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Cr铆ticas a la imposici贸n de la pr贸rroga de medida de aseguramiento.

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Cr铆ticas a la  imposici贸n de la pr贸rroga de medida de aseguramiento.

Cr铆ticas a la imposici贸n de la pr贸rroga de medida de aseguramiento.

posted in Art铆culos Penal by Super User

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Laura Kamila Toro Pe帽a*

鈥淟a c谩rcel es, pues, la simple custodia de un ciudadano, hasta que se lo juzgue reo; y esa custodia siendo esencialmente penosa, debe durar el menor tiempo posible y debe ser lo menos dura posible. Cesare Beccaria, De Los Delitos Y Las Penas.

Este tema es apasionante y genera grandes inquietudes en mi trabajo diario, porque no son pocos los casos donde sentimos en carne propia como las garant铆as de nuestros representados van siendo soslayadas por las masas y eso hace que la lucha que enfrentamos como defensores se convierte en una labor tit谩nica en contra del poder punitivo del Estado.

Es indiscutible que aquellas garant铆as que han costado siglos a la academia se pretenden desconocer con el fin de dar deleite a la muchedumbre, y no es que el derecho penal no encuentra como cimiento la satisfacci贸n de las masas, por cuanto estar铆amos en el escenario de un circo romano, sino que d铆a a d铆a hace carrera el denominado populismo punitivo, tan de moda en nuestros legisladores, que con normativas novedosas desconocen el derecho a ser juzgado en un plazo razonable con el 煤nico fin de poner trabas a la materializaci贸n de la libertad del acusado detenido preventivamente. Esos son pilares del debido proceso y no pueden ser desconocidos para obtener aplausos de la sociedad, y as铆 ocurre en casos como el que aqu铆 tratamos.

En el desarrollo de este art铆culo espero que todos los abogados dedicados al litigio se sientan identificados con la postura presentada, y que al un铆sono divulguemos una premisa por todos conocida, seg煤n la cual jam谩s las maniobras dilatorias de la defensa o del acusado traen como consecuencia la libertad, por cuanto, conforme lo estable la propia norma procesal, el tiempo corrido en esas maniobras reputadas dilatorias ser谩n descontados frente a la solicitud de libertad, contrario a lo manifestado por los medios de comunicaci贸n en sus diferentes titulares.

En el contexto nacional el derecho al plazo razonable aparece reconocido bajo el r贸tulo del derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas en el art铆culo 29 de la Constituci贸n Pol铆tica. Recordemos que en nuestra legislaci贸n no se encontraba establecido el l铆mite temporal a la duraci贸n m谩xima de las medidas de aseguramiento, lo cual permit铆a que, en la pr谩ctica, estas medidas cautelares se convirtieran en una pena para el procesado, pues es indiscutible que una medida intemporal desnaturalizaba su car谩cter preventivo, dejando al reo en una incertidumbre sobre la naturaleza de su detenci贸n.

Es por lo anterior que surgi贸 el concepto de plazo razonable, que ha recogido nuestro c贸digo procesal penal en diferentes postulados sobre la libertad. En efecto, en 2015 surge la definici贸n de este t茅rmino en la ley 1760, pero solo en el 2016 con la ley 1786 es que es se materializa esa concreci贸n legislativa, por cuanto el legislador se ve de una u otra manera conminado por la Honorable Corte Constitucional y por Tribunales de orden internacional a dar reconocimiento y establecimiento de un plazo razonable especialmente en torno a la duraci贸n de la medida de aseguramiento preventiva en pro de las garant铆as judiciales de una persona procesada.

En la sentencia C- 390 de 2014 la Corte Constitucional reconoce que el uso excesivo de la medida de aseguramiento ha conllevado a su desvalorizaci贸n, perdi茅ndose ese car谩cter precautelar y, de contera, convirti茅ndose en penas para el procesado, quien se encontraba en un limbo jur铆dico en el cual no exist铆a definici贸n especial del t茅rmino de su detenci贸n.

Otra raz贸n que llev贸 al legislador a consagrar este t茅rmino fue la problem谩tica del hacinamiento carcelario, surgido del abuso de las medidas de aseguramiento por parte de la Fiscal铆a ante los Jueces de Garant铆as, que, duele decirlo, en muchos casos son apenas observadores de la desnaturalizaci贸n de la detenci贸n, convirtiendo lo excepcional en la regla.

Debemos llegar al punto de cuestionarnos 驴por qu茅 el legislador establece el t茅rmino de un a帽o de la medida de aseguramiento y un a帽o como pr贸rroga de la misma? Al interior de las gacetas judicial del Congreso se puede evidenciar que se realizaron sendos debates y se termin贸 realizando un estudio de la duraci贸n de los procesos penales y estableciendo que los procesos penales pod铆an tener una duraci贸n entre 220 d铆as y 310 d铆as, incluso existieron propuestas de algunos congresistas en inclinarse por establecer este t茅rmino en 3 a帽os, pero posteriormente se estableci贸 que 365 d铆as es decir un a帽o ser铆a el termino razonable para que todas las medidas de aseguramiento de car谩cter preventivo tuvieran esa vigencia y se definiera la situaci贸n jur铆dica de la persona procesada.

Entonces nos encontramos en dos escenarios, (i) un r茅gimen general, en el cual todas las medidas de aseguramiento tienen una vigencia de un a帽o y (ii) un r茅gimen excepcional en el cual 茅sta se podr谩 prorrogar en ciertos casos por un a帽o m谩s. Ese r茅gimen especial establece cuatro causales, que se encuentran establecidas en la ley 1786 de 2016:

1. Cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada;

2. o sean tres (3) o m谩s los acusados contra quienes estuviere vigente la detenci贸n preventiva;

3. o se trate de investigaci贸n o juicio de actos de corrupci贸n de los que trata la Ley 1474 de 2011;

4. o de cualquiera de las conductas previstas en el T铆tulo IV del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000 (C贸digo Penal).

Por lo tanto, tenemos que llegar a este cuestionamiento 驴Por qu茅 el legislador establece estas causales y los discrimina avalando la pr贸rroga de la medida en estos tipos penales espec铆ficos? La respuesta no puede ser otra: obedece a la pol铆tica criminal orientada en afirmar que estos delitos tienen un mayor impacto en nuestra sociedad, y por ello el legislador as铆 lo estableci贸. Cabe resaltar que estos planteamientos tambi茅n son producto de la jurisprudencia internacional, donde se definen estos criterios y se delimita a ciertas causales que nuestro legislador acopi贸, para que sean estos delitos en espec铆fico, y no todos, los sujetos de la norma por su propia naturaleza, por la afectaci贸n de bienes jur铆dicamente tutelados de gran relevancia para la sociedad y a su vez por que efectivamente se considera que se trata de procesos complejos lo cual har谩 m谩s dif铆cil llegar a resolver en definitiva la situaci贸n jur铆dica del procesado.

La solicitud de la prorroga de medida de aseguramiento se encuentra habilitada para ser realizada por el fiscal del caso y el representante de v铆ctimas. Este establecimiento del t茅rmino de la pr贸rroga puede entenderse como una nueva garant铆a de libertad para el procesado, por cuanto independiente de la etapa en la que se adelante el proceso, si no ha sido definida su situaci贸n jur铆dica deber谩 recobrar su libertad, pues, contrario a las causales de libertad enlistadas en el art铆culo 317 del C贸digo de Procedimiento Penal, estas si se encuentran ahiladas a una etapa procesal para su obtenci贸n.

El estudio que se debe hacer por parte del Juez de Control de Garant铆as frente a la solicitud elevada por el interesado parte de dos presupuestos b谩sicos: el primero hace referencia a los requisitos del art铆culo 308 del C贸digo de Procedimiento Penal, y el segundo se refiere al transcurso del tiempo a causa de las maniobras dilatorias del acusado o su defensor, t茅rmino que deber谩 ser descontado para su concesi贸n.

El an谩lisis sobre este art铆culo 1潞. de la Ley 1786 de 2016 debe recaer sobre esos dos presupuestos. La lectura que se hace frente al primer requisito, se refiere al art铆culo 308 del C.P.P, y aqu铆 hay que decir que si es excepcional la imposici贸n de una medida de aseguramiento pues debe ser mucho m谩s excepcional su pr贸rroga, dicho de manera distinta, los requisitos deben ser de tal magnitud que se lleve al Juez Constitucional al convencimiento total de que el procesado contin煤e hasta por otro a帽o privado de la libertad, momento en el que se deba realizar una actualizaci贸n de los fines constitucionales que se encuentra soportando la medida de aseguramiento.

Es necesario advertir que la pr贸rroga de la medida no opera de pleno derecho como algunos lo consideran, 驴qu茅 sentido tendr铆a que el legislador estableciera este t茅rmino y se realice una nueva solicitud? La respuesta est谩 en ese nuevo an谩lisis que debe realizar el Juez, el cual parte del principio de progresividad, como principio cardinal del proceso penal, pues en ese momento cuando se realiza la solicitud es la oportunidad de evidenciar y actualizar los fines constitucionales vigentes con los elementos materiales probatorios allegados, que permitan colegir la necesidad de realizar esta pr贸rroga.

Otra postura diferente a lo acotado anteriormente se帽ala que no es una nueva audiencia de medida de aseguramiento por cuanto, y as铆 lo manifiestan diferentes fiscales al interior de las audiencias, es casi imposible presentar una nueva declaraci贸n o elemento material probatorio que soporte los fines constitucionales que fundamentaron la medida; en ese sentido la medida pierde vigencia por cuanto ineludiblemente el Juez de Garant铆as llegar谩 a la conclusi贸n que no hay lugar a conceder la prorrogar.

El segundo aspecto que debe revisar con sigilo el Juez de Control de garant铆as es el t茅rmino transcurrido por causas de 鈥渕aniobras dilatorias鈥 del procesado o su defensa, y este es el aspecto m谩s pol茅mico y dificultoso, pues es innegable que la defensa ha sido satanizada con ese t茅rmino, y se ha entendido que cada actuaci贸n en el ejercicio leg铆timo de la defensa es una maniobra dilatoria.

El t茅rmino maniobra dilatoria tiene un sentido altamente peyorativo y conlleva una velada proscripci贸n del principio de la buena fe, porque no puede ser que si el Juez de Conocimiento concede y tramita un recurso, una nulidad, o cualquier actuaci贸n en ejercicio leg铆timo del derecho de defensa, porque se encontraba ajustado a derecho; pueda ser deslegitimado por el Juez Constitucional de Garant铆as, que en audiencia de solicitud de pr贸rroga de medida de aseguramiento se帽ale que la interposici贸n del recurso o de la nulidad corresponde a una maniobra dilatoria, sin conocer a fondo la motivaci贸n del recurso o de la solicitud deprecada.

Hay que resaltar que el Juez de Conocimiento esta investido de los poderes correccionales enlistados en el art铆culo 143 del C贸digo de Procedimiento Penal, lo que faculta a la judicatura a tomar serias medidas en contra del litigante que interponga un recurso o eleve peticiones de nulidad sin fundamento. Adicional a lo anterior debe tenerse en cuenta que siempre existe la posibilidad de rechazar de plano una petici贸n de las ya se帽aladas, lo cual conlleva una lectura contraria y es que si se concede la impugnaci贸n significa que est谩 ajustada a derecho, sin perjuicio de que el superior acceda o no a la solicitud de la parte, es decir, no podr铆a una autoridad sin conocimiento en la causa determinar si un recurso concedido legalmente a la defensa corresponde a una maniobra dilatoria.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos fij贸 su posici贸n en cuanto a no calificar como una maniobra dilatoria que el imputado haga uso de los recursos que el mismo ordenamiento jur铆dico le ofrece, todo en desarrollo del ejercicio leg铆timo de la defensa, lo cual nos permite concluir que ese t茅rmino 鈥渕aniobras dilatorias鈥, cuando se trata de la interposici贸n de un recurso o nulidad, no es m谩s que un comod铆n para negar el acceso a muchas libertades objetiva y subjetivamente plausibles.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la Ley 1786 de 2016 estableci贸 un t茅rmino previo para elevar la solicitud de la pr贸rroga de medida de aseguramiento, y lo fij贸 en dos meses anteriores a la vigencia del acto 驴por qu茅 se estableci贸 estos dos meses anteriores al vencimiento de la medida? La raz贸n es muy sencilla, las personas tienen una expectativa en cuanto a su derecho de la libertad y ese t茅rmino que el legislador estableci贸 se lleva a cabo con el fin de brindar seguridad jur铆dica, en el entendido de permitir a la persona establecer si continuar谩 al interior de un establecimiento carcelario en donde no se ha definido su situaci贸n jur铆dica o si recobrar谩 su derecho fundamental a la libertad.

Es evidentemente que la consecuencia de la no solicitud de la pr贸rroga de la medida ser谩 que la persona sea puesta en libertad y en este aspecto surgen ciertos debates en cuanto a s铆 debe ser dejada en libertad o si es el defensor quien debe realizar una audiencia de sustituci贸n de la medida de aseguramiento, para que la medida de aseguramiento se sustituya por una medida no privativa de la libertad. La posici贸n que personalmente acojo es que la persona debe ser dejada en libertad si no se dio lugar a la solicitud o se despach贸 desfavorablemente de acuerdo al principio pro homine y afirmaci贸n de la libertad como presupuestos b谩sicos de nuestra sistema penal y recogidos en sendos postulados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se pueden establecer varias conclusiones despu茅s de este vistazo por la pr贸rroga de medida de aseguramiento, la mora judicial no es un problema de hoy, ha sido un problema de tiempo atr谩s construido por diferentes factores, entre ellos los recursos econ贸micos destinados a la administraci贸n de justicia que se traduce en un menor n煤mero de jueces, de fiscales y de defensores. Se ha establecido que el t茅rmino de la medida de aseguramiento es un plazo m谩ximo y no m铆nimo como se ha pretendido entender para extender la detenci贸n preventiva.

Los t茅rminos deben estar establecidos al interior de la ley, regulados 煤nicamente por el legislador, y no dejar al arbitrio de los funcionarios como anteriormente funcionaba en el sistema de Ley 600. No podemos seguir permitiendo que la lectura que ha hecho carrera sobre solicitudes de pr贸rroga de medida de aseguramiento ante los Jueces de Control de Garant铆as, sea una lectura tenue y fr铆a al realizar este estudio de los requisitos de la pr贸rroga, as铆 como tampoco admitir que se repitan los argumentos que fueron expresados para la solicitud inicial y no una actualizaci贸n de los mismos; all铆 es donde debemos apuntar los defensores a realizar esa exigencia a la fiscal铆a en su argumentaci贸n y que deber谩 soportar con elementos materiales probatorios.

Para finalizar quiero dejar por sentado que esta cl谩usula legal de temporalidad se convierte en la 煤ltima salvaci贸n del incriminado ante la insuficiencia de las cl谩usulas temporales espec铆ficas, aquellas mencionadas en el art铆culo 314 del C贸digo de Procedimiento Penal. Nuestra principal tarea como defensores es cerrar el boquete del t茅rmino 鈥渕aniobras dilatorias鈥 para que como actores del proceso penal no vivamos en la disyuntiva de realizar proactivamente nuestra defensa o por el contrario ser pasivos en la actuaci贸n al interior del proceso para que nuestro ejercicio profesional no sea calificado de esa manera tan peyorativa por nuestros detractores.

#YoEscriboYoLeoDerecho

* Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, cursa actualmente segundo a帽o de la maestr铆a en Derecho Procesal Penal de la Universidad Sergio Arboleda.

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01 05, 20

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