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El recurso excepcional de impugnaci贸n por v铆a de doble conformidad judicial frente a su aplicaci贸n como garant铆a fundamental en Colombia.

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El recurso excepcional de impugnaci贸n por v铆a de doble conformidad judicial frente a su aplicaci贸n como garant铆a fundamental en Colombia.

El recurso excepcional de impugnaci贸n por v铆a de doble conformidad judicial frente a su aplicaci贸n como garant铆a fundamental en Colombia.

posted in Art铆culos Penal by Super User

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Juan Camilo Rodr铆guez Arias*

1. Introducci贸n.

En los procesos de 铆ndole penal claramente existen garant铆as de orden legal, Constitucional y convencional, garant铆as que en regla general son encaminadas a un Debido Proceso para el procesado a quien se le indilga una conducta punible (art铆culo 9 del c贸digo penal), y esto obedece a que el Derecho penal es el poder punitivo del Estado hacia un individuo en donde se puede afectar uno de los Derechos m谩s valiosos como lo es el de la libertad. Dentro de dichas garant铆as est谩n consagradas entre otras; el Derecho al ser o铆do, a contradecir, a presentar pruebas, a tener un juicio p煤blico, a tener un abogado de confianza o de oficio, a la presunci贸n de inocencia, a guardar silencio y no auto incriminarse, a ser juzgado por delitos prexistentes al acto que se le imputa y a recurrir la sentencia condenatoria, entre otros (art铆culo 29 C.N).

Y dentro de estas garant铆as ya mencionadas se encuentra la del Derecho a recurrir la sentencia condenatoria de primera instancia, consagr谩ndose esta garant铆a en el ordenamiento penal Colombiano tanto en ley 600 como en ley 906, as铆 como en la Constituci贸n Pol铆tica de Colombia (art铆culo 31 C.N), garant铆a que lo que permite en el margen de la ley 906 que es en lo que me ocupare en este art铆culo, y es que cuando una persona es procesada por cualquier delito y la sentencia es de car谩cter condenatoria esta tendr谩 Derecho a apelar dicha decisi贸n para que sea revisada por el superior jer谩rquico de quien emiti贸 el pronunciamiento desfavorable en contra del individuo imputado o acusado penalmente, y de esta manera el superior revisara la sentencia 煤nica y exclusivamente en los reparados realizados por el recurrente en su intervenci贸n oral o en el libelo de apelaci贸n. De otro lado la sentencia que fuere absolutoria tambi茅n podr谩 ser objeto de apelaci贸n por parte de la fiscal铆a, ministerio p煤blico o por el representante de la v铆ctima (ley 906, 2004, art. 179), situaci贸n que llevar铆a que el superior jer谩rquico que puede ser el tribunal superior del distrito judicial competente o la Corte Suprema de Justicia seg煤n fuere quien tome la decisi贸n de primera instancia, y en donde podr铆a emitirse una sentencia condenatoria en contra del investigado, decisi贸n que en principio solo proceder铆a el recurso extraordinario de casaci贸n, el cual como es sabido por quienes litigan en Colombia en materia penal, es un recurso ritualista en exceso y su finalidad tiene fines espec铆ficos (ley 906, 2004, art. 180).

Como se dijo anteriormente, es en principio que se podr铆a pensar que ante esta situaci贸n de una primera condena en segunda instancia solo proceder铆a la Demanda de Casaci贸n, mas no quiere decir que esto es lo que debe ser o es. ya que la Convenci贸n americana de Derechos Humanos estableci贸 en su art铆culo 8 la garant铆a de que toda sentencia condenatoria pod铆a ser impugnada, as铆 como la convenci贸n de Derechos Civiles y Pol铆ticos y que en virtud del Bloque de Constitucionalidad ( Cons., 1991, art. 93)1 esta es parte integral del ordenamiento y el Estado est谩 en la obligaci贸n de cumplir con este postulado, y este fue el fundamento que llevo a que la Corte Constitucional en la sentencia C- 792 de 2014 en estudio de varios articulados del C贸digo Penal por una demanda de inconstitucionalidad decidiera que en Colombia deb铆a aplicarse lo que se conoce como Impugnaci贸n por v铆a de doble conformidad, y exhort贸 al congreso de la rep煤blica para que legislara sobre la materia, posteriormente en una sentencia de unificaci贸n, la misma Corte estima que este recurso debe operar a partir del 24 de abril del a帽o 2016, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia quien era la competente para resolver este tipo de recurso excepcional, se aparta de la decisi贸n de la Corte y no da aplicaci贸n a la doble conformidad, implic谩ndose claramente el Derecho convencional reconocido por Colombia como Estado parte y en donde la Corte Constitucional en su funci贸n de interpretar la constituci贸n dio claros lineamientos para el cumplimiento de esta garant铆a ya Constitucional.

Sigui茅ndose el choque de interpretaci贸n entre la Corte Suprema y la Constitucional, el legislador decide tomar partido y expide el Acto Legislativo 01 de 2018, por medio del cual se crea una segunda instancia para los aforados que son juzgados por la Corte Suprema de Justicia, es decir que la Corte actuaria ya no solo en 煤nica instancia sino que lo har铆a en primera instancia cuando de aforados se trate (art. 234 CN), as铆 mismo el Acto Legislativo2 avalo el Derecho a la Impugnaci贸n por doble conformidad, que como ya se dijo este Acto Legislativo fue creado para los procesos judiciales de los aforados, sin embargo, en su art铆culo 3 No. 7 se estableci贸 que la Corte Suprema de Justicia conocer铆a de la doble conformidad de las decisiones tomadas por los tribunales seccionales, es decir que el Acto Legislativo tambi茅n tiene efectos para los procesos penales ordinarios de ley 906 del 2004 e inclusive ley 600 del 2000.

Pese a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018, la Corte Suprema de Justicia en diferentes pronunciamientos sigui贸 negando la posibilidad de que se ejerciera esta Impugnaci贸n excepcional, empero, esta situaci贸n en la actualidad ya est谩 tomando una t贸nica de aceptaci贸n de la doble conformidad, y es esto precisamente lo que desarrollaremos en este art铆culo.

En el estudio del recurso de impugnaci贸n por doble conformidad no puede dejarse de un lado la permisibilidad de la ley para que la sentencia absolutoria pueda ser apelada, esta situaci贸n de permisibilidad si bien tiene fines de buscar la verdad, la justicia y la reparaci贸n del delito, afecta el principio de igualdad de armas y en especial en que no es solo el fiscal del caso quien puede interponer el recurso sino que tanto el repres茅ntate judicial de la v铆ctima y el ministerio publico atreves de su delegado est谩n habilitados para tal fin, y esto como lo dice el profesor Alfonso Daza3,claramente se evidencia una desigualdad de armas en el proceso penal cuando la v铆ctima tiene intervenci贸n en el proceso penal. Sin embargo, debemos dejar solo menci贸n de que la impugnaci贸n por doble conformidad no existir铆a si se respetara el principio igualdad de armas y la garant铆a no persecuci贸n de la sentencia absolutoria ya que la sentencia absolutoria es irrevocable seg煤n Garapon & Papadopoulos citado por (Torrado Vergel, 2017, p. 185)4, y esto es muy sencillo, porque ninguna absoluci贸n se seguir铆a persiguiendo y por tanto a segunda instancia se llegar铆a 煤nicamente cuando se estuviera ante una condena por el primer juzgador judicial, pero como es sabido en nuestra legislaci贸n de rango legal si es procedente la apelaci贸n contra la sentencia absolutoria y es esta la raz贸n principal del nacimiento de la doble conformidad.

Ac谩 se pretende dejar un aporte de lo que es el recurso excepcional de Impugnaci贸n por doble conformidad, as铆 como solucionar el interrogante de 驴si es aplicable o no esta garant铆a en nuestro ordenamiento interno y cu谩les son sus reglas conforme con la Jurisprudencia vigente y el ordenamiento interno e internacional?

La pertinencia de este articulo radica en la ambig眉edad existente de esta garant铆a procesal con efectos sustanciales, ya que existen diferentes planteamientos por las Cortes de cierre en nuestro ordenamiento, y por la falta regulaci贸n procesal expresa sobre los t茅rminos, prescripci贸n, competencia, presentaci贸n, si es en efecto devolutivo o suspensivo, argumentaci贸n m铆nima, traslados y dem谩s t贸picos que son comunes en todos los recursos ordinarios y extraordinarios y ahora este que es excepcional.

2. Capitulo I. 2.1. Conceptualizaci贸n

Seg煤n Carnelutti se帽ala lo siguiente: 鈥淓l principio de impugnaci贸n es muy simple: en efecto, se trata de volver a juzgar. 驴C贸mo se verifica la exactitud de una operaci贸n aritm茅tica? Se le vuelve a hacer otra vez; y si no basta una vez, dos tres, veces seguidas. Si el resultado no cambia, se adquiere, si no propiamente certeza, s铆, por lo menos, una razonable confianza. De igual modo se procede para verificar la justicia de la decisi贸n鈥. (Carnelutti, 2007, p. 139).

En ese sentido la impugnaci贸n es la verificaci贸n de que la decisi贸n jurisdiccional sea la correcta conforme al derecho aplicable al caso analizado, volvi茅ndose a hacer una valoraci贸n de todo lo actuado dentro del proceso penal, estudi谩ndose la pretensi贸n acusadora, la aplicaci贸n de las garant铆as judiciales del procesado, la practica probatoria, la valoraci贸n de las pruebas desde su producci贸n hasta la incorporaci贸n al juicio, y por supuesto la decisi贸n condenatoria conforme con el derecho penal. La impugnaci贸n es pr谩cticamente volver a desarrollar la soluci贸n del caso pero sin practicar cada una de las etapas del proceso, es decir que se realiza con lo que ya ocurri贸 en el proceso, es la verificaci贸n de que la soluci贸n sea la correcta jur铆dicamente hablando.

Y entre impugnaci贸n y segunda instancia es importante citar el siguiente an谩lisis de lo que es una y otra cosa seg煤n Torrado Vergel:

鈥淎lgunos autores en materia procesal penal han asimilado el derecho a impugnar la sentencia condenatoria con el recurso de apelaci贸n (Bernal Cu茅llar & Montealegre Lynett, 2013, p. 956), otros, ven la segunda instancia como una forma de hacer efectivo el derecho a impugnar las decisiones de los jueces (Echand铆a, 1966, p. 86); o como lo ha expuesto de manera m谩s detallada la Corte Constitucional, en sentencia C-792-14, con magistrado ponente el Dr. Luis Guillermo Guerrero P茅rez, al estudiar el recurso de impugnaci贸n contra sentencias condenatorias, existe diferencia entre el recurso de apelaci贸n como instrumento procesal que desarrolla la norma rectora de la segunda instancia y el derecho a impugnar sentencias condenatorias en cuanto a su fundamento normativo, status jur铆dico, 谩mbito de acci贸n, contenido, objeto, finalidad.

La Impugnaci贸n por v铆a de doble conformidad judicial en materia penal consiste en un recurso que puede imponerse en contra de la sentencia condenatoria de segunda instancia cuando esta sea la primera condena, es decir que en primera instancia el juez competente hubiese emitido una sentencia absolutoria y a que posteriormente en segunda instancia su superior jer谩rquico revoque tal fallo absolutorio para retomar con una decisi贸n condenatoria en donde declara la responsabilidad penal del investigado (Corte Constitucional , C-792, 2014).

No es necesario remitirse al diccionario para entender de manera f谩cil y sencilla lo que alude la pabla doble y conformidad, pero desentendiendo lo tal vez sencillo de estas expresiones se har谩 alusi贸n a su significado gramatical; doble, seg煤n el diccionario es 鈥淒el lat. duplex.1. adj. Dos veces mayor o que contiene una cantidad dos veces exactamente.鈥5 y conformidad es: 鈥2. f. Igualdad, correspondencia de una cosa con otra. (鈥) 6. f. Asenso, aprobaci贸n.鈥6 Doble conformidad en materia penal es que una condena penal debe estar dos veces avalada por la jurisdicci贸n, entendi茅ndose que es una mayor garant铆a que un fallo condenatorio este conformado siempre por dos decisiones de autoridad judicial competente, en resumidas cuentas lo que se busca es la verificaci贸n de la condena por un superior siempre que el investigado ejerza este Derecho que es de car谩cter facultativo tal como los recursos ordinarios y extraordinarios.

Ahora bien, la Impugnaci贸n por doble conformidad en la actualidad no est谩 en ninguna ley colombiana, sin embargo, si lo est谩 en el Acto Legislativo 01 de 2018, el cual modifico las competencias de la Corte Suprema de Justicia, es decir que si existe en el rango Constitucional, pero pese a ello el legislador no defini贸 de manera clara esta garant铆a Penal. De otro lado la Jurisprudencia Constitucional ha avalado este recurso excepcional por medio de su Jurisprudencia, contrario sensu, la Corte Suprema de Justicia Sala Penal por medio de sus pronunciamientos de autos y sentencias hab铆a desestimado desde el a帽o 2015 la aplicaci贸n de esta garant铆a judicial, empero, esta situaci贸n ha venido cambiando por el paso del tiempo, ya hay decisiones de la Corte que han avalado dicho recurso en algunos casos, hasta en sede de tutela la Sala civil de la corporaci贸n ordinaria ha tutelado esta garant铆a de doble conformidad.

El Derecho a impugnar sentencias que establecen responsabilidad penal por primera vez en segunda instancia, No est谩 contenida de manera expresa en la Constituci贸n Pol铆tica, ni en la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos, ni en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos, situaci贸n que al d铆a de hoy ha cambiado con el Acto Legislativo 01 de 2018, es decir que en estos instrumentos legales internos e internacionales no se hac铆an una menci贸n f谩ctica procesal en los t茅rminos de que aplicaba para la sentencia condenatoria por primera vez, sin embargo, esto no quiere decir que este proscripto ni mucho menos, por ello se hace necesario comprenderlos de manera 铆ntegra y amplia.

2.1.1. Constituci贸n Nacional.

Respecto al tema materia de estudio, encontramos que la Constituci贸n Pol铆tica de Colombia desarrolla el Derecho al Debido Proceso y a la garant铆a de Impugnar como derecho fundamental (Const., 1991, art. 29)7.

Siendo el Derecho al Debido Proceso un conjunto de garant铆as por medio de las cuales se busca la protecci贸n de los Derechos de quien est谩 inmerso en una actuaci贸n judicial o administrativa, as铆 como la aplicaci贸n correcta de la Justicia8.

En cuanto a la garant铆a Constitucional de doble instancia en materia penal, se tiene por parte de la carta magna el siguiente mandato (Const., 1991, art. 31)9:

De otro lado el art铆culo 31 reza que toda sentencia podr谩 ser apelada pero deja la reserva a la ley, es decir siempre que no sea contrario a una norma de menor categor铆a, situaci贸n que deja a merecer del legislador la regulaci贸n de este Derecho de Impugnaci贸n propio del principio al Debido Proceso.

Desde la constituci贸n se encuentran tambi茅n el art铆culo 235 de la misma, en donde se establecen las competencias dela Corte Suprema de Justicia, art铆culo que fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2018, que en lo pertinente reza lo siguiente (Const., 1991, art. 235)10:

En el art铆culo 235 de la Constituci贸n que tiene la mayor fuerza vinculante de la Impugnaci贸n por doble conformidad, ello en cuanto es norma Constitucional vigente que entro a regir a partir del 19 de enero de 2018, y es la 煤nica norma positiva que menciona de manera expresa la Impugnaci贸n por doble conformidad, y de all铆 que ya existan pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en donde neg贸 la posibilidad de conocer y resolver esta Impugnaci贸n pese a los salvamentos de voto del magistrado Eugenio Fern谩ndez Carlier. y as铆 mismo como ya se ha dicho, tambi茅n se tiene por parte del m谩ximo 贸rgano judicial en materia penal ordinaria pronunciamientos que inclusive ya han resuelto y conocido el recurso de Impugnaci贸n , aspectos en donde m谩s adelante se profundizar谩. Inclusive en sede de tutela la Corte Suprema sala civil, ha tutelado la aplicaci贸n del Acto Legislativo 01 de 2018, as铆 como que al d铆a de hoy la corte suprema ya ha aceptado la doble conformidad y la ha reglado por la clara omisi贸n legislativa sobre la materia.

2.1.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos fue aceptado por Colombia, y el Congreso de la Rep煤blica aprob贸 tal situaci贸n por medio de la ley 74 de 1968, por tal motivo este instrumento internacional de Derechos humanos es vinculante para el Estado Colombiano, ello en virtud del bloque de Constitucional conforme con el (art铆culo 93 de la constituci贸n nacional de 1991.)

En lo que tiene que ver en materia de garant铆as judiciales el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos estableci贸 varias de ellas en su art铆culo 1411, el cual est谩 contenido en la ley 74 de 1968:

鈥淎RTICULO 14.3.5. Toda persona declarada culpable de un delito tendr谩 Derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la Ley鈥12.

Claramente este instrumento judicial en su art铆culo 14-5 dejo clara la posibilidad como Derecho de que quienes sean condenados puedan someter la decisi贸n contraria a sus intereses para que un tribunal superior, y como ya se ha mencionado, la doble conformidad ac谩 tampoco se ve expresamente determinada, pero lo que si se deslumbra es que la sentencia de car谩cter condenatoria debe ser revisada por un superior en virtud de un Derecho del inculpado, teni茅ndose como presupuesto que esta norma es totalmente concordante con la Impugnaci贸n por doble conformidad en materia penal y es de aqu铆 de esta norma de donde la Corte Constitucional parte para garantizar este recurso excepcional.

2.1.3. Convenci贸n americana de Derechos humanos (pacto de san Jos茅 de costa rica).

Colombia por medio de la ley 16 de 1972 aprob贸 la convenci贸n americana de Derechos humanos, adoptando este instrumento internacional como parte del ordenamiento y oblig谩ndose a todas las bondades imperativas de esta convenci贸n de Derechos humanos, ello por aplicaci贸n actual del bloque de Constitucionalidad.

Lo tratados de Derechos humanos tienen grandes similitudes, y pues este no es excepci贸n con el pacto internacional de Derechos civiles y pol铆ticos, ya que en cuanto a garant铆as judiciales tienen similitudes, sin embargo la literalidad puede cambiar los alcances entre uno y otro. Y lo que reza esta convenci贸n internacional en cuanto a garant铆as judiciales versa as铆:

鈥淎RT脥CULO 8潞.2. Toda persona inculpada de delito tiene Derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, a las siguientes garant铆as m铆nimas: h) Derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior鈥13.

La garant铆a contenida en el articulado citado anteriormente en su numeral 2 literal h establece una garant铆a de recurrir el fallo ante un superior, pero su postulado literal es m谩s sencillo y gen茅rico, pues ac谩 no se menciona el imperativo a que en todo fallo condenatorio el inculpado tendr谩 Derecho a llevar la decisi贸n a un superior para un examen del mismo. Sin embargo la garant铆a de segunda instancia es inc贸lume, as铆 como la de doble conformidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el art铆culo 8.2.h de la Convenci贸n se refiere a 鈥渦n recurso ordinario accesible y eficaz, Ello supone que debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada. La eficacia del recurso implica que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido. Asimismo, el recurso debe ser accesible, esto es, que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este Derecho. En ese sentido, la Corte estima que las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser m铆nimas y no deben constituir un obst谩culo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente鈥 (CIDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. y Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela).

3. Capitulo II. 3.1. Jurisprudencia. 3.1.1. Jurisprudencia Corte Constitucional. 3.1.1.1. Sentencia C-792 del 2014.

El nacimiento de la Impugnaci贸n por doble conformidad en Colombia se da con una decisi贸n de la Corte Constitucional, pues esta que en resultado de una acci贸n p煤blica de Constitucionalidad contra varios art铆culos del c贸digo adjetivo penal ley 906 de 2004, en donde se reclamaba la inexequibilidad de estos art铆culos en cuanto no permit铆an que una persona condenada en segunda instancia por primera vez pudiese impugnar la decisi贸n condenatoria. Ante esta situaci贸n la Corte Constitucional declaro la 鈥淚NCONSTITUCIONALIDAD CON EFECTOS DIFERIDOS, de las expresiones demandadas contenidas en los art铆culos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004, en cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias, y EXEQUIBLE el contenido positivo de estas disposiciones鈥 (Corte Constitucional , C 鈥 792, 2014)14.

As铆 mismo la Corte exhorto15 al congreso de la rep煤blica para que legislara en favor de la doble conformidad, d谩ndole plazo de un a帽o y de no hacerlo manifest贸 que la Impugnaci贸n por doble conformidad deb铆a entrar a regir en el ordenamiento.

Entre los aspectos m谩s importantes en que fundo la decisi贸n la Corporaci贸n Constitucional fueron los siguientes (Corte Constitucional, C 鈥 792, 2014):

鈥淧ara efectuar la valoraci贸n de la preceptiva demandada, la Corte fij贸 dos reglas: En primer lugar, la regla seg煤n la cual existe un Derecho a controvertir el primer fallo condenatorio que se dicta en un proceso penal. Este Derecho comprende, por un lado, la facultad para atacar el 煤nico fallo incriminatorio que se dicta en juicios penales de 煤nica instancia, y por otro, la facultad para impugnar las sentencias que revocan un fallo absolutorio de primera instancia e imponen por primera vez una condena en la segunda, en los juicios de doble instancia. En segundo lugar, el sistema recursivo dise帽ado por el legislador para materializar el Derecho a la Impugnaci贸n , debe garantizar los siguientes est谩ndares: (i) el examen efectuado por el juez de revisi贸n debe tener una amplitud tal, que permita un nuevo escrutinio de todos los elementos normativos, f谩cticos y probatorios determinantes de la condena; (ii) el an谩lisis del juez debe recaer primariamente sobre la controversia de base que dio origen al litigio judicial, y solo secundariamente, sobre el fallo judicial como tal; (iii) debe existir un examen abierto de la decisi贸n judicial recurrida, de modo que 茅sta pueda revocarse cuando del examen integral del caso se concluya que no hay lugar a la imposici贸n de la condena, y no solo una revisi贸n de la sentencia a luz de un conjunto cerrado de causales de procedencia del recurso. A la luz de los est谩ndares anteriores, la Corte analiz贸 y evalu贸 el dise帽o legislativo del proceso penal. Dentro de esta exploraci贸n se encontr贸 que las sentencias que imponen una condena por primera vez en la segunda instancia, no son susceptibles de ser controvertidas mediante el recurso de apelaci贸n, sino 煤nicamente mediante el recurso extraordinario de casaci贸n, la acci贸n de tutela contra providencias judiciales, y la acci贸n de revisi贸n. El recurso extraordinario de casaci贸n no satisface los requerimientos b谩sicos del Derecho a la Impugnaci贸n , por las siguientes razones: (i) el recurso no puede ser utilizado para atacar cualquier sentencia condenatoria, porque excluye las referidas a las contravenciones penales, porque el juez de casaci贸n puede inadmitir el recurso a partir de juicios discrecionales sobre la utilidad del caso para el desarrollo Jurisprudencial, y porque cuando se cuestionan las 贸rdenes de reparaci贸n integral, son aplicables las limitaciones materiales de la legislaci贸n civil; (ii) el tipo de examen que efect煤a el juez de casaci贸n es incompatible con la valoraci贸n que se debe efectuar en desarrollo del Derecho a la Impugnaci贸n , porque el recurso no permite una nueva aproximaci贸n al litigio o controversia de base, sino una valoraci贸n del fallo judicial a la luz de un conjunto cerrado de causales de procedencia, teniendo en cuenta 煤nicamente los cuestionamientos del condenado. Por su parte, la acci贸n de tutela tampoco satisface los est谩ndares anteriores, porque se trata de un dispositivo excepcional que no permite controvertir todo fallo condenatorio que se dicta en la segunda instancia de un proceso penal, y porque tiene las mismas limitaciones materiales del recurso extraordinario de casaci贸n. En la medida en que la legislaci贸n adolece de una omisi贸n normativa inconstitucional , por no prever un sistema recursivo que permita ejercer el Derecho Constitucional a la Impugnaci贸n en la hip贸tesis abstracta planteada por la accionante, pero como esta falencia se proyecta en todo el proceso penal, la Corte debe: (i) declarar la inconstitucionalidad de los preceptos demandados en cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias; (ii) declarar la exequibilidad de la normativa anterior en su contenido positivo, por los cargos analizados; (iii) y exhortar al Congreso de la Rep煤blica para que en el t茅rmino de un a帽o contado a partir de la notificaci贸n por edicto de esta sentencia, regule integralmente el Derecho a impugnar las sentencias que, en el marco de proceso penal, imponen una condena por primera vez, (iv) disponer que en caso de que el legislador incumpla este deber, se entender谩 que procede la Impugnaci贸n de los fallos anteriores ante el superior jer谩rquico o funcional de quien impuso la condena鈥16.

La sentencia de la corte en esta decisi贸n que ha de mencionarse que no fue un谩nime, desarrollo parte de la Impugnaci贸n por doble conformidad, estimando en gran medida como deb铆a ser el examen de la Impugnaci贸n, pero implorando la regulaci贸n expresa por quien tiene la faculta legisladora, pese a ello aun la regulaci贸n del congreso no ha sido posible con casi seis a帽os de que se emiti贸 esta sentencia hito en materia de doble conformidad. Regulaci贸n que es necesaria en varios aspectos procesales que en las conclusiones se anotaran.

3.1.1.2. Sentencia SU 215 de 2016

En la sentencia de tutela SU- 215 de 2016 se tocan dos temas trascendentales, el primero de ellos es que se hace claridad en cuanto a los l铆mites de la sentencia C- 792 de 2014, ello en cuanto la procedencia de la Impugnaci贸n no es aplicable cuando la primera condena se da solo hasta en sede de casaci贸n, es decir qu茅 primera y segunda instancia son decisiones absolutorias y en la casaci贸n la Corte Suprema condena al procesado, en este caso la decisi贸n enfatiza que no es procedente en estos casos la Impugnaci贸n por doble conformidad. De lo cual la Corte enfatiza lo siguiente (Corte Constitucional, SU 215, 2016):

En la sentencia C-792 de 2014 esta Corte, si bien emiti贸 un exhorto general, solo tom贸 una decisi贸n aplicable a los casos en que una persona es condenada por primera vez en segunda instancia, en un proceso penal, y esto supone que el Derecho a impugnar las sentencias condenatorias ante el superior jer谩rquico o funcional, que se activa cuando venza el plazo del exhorto sin legislaci贸n, solo aplica a las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia. A esta conclusi贸n se llega entonces porque en el contexto del caso entonces sujeto a consideraci贸n de la Corte se observa que (i) no se demandaron las normas sobre competencias de la Corte Suprema de Justicia en casaci贸n, (ii) solo se cuestionaron normas referentes a las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto obra como autoridad judicial de segunda instancia en los procesos penales, (iii) los cargos ciudadanos cuestionaban las disposiciones legales, estrictamente, porque desconoc铆an el Derecho a impugnar las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, (iv) y la Corte Constitucional , de forma expl铆cita y clara, al delimitar los problemas jur铆dicos, circunscribi贸 el primero de ellos a la pregunta de si la normatividad acusada vulneraba la Carta, en tanto no contemplaba medios de Impugnaci贸n contra las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia. En este contexto, no puede decirse que la sentencia C-792 de 2014 haya resuelto, con fuerza normativa vinculante y definitiva, el problema de la posibilidad de impugnar las condenas penales impuestas por primera vez en casaci贸n.

Quedando desde la Jurisprudencia Constitucional vedada la posibilidad de que una decisi贸n de casaci贸n pueda ser impugnada por doble conformidad, sin importar si la sentencia de casaci贸n es la primera condena emitida en ese proceso.

Ahora el segundo tema fundamental, que tal vez fue m谩s relevante de esta decisi贸n, consiste en que la Corte deja claridad a partir de cuando entrara en vigencia la aplicaci贸n de la Impugnaci贸n de doble conformidad ante la ausencia de cumplimiento al exhorto realizado al congreso, fij谩ndose que a partir del 24 de abril se cumpli贸 el plazo, por tal raz贸n de ah铆 en adelante la sala casaci贸n penal deber谩 conocer de la Impugnaci贸n a la sentencia de segunda instancia que tenga la caracter铆stica de ser la primera condena.

3.1.2. Jurisprudencias de Corte Suprema.

Son varias los pronunciamientos en sede de casaci贸n que se han referido a este tema, entre ellas tenemos autos que resuelven sobre la admisi贸n del recurso extraordinario de casaci贸n, as铆 como sentencias de casaci贸n, en donde en principio todas niegan la posibilidad de que se pueda presentar la Impugnaci贸n ante las sentencias de segunda instancia y de primera en algunos casos.

Hay que resaltar que la Jurisprudencia de la sala de casaci贸n penal en principio no fue s amiga del planteamiento realizado en la sentencia de Constitucionalidad, realizando varias cr铆ticas y generando choque entre dos Cortes de cierre, sin embargo, tambi茅n se tienen salvamentos de voto, como es natural ante un tema que evidentemente tiene 铆ndole pol铆tico criminal, y de competencias funcionales de la Corte Suprema de Justicia.

Se ha negado en gran n煤mero de oportunidades la Impugnaci贸n por v铆a de doble conformidad, y para argumentar la Corte afirma en la decisi贸n (C.S.J:, AP4069, 2016):

Por ello, la referencia de la sentencia C-792 de 2014, seg煤n la cual si el Congreso no regulaba el Derecho a impugnar la sentencia condenatoria en el t茅rmino de un a帽o all铆 fijado 鈥渟e entender谩 que procede la Impugnaci贸n de todas las sentencias condenatorias ante el superior jer谩rquico o funcional de quien impuso la sentencia鈥, entra帽a una contradicci贸n sustancial que no puede resolver la Corte Suprema de Justicia cuando act煤a como juez de 煤nica o segunda instancia, o juez de casaci贸n, pues la estructura de la Rama Judicial est谩 dise帽ada de tal manera que esta Corporaci贸n es el m谩ximo 贸rgano de la jurisdicci贸n ordinaria, por lo mismo de cierre, como lo disponen los art铆culos 234 de la Carta Pol铆tica y 15 de la Ley Estatutaria de la Administraci贸n de Justicia, de modo que las sentencias condenatorias en juicios de 煤nica instancia, o las dictadas en segunda instancia que por primera vez imponen condena, o al resolver el recurso extraordinario de casaci贸n, carecen de superior jer谩rquico o funcional con competencia para revisar los fundamentos f谩cticos y jur铆dicos de una condena, de acuerdo a los est谩ndares fijados por la Corte Constitucional en la C-792 tantas veces citada.

Argumento que es netamente de estructura funcional y de competencias de car谩cter Constitucional y legal, es decir que no hay posibilidad porque la constituci贸n y la ley no le han atribuido esta faculta a la Corte Suprema. Y como este pronunciamiento existen varios a saber; CSJ AP7427-2014, CSJ AP4808- 2016, CSJ AP5566-2016, CSJ AP6634-2016, CSJ AP6657-2016, CSJ AP6794-2016, CSJ AP6884-20163, CSJ AP7026-2016, CSJ AP7147-2016, CSJ AP 7749, 09 nov. 2016; CSJ AP8236-2016, CSJ AP267-2017, CSJ SP973-2017, CSJ AP1467-2017, AP1719-2017, y AP1872-201717.

Los pronunciamientos de la CSJ Sala Penal cambiaron un poco cuando se expidi贸 el Acto Legislativo 01 de 2018, el cual como ya se anot贸 cambia las competencias de la Corte Suprema de Justicia, a partir de all铆 se cre铆a que ya era viables la Impugnaci贸n de doble conformidad, contrario sensu, siguiendo insistiendo con un planteamiento similar la CSJ Sala Penal argumento lo siguiente (C.S.J:,SP364, 2018):

Incluso, recu茅rdese que el Acto Legislativo 001 de 2018, al implementar la doble instancia para aforados Constitucional es, en el inciso 4掳 de su art铆culo 1掳 se帽al贸 que solo 芦contra las sentencias que profiera la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia proceder谩 el recurso de apelaci贸n禄, lo que excluye de dicho mecanismo a los fallos emitidos por la Sala de Casaci贸n Penal de esta Corporaci贸n, conclusi贸n que guarda armon铆a con lo dispuesto por el art铆culo 235 de la Constituci贸n Pol铆tica, pues la Corte Suprema de Justicia es el m谩ximo 贸rgano de la jurisdicci贸n ordinaria y, por lo mismo, de cierre. Por consiguiente, carece de superior funcional y jer谩rquico que pueda revisar sus decisiones en materia penal. La Corte en este caso, baso su argumento en que como ellos no eran la sala creada por el Acto Legislativo, por ende no era dable aplicar tales Derechos ya elevados a rango Constitucional, y que la sala no pod铆a dejar de emitir los fallos ya que frenar铆a la administraci贸n de Justicia.

En el juzgamiento que se realiz贸 al ex fiscal anticorrupci贸n cabe anotar que all铆 nuevamente la Corte se pronuncia respecto a la doble conformidad, pero m谩s precisamente a la aplicaci贸n del Acto Legislativo 01 de 2018, la Sala Penal esgrimi贸 lo siguiente (C.S.J., SP621, radicado 51482, 2018):

鈥淪i bien mediante Acto Legislativo 01 del 18 de enero del a帽o en curso, se modificaron los art铆culos 186, 234 y 235 de la Constituci贸n Pol铆tica para implementar el Derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria, advierte la Sala que como en dicha normativa no se incluy贸 una disposici贸n transitoria mientras se implementan las salas especiales de instrucci贸n y juzgamiento all铆 creadas, la l贸gica de las cosas y argumentos de raz贸n pr谩ctica imponen se帽alar que la Corte seguir谩 con la competencia para juzgar en 煤nica instancia a los funcionarios aforados hasta que tenga lugar la referida implementaci贸n, pues en este momento no es viable surtir tales impugnaciones en cuanto, como es sabido, nadie est谩 llamado a lo imposible y tampoco pueden paralizarse las actuaciones, cuando lo cierto es que hay una legislaci贸n definida y por ahora vigente . Si los cargos de los funcionarios competentes para conocer en primera y segunda instancia de los procesos contra aforados conforme al referido Acto Legislativo de 2018 hoy no han sido implementados, la Corte mantiene su competencia, en cuanto resulta obvio que respecto de tales destinatarios de la ley penal no pueden existir vac铆os o lagunas en el tiempo para su investigaci贸n y juzgamiento鈥18.

Dej谩ndose casi que claro que la Corte no es amiga de la aplicaci贸n del Acto Legislativo 01 de 2018, ya que pese a estar vigente y ser de car谩cter imperativo, la Corte lo desconoce por cuanto no se han nombrado los magistrados de las salas creadas por esta modificaci贸n Constitucional, y en los mismos t茅rminos se ha negado la doble conformidad cuando la Corte si es superior jer谩rquico.

Y de las decisiones de la Corte siempre se hizo una oposici贸n a ellas, aleg谩ndose por (M.p. de SP C.S.J Eugenio Fern谩ndez Carlier) que la Impugnaci贸n por v铆a de doble conformidad se deb铆a aplicar conforme con las sentencias C-792 de 2014 y SU 215 del 2016, y conforme con el Acto Legislativo 01 de 2018 cuando se promulgo el mismo.

En cuanto a la negaci贸n de la impugnaci贸n de doble conformidad, cuando sea por improcedencia del recurso, no se podr谩 interponer el recurso de queja, ya que no se trata de una apelaci贸n, lo que procede es el recurso de reposici贸n contra el auto que niega por improcedente la doble conformidad (C.S.J., AP3452, 2016.). La anterior posici贸n tiene su fundamento a que el recurso de queja est谩 establecido 煤nicamente cuando se niegue la procedencia del de apelaci贸n (ley 906, 2004, art 179b), y como la doble conformidad es no es una apelaci贸n, pues la queja no ser谩 pertinente.

Claramente la posici贸n de la Corte ten铆a que variar tarde o temprano para darle v铆a libre a la Impugnaci贸n de la primera sentencia condenatoria, y en este entendido a pesar de que no se ha revocado ning煤n fallo condenatorio por v铆a de doble conformidad, vale la pena resaltar que la Corte manifest贸 (C.S.J., AP3174, 2018):

鈥淔inalmente, atendiendo el Derecho que le asiste al procesado de lograr una 鈥渄oble conformidad鈥 , para la Corte es evidente el acierto del Tribunal al haber proferido sentencia condenatoria como determinador del delito de peculado por apropiaci贸n al denotar su compromiso penal accesorio en esquilmar las arcas estatales ya que 鈥渓as maniobras urdidas por el encartado generaron una relaci贸n de dependencia entre su actividad como inductor, la sugesti贸n ps铆quica y la creaci贸n del dolo en los inducidos鈥19.

Lo cual pese a que no se desarrolla una argumentaci贸n amplia sobre la procedencia, en definitiva analiz贸 el caso por v铆a de doble conformidad, situaci贸n que es plausible en miras de las garant铆as jurisdiccionales otorgadas por el int茅rprete de la constituci贸n y por el legislador en el acto 01 de 2018. Ahora bien la Corte Suprema de justicia ya acepta el recurso excepci贸n al de doble conformidad cuando se cumple el requisito de procedencia que no es otro que se interponga el recurso contra una decisi贸n de segunda instancia y que a su vez esta sea la primera condena contra el procesado, as铆 como que se cumplan los requisitos de interposici贸n del recurso que deber谩 presentarse conforme a las reglas dadas por la Corte Suprema en la decisi贸n AP1263-2919;

(i) Se mantiene inc贸lume el derecho de las partes e intervinientes a interponer el recurso extraordinario de casaci贸n, en los t茅rminos y con los presupuestos establecidos en la ley y desarrollados por la jurisprudencia.

(ii) Sin embargo, el procesado condenado por primera vez en segunda instancia por los tribunales superiores, tendr谩 derecho a impugnar el fallo, ya sea directamente o por conducto de apoderado, cuya resoluci贸n corresponde a la Sala de Casaci贸n Penal.

(iii) La sustentaci贸n de esa impugnaci贸n estar谩 desprovista de la t茅cnica asociada al recurso de casaci贸n, aunque seguir谩 la l贸gica propia del recurso de apelaci贸n. Por ende, las razones del disenso constituyen el l铆mite de la Corte para resolver.

(iv) El tribunal, bajo esos presupuestos, advertir谩 en el fallo, que, frente a la decisi贸n que contenga la primera condena, cabe la impugnaci贸n especial para el procesado y/o su defensor, mientras que las dem谩s partes e intervinientes tienen la posibilidad de interponer recurso de casaci贸n.

(v) Los t茅rminos procesales de la casaci贸n rigen los de la impugnaci贸n especial. De manera que el plazo para promover y sustentar la impugnaci贸n especial ser谩 el mismo que prev茅 el C贸digo de Procedimiento Penal, seg煤n la ley que haya regido el proceso 鈥揺n 600 de 2000 o 906 de 2004鈥, para el recurso de casaci贸n.

(vi) Si el procesado condenado por primera vez, o su defensor, proponen impugnaci贸n especial, el tribunal, respecto de ella, correr谩 el traslado a los no recurrentes para que se pronuncien, conforme ocurre cuando se interpone el recurso de apelaci贸n contra sentencias, seg煤n los art铆culos 194 y 179 de las leyes 600 y 906, respectivamente. Luego de lo cual, remitir谩 el expediente a la Sala de Casaci贸n Penal.

(vii) Si adem谩s de la impugnaci贸n especial promovida por el acusado o su defensor, otro sujeto procesal o interviniente promovi贸 casaci贸n, esta Sala proceder谩, primero, a calificar la demanda de casaci贸n.

(viii) Si se inadmite la demanda y 鈥搕rat谩ndose de procesos seguidos por el estatuto adjetivo penal de 2004鈥 el mecanismo de insistencia no se promovi贸 o no prosper贸, la Sala proceder谩 a resolver, en sentencia, la impugnaci贸n especial.

(ix) Si la demanda se admite, la Sala, luego de realizada la audiencia de sustentaci贸n o de recibido el concepto de la Procuradur铆a 鈥搒eg煤n sea Ley 906 o Ley 600鈥, proceder谩 a resolver el recurso extraordinario y, en la misma sentencia, la impugnaci贸n especial.

(x) Puntualmente, contra la decisi贸n que resuelve la impugnaci贸n especial no procede casaci贸n.

Ello porque ese fallo correspondiente se asimila a una decisi贸n de segunda instancia y, tal como ocurre en la actualidad, contra esas determinaciones no cabe casaci贸n (cfr., entre otros pronunciamientos, CSJ AP6798-2017, rad. 46395; CSJ AP 15 jun. 2005, rad. 23336; CSJ AP 10 nov. 2004, rad. 16023; CSJ AP 12 dic. 2003, rad. 19630 y CSJ AP 5 dic. 1996, rad. 9579).

(xi) Los procesos que ya arribaron a la Corporaci贸n, con primera condena en segunda instancia, continuar谩n con el tr谩mite que para la fecha haya dispuesto el magistrado sustanciador, toda vez que la Corte, en la determinaci贸n que adopte, garantizar谩 el principio de doble conformidad.

Conclusiones.

El Derecho a la Impugnaci贸n por v铆a de doble conformidad, es aplicable y est谩 vigente conforme con el Acto Legislativo 01 de 2018, no existe fundamento legal o Constitucional para su desconocimiento. Esta garant铆a es aplicable a la sentencia de segunda instancia cuando esta a su vez es la primera condenatoria, es decir, cuando juez natural en primera instancia absuelve al inculpado y en segunda instancia el fallador competente emite una decisi贸n condenatoria, pues esta 煤ltima ser谩 susceptible de este recurso excepcional. Esta Impugnaci贸n es validad tanto en ley 906 como en ley 600, as铆 como para los procesos que se desarrollen en la Justicia ordinaria, penal militar y cuando se juzguen personas que tengan fuero Constitucional (Cons., 1991, art. 234), siempre que se impugne el fallo de segunda instancia y que este hubiese sido la primera condena dentro de esa causa.

La competencia para conocer de este recurso excepcional esta en competencia de la Corte Suprema de Justicia (Const., 1991, art. 235, No. 2 y 7). Y el estudio para resolver el mismo no se basa en lo argumentado por el recurrente, por el contrario esta garant铆a abarca a que se estudie la integridad del proceso, en cuanto a lo factico, jur铆dico y probatorio, es as铆 que es mucho m谩s amplia que una apelaci贸n.

Se debe resaltar que ya la Corte Suprema Sala Penal, ha conocido de este recurso de una manera muy gen茅rica, y que a煤n hay mucho camino por recorrer, tambi茅n hay que precisar que la viabilidad real en nuestro ordenamiento no lo instituyo la sentencia C-792 de 2014, sino que esta se dio por la voluntad del legislador, que fue tarde pero llego, y que en principio legislaron fue a su favor, es decir que el Acto Legislativo 01 de 2018 es una modificaci贸n a la constituci贸n que favorece directamente a los congresistas y que estaba encaminada a crear una segunda instancia en las causas criminales que se adelantan en contra de estos aforados, agreg谩ndole la doble conformidad, y que por ah铆 de paso legislaron que la Corte Suprema seria competente para decidir sobre la solicitud de doble conformidad presentada por procesados aforados y tambi茅n para las decisiones de los tribunales superiores y militares. Sin embargo el congreso sigue sin legislar de manera espec铆fica este recurso excepcional.

El legislador le debe a煤n a la doble conformidad, ya que siguen existiendo vac铆os formales frente al recurso, como lo es el tema de prescripci贸n, t茅rminos, traslados, y dem谩s formalidades necesarias e inmersas en todos los recursos. En estricto sentido no ha cumplido con el exhorto que se le hizo en la sentencia C-792 de 2014. Dentro de los recursos de ley en materia penal, tenemos hoy una novedad, ya no son recursos ordinarios y extraordinarios como sol铆a decirse, ahora ha de cambiarse por; recursos ordinarios, extraordinarios y excepcional. Y la excepcionalidad de la impugnaci贸n por doble conformidad, radica en que esta solo procede cuando excepcionalmente estamos ante una sentencia de segundo grado y a su vez la primera condenatoria, solo en este caso excepcional que no siempre ocurre es que es aplicable lo que a lo largo de este escrito he querido compartir.

La regulaci贸n al recurso de Impugnaci贸n por v铆a de doble conformidad judicial a煤n es muy joven, y su regulaci贸n procesal se ha formado jurisprudencialmente, sin embargo su aplicabilidad esta en vigencia, por tanto es necesario que los que est谩n en el litigio conozcan de esta herramienta defensiva para que este Derecho sea ejercido por aquellos vencidos al final del camino en un proceso penal, porque cierto es que el proceso penal se gana o pierde en la primera instancia, sin embargo, es la segunda instancia quien sin conocer con una inmediaci贸n real toma una decisi贸n, que muchas veces es err贸nea y que dicho error no es suficiente para debatirlo en sede de Casaci贸n, o que las formalidades de la casaci贸n penal llegan a extremos innecesarios.

Enfatizo, en la actualidad el recurso de Impugnaci贸n de doble conformidad es una realidad jur铆dica en los procesos penales, por ello quien pretenda alegar el mismo ha alegarlo y sustentarlo en el recurso de casaci贸n si lo impetra, es decir aparte del recurso extraordinario alegar el de Impugnaci贸n en el mismo escrito, ello conforme con las reglas fijadas ya mencionadas que dio la Corte Suprema en la decisi贸n AP1263-2919 rad. 54215.

La doble conformidad es un Derecho Constitucional y fundamental dentro del ordenamiento jur铆dico colombiano, por tanto su desconocimiento podr谩 ser protegido por medio de acci贸n de tutela (Const. 1991 art. 86), invoc谩ndose la violaci贸n del Debido Proceso y al acceso a la administraci贸n de Justicia, inclusive se podr谩 alegar de manera directa como Derecho aut贸nomo reconocido por la Jurisprudencia Constitucional.

Por 煤ltimo, as铆 como la Impugnaci贸n de doble conformidad est谩 plenamente vigente, en ese mimo estatus est谩 el principio de doble instancia en los procesos penales para los aforados que eran investigados en 煤nica instancia por la Corte Suprema, que ahora ser谩 en primera instancia y segunda seg煤n corresponda, y esto es l贸gico en el entendido de que el 99 % del Acto Legislativo 01 de 2018 estaba dirigido para este tipo de aforados Constitucionales.

Citas

1 Constituci贸n Pol铆tica De Colombia. (Julio 6). Publicada en la Gaceta Constitucional 116, de 20 de julio de 1991, art铆culo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh铆ben su limitaci贸n en los estados de excepci贸n, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar谩n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

2 Congreso de la rep煤blica de Colombia, Acto legislativo 01 del 18 de enero de 2018.

3 Alfonso Daza Gonz谩lez, (2009). El principio de igualdad de armas en el sistema procesal penal colombiano a partir del acto legislativo 03 de 2002. Revista principia iuris no.12, p. 121-145

4 Torrado Vergel, Y. Y. (2017). 驴Tercera instancia en Colombia?: la impugnaci贸n contra sentencias condenatorias. Entre su validez y eficacia. Revista Academia & Derecho, 8 (14), 177-19.

5 Real Academia Espa帽ola. (2014). Diccionario de la lengua espa帽ola (23.a ed.). Madrid, Espa帽a.

6 Ibidem.

7 Constituci贸n Pol铆tica De Colombia. (Julio 6). Publicada en la Gaceta Constitucional 116, de 20 de julio de 1991, articulo 29 ARTICULO 29. El Debido Proceso se aplicar谩 a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podr谩 ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicar谩 de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene Derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 茅l, o de oficio, durante la investigaci贸n y el juzgamiento; a un Debido Proceso p煤blico sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno Derecho, la prueba obtenida con violaci贸n del Debido Proceso.

8 Corte Constitucional sentencia C-341, 2014.

9 Constituci贸n Pol铆tica De Colombia. (Julio 6). Publicada en la Gaceta Constitucional 116, de 20 de julio de 1991, art铆culo 31. Toda sentencia judicial podr谩 ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podr谩 agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante 煤nico. Claramente la Constituci贸n no establece en ninguno de estos dos articulados de manera expresa la Impugnaci贸n por doble conformidad, sin embargo, en el art铆culo 29 se establece que el inculpado podr谩 impugnar la sentencia condenatoria, evidentemente lo que se establece es que la Impugnaci贸n es un Derecho para el procesado cuando ha sido condenado, aqu铆 se establece que la sentencia condenatoria es impugnable, pero no se establece si es la primera condena en contra del procesado.

10 Constituci贸n Pol铆tica De Colombia. (Julio 6). Publicada en la Gaceta Constitucional 116, de 20 de julio de 1991, ARTICULO 235. Art铆culo modificado por el art铆culo 3 del Acto Legislativo 1 de 2018. El nuevo texto es el siguiente: Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: (鈥) 2. Conocer del Derecho de Impugnaci贸n y del recurso de apelaci贸n en materia penal,(鈥) 7. Resolver, a trav茅s de una Sala integrada por tres Magistrados de la Sala de Casaci贸n Penal de la Corte Suprema de Justicia y que no hayan participado en la decisi贸n, conforme lo determine la ley, la solicitud de doble conformidad judicial de la primera condena de la sentencia proferida por los restantes Magistrados de dicha Sala en los asuntos a que se refieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del presente art铆culo, o de los fallos que en esas condiciones profieran los Tribunales Superiores o Militares.

11 Ibidem.

12 Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Pol铆ticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificaci贸n y adhesi贸n por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resoluci贸n 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrado en vigor el 23 de marzo de 1976 de conformidad con su art铆culo 49 y aprobado en Colombia mediante Ley 74 de 1968. Art铆culo 14. (...) 5. Toda persona declarada culpable de un delito tendr谩 Derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la Ley.

13 Convenci贸n Americana Sobre Derechos Humanos. Suscrita por la Secretar铆a General de la Organizaci贸n de Estados Americanos en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San Jos茅, Costa Rica, el 22 de noviembre de 969, entrada en vigor el 18 de julio de 1978 conforme al art铆culo 74.2 de la misma y aprobada en Colombia mediante Ley 16 de 1972. Art铆culo 8. (鈥) 2. Toda persona inculpada de delito tiene Derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, a las siguientes garant铆as m铆nimas: (鈥) h) Derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior (鈥).

14 Sentencia C-792. (29 de Octubre de 2014). Corte Constitucional. Sala Plena. M.P.: Luis Guillermo Guerrero Perez. Bogot谩 D.C., Colombia: Referencia: Expediente D-10045.

15 Ibidem.

16 Ibidem.

17 Sentencias y autos de la corte suprema de justicia de la rep煤blica de Colombia.

18 Sentencia SP621, radicado 51482, 2018, Corte Suprema de Justicia de Colombia.

19 Auto interlocutorio, AP3174, 2018, Corte Suprema de Justicia de Colombia.

Bibliograf铆a

鈥 Carnelutti, F. (2007). C贸mo se Hace un Proceso (3 ed.). Bogot谩: Temis S.A. 鈥 Bernal Cu茅llar, J., & Montealegre Lynett, E. (2013). El Proceso Penal (6 ed., Vol. 2) 鈥 Bogot谩: Universidad Externado de Colombia. 鈥 Torrado Vergel, Y. Y. (2017). 驴Tercera instancia en Colombia?: la impugnaci贸n contra sentencias condenatorias. Entre su validez y eficacia. Revista Academia & Derecho, 8 (14), 177-198. 鈥 CONSTITUCI脫N POL脥TICA DE COLOMBIA (Julio 6). Publicada en la Gaceta Constitucional 116, de 20 de julio de 1991. 鈥 LEY 906 DE 2004. (agosto 31). 芦Por la cual se expide el C贸digo de Procedimiento Penal禄. Publicada en el Diario Oficial 45.657, de 31 de agosto de 2004. 鈥 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POL脥TICOS. Adoptado y abierto a la firma, ratificaci贸n y adhesi贸n por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resoluci贸n 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrado en vigor el 23 de marzo de 1976 de conformidad con su art铆culo 49 y aprobado en Colombia mediante Ley 74 de 1968. 鈥 CONVENCI脫N AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Suscrita por la Secretar铆a General de la Organizaci贸n de Estados Americanos en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San Jos茅, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, entrada en vigor el 18 de julio de 1978 conforme al art铆culo 74.2 de la misma y aprobada en Colombia mediante Ley 16 de 1972. 鈥 Congreso de la rep煤blica de Colombia, Acto legislativo 01 del 18 de enero de 2018 鈥 Sentencia C-792. (29 de octubre de 2014). Corte Constitucional. Sala Plena. M.P.: Luis Guillermo Guerrero P茅rez. Bogot谩 D.C., Colombia: Referencia: Expediente D-10045. 鈥 Sentencia SU- 215. (28 de abril de 2016). Corte Constitucional. Sala Plena. M.P.: Mar铆a Victoria Calle Correa. Bogot谩 D.C., Colombia: Referencia: expediente T-5135688. 鈥 CIDH (Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. y Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela) 鈥 Auto, AP7427-2014, Corte suprema de justicia de Colombia. 鈥 Sentencia AP4808- 2016, Corte suprema de justicia de Colombia 鈥 Sentencia SP973-2017 鈥 Sentencia STC-124472018 radicado 11001020300020180267200), Sep. 26/18. Sala civil Cote Suprema de Justicia 鈥 Auto AP5566-2016 Corte suprema de justicia de Colombia 鈥 Auto AP6634-2016 Corte suprema de justicia de Colombia 鈥 Auto AP6657-2016 Corte suprema de justicia de Colombia 鈥 Auto AP6794-2016 Corte suprema de justicia de Colombia 鈥 Auto AP6884-20163 Corte suprema de justicia de Colombia 鈥 Auto AP7026-2016 Corte suprema de justicia de Colombia 鈥 Auto AP7147-2016 Corte suprema de justicia de Colombia 鈥 Auto AP 7749- 2016 Corte suprema de justicia de Colombia 鈥 Auto AP8236-2016 Corte suprema de justicia de Colombia 鈥 Auto AP267-2017 Corte suprema de justicia de Colombia 鈥 Auto AP1467-2017 Corte suprema de justicia de Colombia 鈥 Auto AP1719-2017 Corte suprema de justicia de Colombia 鈥 Auto AP1872-2017. Corte suprema de justicia de Colombia 鈥 Auto AP3174-2018 Corte suprema de justicia de Colombia 鈥 Auto AP1263-2919 Corte suprema de justicia de Colombia

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