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¿Vulnera el principio de igualdad de armas, la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad realizada por la víctima en el proceso penal?

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¿Vulnera el principio de igualdad de armas, la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad realizada por la víctima en el proceso penal?

¿Vulnera el principio de igualdad de armas, la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad realizada por la víctima en el proceso penal?

posted in Artículos Penal by Super User

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Jhonatan Peláez Sáenz.*

Nuestro sistema procesal penal no es acusatorio puro, se le denomina con tendencia acusatoria, y con el pasar de los años, de acusatorio quedará solo el nombre, no puede predicarse un sistema acusatorio cuando en muchas ocasiones, el imputado se enfrenta al Fiscal, al Procurador y a la Representación de Víctimas.

En la Constitución Política se incluyó la protección a la víctima y la garantía de su participación en el proceso penal, además, así está consagrado en las disposiciones internacionales sobre derechos humanos que hacen parte de nuestro ordenamiento interno, por lo que con el pasar de los años, la víctima ha adquirido un protagonismo trascendental en el proceso penal, permitiendo su participación activa durante todo el proceso, limitándose únicamente en el juicio oral.

En el presente artículo, no se asumirá una posición concreta acerca de la participación de la víctima en la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento, sino que plantearemos dos posiciones, para que el lector se identifique con la que más estime conveniente. Se plantean dos alternativas, precisamente, por el confuso sistema procesal que nos rige con la ley 906/04.

Actualmente la víctima tiene un papel fundamental en esta audiencia, pues se le permite acudir de manera directa ante el Juez Con Funciones de Control de Garantías a solicitar la imposición de medida de aseguramiento cuando el Fiscal no lo haga.

El art. 306 del CPP en relación la petición de medida de aseguramiento de la víctima establece en sus incisos 4 y 5 lo siguiente: “La víctima o su apoderado podrán solicitar al Juez de Control de Garantías, la imposición de la medida de aseguramiento, en los eventos en que esta no sea solicitada por el fiscal. En dicho caso, el Juez valorará los motivos que sustentan la no solicitud de la medida por parte del Fiscal, para determinar la viabilidad de su imposición”.

Hay que resaltar que la intervención de la víctima en esta audiencia preliminar, es el producto de la injerencia de la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia, pues la víctima a pesar de tener una consagración constitucional, el texto original del art. 306 del CPP la había dejado por fuera como sujeto activo en el proceso.

En atención a la omisión de otorgarle un desarrollo legal a la intervención de la víctima en el proceso penal, la Corte Constitucional, ejerciendo su función de interpretar de acuerdo a los postulados de la carta magna los derechos que le asisten a la verdad, justicia y reparación, le otorgó a la víctima entre otras sentencias en la C-456/06 y C-209/07, la facultad de intervenir de manera activa e independiente a la Fiscalía durante todo el proceso penal.

Para llegar a la interpretación mencionada, la Corte Constitucional se funda en los principios y preceptos constitucionales tales como: i) El mandato de que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (Art. 93 CP); (ii) en el hecho de que el Constituyente hubiese otorgado rango constitucional, a los derechos de las víctimas (Art. 250 núm. 6 y 7 CP); (iii) en el deber de las autoridades en general, y las judiciales en particular, de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos (Art. 2° CP); (iv) en el principio de dignidad humana que promueve los derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga justicia (Art.1° CP); (v) en el principio del Estado Social de Derecho que promueve la participación, de donde deviene que la intervención de las víctimas en el proceso penal no puede reducirse exclusivamente a pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de manera preponderante del derecho de acceso a la administración de justicia, del cual se derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de los derechos y las obligaciones, la resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido proceso, así como la existencia de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias.

No obstante, la Honorable Corte Constitucional, refiriéndose a la intervención activa de la víctima dentro del proceso penal, limitó su injerencia en la audiencia de juicio oral al razonar en sentencia C-239/07 que su intervención desnaturalizaría el carácter adversarial del juicio, al no tener la condición de parte sino de interviniente especial, considerando entonces que la posibilidad de intervención directa es mayor en las etapas previas o posteriores al juicio, y menor en la etapa del juicio.

El fundamento principal de la Corte Constitucional se centró en la prevalencia de los principios de oralidad, inmediación de pruebas, contradicción y las garantías al procesado, los cuales se logran de manera adecuada si se preserva ese carácter adversarial, pues al permitirse la participación de la víctima en el debate probatorio, se estaría convirtiendo en acusador adicional y distinto al Fiscal, generando una desigualdad de armas y una transformación esencial de lo que identifica a un sistema adversarial en la etapa del juicio, el cual es considerado por la Corte Constitucional como el centro de gravedad del proceso penal.

En lo que tiene que ver con la intervención de la víctima ante el Juez de Control de Garantías para solicitar la imposición de medidas de aseguramiento, en la sentencia citada se consideró que permitir la solicitud de medidas de aseguramiento o de protección directamente ante el juez competente por la víctima, sin mediación del fiscal, no genera una desigualdad de armas, no altera los rasgos fundamentales del sistema penal con tendencia acusatoria, ni implica una transformación del papel de interviniente especial que tiene la víctima dentro de este sistema procesal penal. Antes bien, asegura en mayor grado la adecuada protección de la vida, integridad, intimidad y seguridad de la víctima, de sus familiares y de los testigos a favor, así como de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Este análisis de la Corte Constitucional nos lleva a plantear dos posiciones:

PRIMERO: No se vulnera la igualdad de armas, ni el debido proceso del imputado permitir que la víctima solicite una medida de aseguramiento privativa de la libertad, debido a que el Estado Colombiano está en la obligación de respetar la consagración constitucional, legal y convencional de los derechos de las víctimas, máxime, cuando en las etapas primigenias del proceso, se está formando la prueba, se está construyendo la investigación, y es primordial garantizar la intervención del posible perjudicado del delito, quien en todo caso, puede resultar afectado en algunas situaciones particulares por la libertad del imputado.

Además, los derechos no solo son de los investigados, sino también de las víctimas, a quienes se les debe permitir su intervención en esta audiencia, porque en algunas ocasiones pueden quedar desprotegida ante posibles omisiones del fiscal, o ante factores generados que desconozca el Fiscal o que simplemente no los valores, debido a que no siempre la comunicación entre Fiscal y víctimas es fluida, pues en muchas ocasiones los Fiscales guardan estigmas y reservas frente a la víctima o su apoderado.

Podría presentarse la situación en que la víctima cuente con información relacionada con hostigamientos o amenazas recibidas que hagan necesaria la imposición de la medida de aseguramiento correspondiente, y como se dijo, no sea tenida en cuenta por el Fiscal, por lo que el derecho del presunto inocente podría ceder frente al derecho de la víctima.

Otro punto a considerar es que el legislador le genera una expectativa a la víctima sobre su participación en esta audiencia, que en todo caso es condicionada, debido a que se le reconoce a la víctima un ámbito limitado de actuación en tanto que subordina su facultad al hecho de que el fiscal no hubiere solicitado dicha medida y no solo eso, sino que su petición está sometida a la evaluación por parte del Juez de Control de Garantías sobre los motivos que sustentan la no solicitud de la medida por parte del Fiscal.

Es decir, es un sí pero no, lo cual denigra en contra de los intereses de las víctimas de un delito a quienes se les genera una expectativa de intervención porque termina siendo limitada por el legislador.

Conclusión de esta primera interpretación: NO se vulnera la igualdad de armas y debido proceso del imputado por la solicitud de medida de aseguramiento realizada por la víctima, debido a que su petición está condicionada a una serie de requisitos adicionales para evaluar la viabilidad de una medida de aseguramiento, debido a que se le exige exponer en la audiencia, las razones que tuvo el fiscal para omitir una solicitud de imposición de medida, a fin de que el juez valore la viabilidad de la solicitada por las víctimas, por lo que no se podría hablar de vulneración de derechos del imputado, sino más bien, de ventajas para el imputado, en la medida que torna más exigentes los requisitos para imponer una medida de aseguramiento realizada por un interviniente especial consagrado en la constitución nacional.

SEGUNDO: Una segunda posición que se puede asumir es que Sí se vulnera la igualdad de armas y el debido proceso del imputado, permitir la intervención activa de la víctima realizando una solicitud de medida de aseguramiento restrictiva de la libertad independiente a la del fiscal o cuando el fiscal no lo haga, debido a que se desnaturaliza el sistema adversarial en la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento, pues esta audiencia es el centro de gravedad del proceso penal en etapa de indagación, y a la cual, se le puede otorgar un valor similar al juicio oral, en punto a los resultados de la finalización de ambas audiencias.

Al finalizar la audiencia de medida de aseguramiento solicitada por la víctima, el imputado puede salir privado de la libertad, de igual forma, al finalizar el juicio oral, el acusado tiene riesgo de terminar detenido si el sentido del fallo es condenatorio.

El legislador, avalado por la Corte Constitucional ha permitido que la víctima pueda incluso, de manera directa, solicitar cuando el fiscal no lo haga, imposición de medida de aseguramiento ante el Juez con Funciones de Control de Garantías, situación que vulnera de manera clara, el carácter adversarial del proceso penal, el derecho a la igualdad de armas y debido proceso, pues los argumentos de la Corte Constitucional para limitar la participación de la víctima en el juicio, es perfectamente aplicable al problema jurídico planteado, ya que la víctima se estaría convirtiendo en acusador adicional distinto al Fiscal.

Se puede afirmar que, así como la Corte Constitucional le otorga el valor al juicio oral como el centro de gravedad del proceso penal, se podría otorgar dicho valor a la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, con la diferencia que al finalizar la audiencia de medida de aseguramiento por petición de la víctima, un presunto inocente puede quedar detenido, mientras que al finalizar el juicio oral, de ser hallado responsable más allá de toda duda, esa presunción de inocencia se derrumba y no estaremos frente a un presunto inocente.

De conformidad con lo anterior, se podría concluir que, es más importante que se limite la participación de la víctima para solicitar de manera directa la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, que la limitación que se realiza en sede de juicio, pues el juicio culmina, el juez da el sentido del fallo y el acusado tiene el conocimiento que va a estar privado de la libertad porque se le halló culpable más allá de toda duda razonable, mientras que al imponérsele una medida de aseguramiento, lo que existe es un grado de probabilidad de su autoría o participación en el delito imputado, que muchas veces puede revestir duda, teniendo en cuenta el precario debate probatorio que se realiza en esta audiencia, y las limitaciones que tiene la defensa para desvirtuar la evidencia de la Fiscalía o en este caso de la víctima que solicita la detención preventiva, pero principalmente porque al culminarse la audiencia de medida de aseguramiento la presunción de inocencia está intacta, incólume, mientras que al culminarse el juicio, y de prosperar la teoría del caso de la fiscalía, la presunción de inocencia ha sido desvirtuada.

Se aclara, el reparo que se realiza acerca de la intervención de la víctima en el proceso penal, se limita única y exclusivamente a la posibilidad de solicitar directamente ante el juez de control de garantías la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Por otro lado, y siendo consciente de los derechos que le asisten a la víctima por consagración expresa de la constitución, específicamente a que se adopten de manera preventiva las medidas necesarias para que su seguridad no se vea comprometida por la libertad del presunto victimario, podría considerarse que se faculte a la víctima para solicitar en la audiencia de medida de aseguramiento, cualquiera de las 9 posibilidades que ofrecen las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, las cuales no son un simple adorno del legislador sino que en realidad conducen a que se cumplan los fines constitucionales de las medidas de aseguramiento.

Sin olvidar, además, que el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal obliga a la fiscalía adoptar las medidas necesarias para la atención de las víctimas, la garantía de su seguridad personal y familiar. En igual sentido el artículo 137 que estipula la intervención de las víctimas en la actuación penal, en su numeral 1° obliga a la fiscalía adoptar medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de sus familiares.

En consecuencia, no es necesario que a la persona que se presume inocente necesariamente se le restrinja la libertad por petición de la víctima cuando la fiscalía no lo solicite, pues el código de procedimiento penal le da herramientas a la fiscalía para materializar los derechos de las víctimas en etapa de indagación.

Dejo planteada estas dos posiciones que considero válidas en nuestro ordenamiento jurídico, que, en todo caso, no es un sistema acusatorio puro, desnaturalizado con el pasar de los años con tantas modificaciones legales y jurisprudenciales, que lo han convertido en un sistema penal acusatorio a la colombiana.

Bibliografía

• Constitución Política de 1991.

• Convención Americana de Derechos Humanos.

• Corte Constitucional. Sentencia C-456/06.

• Corte Constitucional Sentencia C-209/07.

• Código de Procedimiento Penal, Ley 906/04.

#YoEscriboYoLeoDerecho

* Abogado de la Universidad Rafael Núñez de Cartagena. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Casación Penal de la Universidad La Gran Colombia. Magister en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre. Once años de experiencia en el campo del derecho penal, desempeñándose como Juez Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, Juez Penal del Circuito Especializado, actualmente, abogado litigante.

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20 06, 20

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