente por las entidades del sistema formalmente institucionalizado, y ello pese al potencial que tienen de magnificar o intensificar la victimizaci√≥n. Sobre lo anterior: LUNA CASTRO, Los derechos de la v√≠ctima y su protecci√≥n en los sistemas penales contempor√°neos mediante el juicio de amparo, Edit. Porr√ļa, M√©xico, 2009, P√°g. 30.

14 ANDREU FERN√ĀNDEZ, citada por RODR√ćGUEZ CAMPOS/GARC√ćA MERCADER, Victimizaci√≥n y desvictimizaci√≥n, Edit. Temis, Bogot√°, 2014, P√°g. 98.

15 Sobre lo anterior: TAMARIT SUMALLA, Curso de especialización sobre victimología, sistema penal y justicia reparadora, Corte Suprema de Justicia de El Salvador, San Salvador, 2010, Pág. 25.

16 MARCHORI, Criminología. La víctima del delito, ob. cit. Págs. 6-7.

17 RODR√ćGUEZ CAMPOS/GARC√ćA MERCADER, Victimizaci√≥n y desvictimizaci√≥n, ob. cit, P√°g. 107. De acuerdo con estos autores, la resiliencia comprende: (a) sobrevivir al trauma; (b) cerrar la grieta (discernir entre lo que se puede cambiar y lo que no se puede cambiar para superar lo primero); (c) vivir con los dem√°s (sociable); (d) el ciudadano de s√≠. Construye el amor a s√≠ mismo, de donde de pronto sacar√° la fuerza para liberarse; y (e) el ciudadano de los dem√°s. Responsabilidad comprometida con el pr√≥jimo que parece una caracter√≠stica de la resiliencia asumida‚ÄĚ.

18 TAMARIT SUMALLA, La victimología: cuestiones conceptuales y metodológicas, art. cit., Págs. 35-36.

19 TAMARIT, en PEREDA BELTR√ĀN/TAMARIT SUMALLA, Victimolog√≠a te√≥rica y aplicada, ob. cit., P√°g. 306.

20 No puede dejarse de lado otro importante instrumento internacional que la Declaraci√≥n sobre los Principios y directrices b√°sicos sobre el derecho de las v√≠ctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones que corresponde la Resoluci√≥n 60/147 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16-XII-2005. Por otra parte, el Consejo Econ√≥mico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas en su resoluci√≥n 2005/20 de 22-VII-2005 aprob√≥ las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los ni√Īos v√≠ctimas y testigos de delitos, que desarrolla los derechos de informaci√≥n, audiencia, asistencia efectiva, seguridad, reparaci√≥n y respeto a la privacidad de los ni√Īos, ni√Īas y adolescentes que tengan relaci√≥n con el sistema de justicia penal. Adicionalmente, conviene tener presente el Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional (1998), en especial, lo establecido en su art√≠culo 68.

21 MARCHIORI, Criminología. La víctima del delito, ob. cit., Pág. 185.

22 TAMARIT SUMALLA/VILLACAMPA ESTIARTE, Victimología, justicia penal y justicia reparadora, ob. cit., Págs. 272-273.

23 Sobre esta perspectiva, y en la cual retoma la excepcional agudeza del profesor espa√Īol G√ďNZ√ĀLEZ P√ČREZ, V√©ase: LUNA CASTRO, Los derechos de las v√≠ctimas y su protecci√≥n, ob. cit., P√°gs. 41-42. Dentro de esta perspectiva, nos recuerda el profesor mexicano, que ‚Äúuno de los retos de las judicaturas del mundo actual implica no s√≥lo cumplir con un mayor acceso a los tribunales desde el punto de vista cuantitativo (m√°s asuntos o expedientes), sino tambi√©n cualitativamente hablando, esto es, garantizando la objetividad y excelencia en el ejercicio jurisdiccional requerido, y una de las formas esenciales para lograrlo resulta ser la especializaci√≥n judicial, dada la especialidad y diversidad compleja de las problem√°ticas o conflictos llevados ante los tribunales, con la leg√≠tima expectativas de los justiciables, no s√≥lo de que se resuelva, sino que se resuelva bien (de manera t√©cnicamente correcta)‚ÄĚ.

24 PEREDA BELTR√ĀN/TAMARIT SUMALLA, Victimolog√≠a te√≥rica y aplicada, ob. cit., P√°g. 322.

25 En este punto seguimos MARCHIORI, quien caracteriza a la asistencia-tratamiento como la aplicaci√≥n de todas las medidas tendientes al conocimiento, comprensi√≥n y ayuda a la v√≠ctima para atenuar y superar las consecuencias producidas por el delito. Por ende, el tratamiento que formular√° con relaci√≥n a la v√≠ctima, requiere de un correcto diagn√≥stico victimol√≥gico, que se basa en el conocimiento de los datos relacionados a la v√≠ctima, al hecho delictivo, al da√Īo provocado en la v√≠ctima y en su familia. V√©ase su libro: Criminolog√≠a, La v√≠ctima del delito, ob. cit, P√°g. 231.

26 V√ćLCHEZ SOTO, ‚ÄúAsistencia psicol√≥gica a las v√≠ctimas de trata‚ÄĚ, en: LARA AGUADO (Dir.), Nuevos retos en la lucha contra la trata de personas con fines de explotaci√≥n sexual: un enfoque interdisciplinar, Edit. Civitas, Navarra, 2012, P√°gs. 312-313.

27 Al respecto CUBILLO L√ďPEZ, La protecci√≥n de testigos en el proceso penal, Edit. Civitas, Madrid, 2009.

28 CRESPO BARQUERO, ‚ÄúLa protecci√≥n de las v√≠ctimas de la delincuencia organizada en el ordenamiento jur√≠dico espa√Īol‚ÄĚ, en: VILLACAMPA ESTIARTE (Coord.), La delincuencia organizada: un reto a la pol√≠tica criminal actual, Edit. Aranzadi, Navarra, 2013, P√°g. 192.

29 Sobre lo anterior, TAMARIT SUMALLA, ‚ÄúLas v√≠ctimas de la delincuencia organizada‚ÄĚ, en: VUILLACAMPA ESTIARTE (Coord.), La delincuencia organizada: un reto a la pol√≠tica criminal actual, Edit. Aranzadi, Navarra, 2013, P√°g. 178.

30 Ibídem., Pág. 186.

31 MARCHORI, Criminología. La víctima del delito, ob. cit., Pág. 201.

32 LUNA CASTRO, Los derechos de las víctima y su protección, ob. cit., Pág. 32.

33 Sobre lo anterior: TAMARIT SUMALLA, Curso de especialización sobre Victimología, sistema penal y justicia reparadora, Corte Suprema de Justicia de El Salvador, San Salvador, 2010, Págs. 50-51.

34 Sobre lo anterior: PEREDA BELTR√ĀN/TAMARIT SUMALLA, Victimolog√≠a te√≥rica y aplicada, ob. cit., P√°g. 321. Como muy bien exponen los autores, esto no tiene nada que ver con los supuestos en que el Estado es responsable civil subsidiario por los delitos o faltas cometidos por los servidores p√ļblicos, o con el mecanismo administrativo de la responsabilidad patrimonial del Estado por un defectuoso funcionamiento de los servicios p√ļblicos‚ÄĚ.

35 RODRIG√öEZ MANZANERA, Victimolog√≠a, 11¬į Edici√≥n, Edit. Porr√ļa, M√©xico, 2008, P√°gs. 395-396. En especial, v√©anse los diversos sistemas de indemnizaci√≥n estatal en el mundo a los que hace referencia el connotado crimin√≥logo mexicano.

36 Sobre lo anterior: MARCHIORI, Criminología, La víctima del delito, ob. cit., Págs. 195-198.

#YoEscriboYoLeoDerecho

* Profesor de Derecho penal y Política Criminal de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Docente del área penal de la Escuela de Capacitación Judicial de El Salvador.

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06 04, 20

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